Comenzó un nuevo año y continúa la tramitación de una ambiciosa reforma tributaria, proyecto que está en el corazón del Programa de Gobierno, pues proveerá de los recursos para avanzar en los derechos sociales prometidos. Si bien se proyectaba su aprobación para marzo, en el Congreso ya estiman que no se despachará antes del segundo semestre. Es un cuerpo legal complejo desde lo técnico y lo político, por lo que vale la pena detenerse a revisar lo avanzado y los aspectos donde cabe esperar un debate más álgido.
Actualmente, el proyecto se encuentra todavía en primer trámite legislativo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados y ha tenido un lento avance desde su ingreso el 7 de julio.
Desde entonces, el Ejecutivo ha presentado indicaciones en tres ocasiones. Entre ellas destacan, por su impacto en la recaudación, el rediseño del tributo al diferimiento de impuestos personales y la incorporación de la cláusula que establece una carga tributaria máxima de 50% sobre la rentabilidad del capital, para acotar el efecto del impuesto a la riqueza. Estas indicaciones disminuirían la recaudación proyectada de la reforma desde un 4,1% a un 3,6% del PIB, la que sigue siendo alta si se compara con la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, que proyectaba un 3%, pero cuya recaudación efectiva fue de sólo un 1,5% del PIB.
A la fecha, la Comisión de Hacienda ha aprobado las iniciativas relacionadas con las medidas anti-evasión y elusión, que representan cerca de un 40% de la recaudación total, así como aquellas referidas al nuevo sistema de tributación general para empresas y personas.
Entre estas últimas sobresalen la desintegración del sistema para grandes empresas (eliminando el crédito por el impuesto corporativo), la disminución del umbral de ventas para acceder al régimen de renta presunta (con un nuevo tope de 2.400 UF), el incremento a 22% del tributo a las ganancias de capital en operaciones bursátiles (desde el 10% actual), la limitación al uso de pérdidas al 50% de la renta líquida imponible (en forma gradual hasta 2027) y la creación de la tasa de desarrollo de 2% (que reduce el impuesto corporativo de 27% a 25% siempre que se acrediten gastos por esa diferencia que califiquen como inversión en productividad).
Hasta aquí lo avanzando. ¿Qué queda por delante? Sin duda, aspectos importantes que probablemente se seguirán discutiendo en el Senado. Entre estos nudos, cabe destacar:
Por último, no hay que desconocer que el contexto económico y legislativo que enfrentará el país los próximos años requerirá pensar bien el proceso de transición al nuevo sistema tributario. El último Informe de Política Monetaria (IPoM) proyecta una disminución del PIB entre un 0,75% y un 1,75% para el 2023, a lo que se añade una relevante alza en los precios y un deterioro del mercado laboral. A esto se suma la tramitación de la reforma de pensiones y el proyecto de 40 horas que, una vez aprobados, tendrán impactos económicos relevantes.
Este escenario debe obligar a analizar los plazos para modificar las reglas tributarias, dando un periodo razonable de adecuación a los más afectados, con el mayor consenso político posible. No hacerlo podría generar efectos económicos y sociales adversos muy alejados del resultado que busca el Gobierno, así como abrir la puerta a posteriores modificaciones que afecten la estabilidad tributaria. Basta ver las fuertes presiones, incluso desde parlamentarios, para retrasar la entrada en vigencia de la ley que elimina la exención de IVA a los servicios que fue aprobada a principios de 2022. Este es un botón de muestra del poco margen de error que tienen nuestros parlamentarios especialmente con la envergadura de esta reforma.
Chile necesita avanzar en una decidida agenda de probidad que fomente la transparencia, la integridad y la responsabilidad, fortaleciendo así nuestra democracia y promoviendo la inversión. El desafío de enfrentar esta situación se hace cuesta arriba con los casos que han estallado en los últimos meses, y con la creciente fuerza que ha tomado el […]
Claramente mientras el país no crezca es difícil que pueda generar más puestos de trabajo. Por eso, el Imacec de octubre que se publica el viernes será una buena lectura de la situación que enfrenta el país. El mercado espera un indicador de actividad plano y con un ligero avance.
Forzando un poco el sentido de la frase, tal vez se necesitan unos cuantos más. Quizás una masa crítica que quiera ordenarse de una manera nueva, muy distinta a lo que se viene haciendo en las últimas décadas en el país vecino.
Los estudios preliminares aseguraban que por cada punto de crecimiento, Chile recaudaba del orden de los US$ 800 millones. Finalmente el Comité de Expertos del Pacto Fiscal calcula que cada punto de crecimiento genera una recaudación fiscal de US$570 millones.
Las presiones al alza en las tasas largas, además, se han visto impulsadas por una fuerte caída en la demanda por papeles norteamericanos por parte de China, que alcanzó su menor valor en 14 años, exhibiendo una caída de 40% en la última década.