Mario Marcel sufre la peor derrota de su gestión tras el rechazo de la Reforma Tributaria en la Cámara de Diputados
Eduardo Olivares C.
Se cierra su discusión durante un año, salvo que el Ejecutivo intente enviar la iniciativa al Senado, donde tendría que conseguir un improbable apoyo de dos tercios para que sea revisada de nuevo por la Cámara. El proyecto impositivo tiene como objetivo financiar el programa presidencial de Gabriel Boric. En particular, el Ejecutivo vinculó el éxito de los cambios tributarios para que la PGU suba a $250 mil.
Principal. La Cámara de Diputados rechazó la propuesta de Reforma Tributaria del Gobierno de Gabriel Boric. Con eso se cierra su discusión durante un año, salvo que el Ejecutivo intente enviar la iniciativa al Senado, donde tendría que conseguir un improbable apoyo de dos tercios para que sea revisada de nuevo por la Cámara.
Dado que la mitad del Senado es de derecha, que se opone a la reforma, un paso intermedio por ahí resulta arriesgado.
La Reforma Tributaria no era considerada solo uno de los proyectos más importantes de la administración de Gabriel Boric, sino que “la” más relevante debido a que su objetivo era el financiamiento del programa de gobierno.
“En la reforma tributaria tengamos claro que no es algo inmediato, pero si no la hacemos, si no la impulsamos ahora en el corto plazo, por supuesto que después, en los años 2024-2025, no van a haber los recursos para las reformas estructurales que hay que hacer”, dijo en junio de 2022 el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Por lo tanto, la votación en la Sala de la Cámara de Diputados significó la peor derrota política que ha sufrido el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en toda su gestión. Por extensión, es la más grave del Gobierno después de la derrota en el Plebiscito Constitucional de septiembre.
En las últimas semanas hubo una intensa negociación del Gobierno con el oficialismo y sobre todo con los parlamentarios “bisagra”, en particular de la DC, ex-PDG e independientes. Ya estaba notificado de que en la derecha tanto Chile Vamos como Republicanos votarían en contra el proyecto en Sala.
Derrota. Hasta ahora, Marcel había avanzado en su agenda legislativa, incluyendo modificaciones al salario mínimo y el Presupuesto 2023, además del éxito de las cuentas fiscales.
El momento más complejo de Marcel había ocurrido en abril de 2022, cuando se votó el “quinto retiro” de Pamela Jiles y otros legisladores. El Gobierno arremetió con una iniciativa paralela. Al final, ambos proyectos fueron rechazados y su tramitación se postergó en al menos un año, todo lo cual significó un triunfo para el objetivo de Marcel de fortalecer el lesionado mercado de capitales.
La derrota del quinto retiro permitió a Marcel asegurarles a inversionistas en Washington, Nueva York y Londres que en Chile no habría otros retiros. “Algo que durante el gobierno el Presidente Piñera parecía incontenible, en el Gobierno del Presidente Boric efectivamente logró frenarse”, comentó a Ex-Ante en febrero al recordar esa victoria legislativa.
En un resumen elaborado por Hacienda, se recuerda una serie de hitos que hasta ahora había atravesado el debate de esta reforma: de las 334 votaciones que hubo antes de pasar por Sala, 327 fueron aprobadas por mayoría, y en 181 ocasiones hubo votos a favor de la oposición.
En septiembre hubo una serie de indicaciones gatilladas a partir del debate parlamentario y de críticas de tributaristas y empresarios. Por ejemplo, se amplió la gradualidad de la entrada en vigencia de las normas relacionadas con las pymes, se acogieron propuestas sobre pérdidas tributarias de arrastre, modificaciones de impuestos a las personas y también del DFL2 (por ejemplo, se mantiene la exención DFL2 para mayores de 65 años). También hubo cambios en derechos de los contribuyentes, y en medidas antievasión y antielusión, entre otras.
El proyecto de ley “Hacia un nuevo pacto fiscal” busca aumentar la recaudación fiscal en 2,6% al 2026. Para ello modifica el Impuesto a la Renta (para recaudar 0,8% del PIB en 2026), crea un impuesto a los altos patrimonios (0,4%), reduce exenciones (0,2%) y plantea medidas antievasión y antielusión (1,6%). También introduce incentivos tributarios a I+D que baja en 0,3% del PIB la recaudación.
El Gobierno vinculó subir la PGU a $250 mil a que se apruebe la Reforma Tributaria.
Proyección. Tras el cambio de Gabinete post triunfo del Rechazo, en septiembre de 2022, el eje de poder inició su traslado desde Apruebo Dignidad al Socialismo Democrático con la llegada de las ministra Carolina Tohá (Interior) y Ana Lya Uriarte (Segpres). Ese reforzamiento le permitió a Mario Marcel robustecer su ascendencia como el ministro más poderoso del Gabinete.
El contexto de debilidad económica y las tensiones de las coaliciones oficialistas obligó a Marcel a tener un rol defensivo el año pasado. Pero las cuentas fiscales superavitarias y mejores cifras macroeconómicas que las previstas blindaron al economista tanto desde el punto de vista político como también entre sus pares en el mercado.
Con el inminente cambio de Gabinete, en que se consolidaría el poder de Socialismo Democrático en algunos ministerios pero sobre todo a nivel operativo en subsecretarías y seremías, ahora Marcel se posiciona en un papel ofensivo. Eso significa que busca aplacar las críticas del empresariado sobre las reformas tributaria y previsional sobre los efectos de las dos iniciativas, pero en particular porque en los dos casos se harían indicaciones para atacar los flancos más sensibles.
Sin embargo, la derrota en la Cámara de la Reforma Tributaria asesta un duro golpe en la línea de flotación del programa de Gobierno.
En la Reforma Tributaria estaban avanzadas las conversaciones para eliminar la propuesta de un impuesto a los altos patrimonios (a los "súper ricos"). La CPC propuso aumentar el impuesto corporativo, que sería un "mal menor" dado que el tributo a la riqueza es visto como perjudicial al ahorro.
En el caso del proyecto previsional, Chile Vamos trabaja en una iniciativa "paralela" que genera resquemor en el Gobierno porque implicaría frenar la discusión. De todos modos, existe un cierto consenso en el oficialismo de que el Gobierno deberá renunciar a la idea de las cuentas nocionales adonde se destinaría el 6% extra de cotización, así como a la propuesta de crear un ente estatal de administración de cuentas (APA) sucesor del IPS.
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