El mercado laboral chileno está mostrando una señal que va más allá del ciclo. El desempleo superó el 9%, pero el problema de fondo es que la economía está absorbiendo una parte creciente de los trabajadores fuera de la formalidad. Y cuando el empleo se desplaza hacia la informalidad, no solo se deteriora la calidad del trabajo, también se estrecha la base que sostiene el sistema previsional y parte relevante del gasto social futuro.
En el trimestre febrero-abril de 2026, la tasa de ocupación informal llegó a 26.8%, equivalente a más de 2.5 millones de ocupados informales. Más importante aún: mientras los ocupados formales caen 0.6% anual, los informales crecen 4.5%. Es decir, parte de la absorción laboral está ocurriendo fuera del sistema formal.
Esta composición importa, ya que una economía puede mostrar cierto dinamismo en ocupación, pero si ese empleo se concentra crecientemente en la informalidad, la señal es menos favorable. No se trata solo de un problema social o laboral. Es también una señal de menor productividad, menor capacidad de cotización, menor trazabilidad económica y menor base para financiar compromisos futuros.
Además, la informalidad no está concentrada únicamente en actividades marginales. Comercio explica más de un quinto de los ocupados informales, con construcción, agricultura, manufactura, transporte y servicios también teniendo una participación relevante. En varios de estos sectores, la informalidad supera el 30% e incluso el 40%. Esto muestra que el problema atraviesa áreas centrales de la economía cotidiana.
El costo de la informalidad suele discutirse desde la precariedad laboral y con justa razón, ya que quien trabaja informalmente queda más expuesto, con menor protección ante enfermedad, desempleo o vejez. Pero hay otra dimensión igual de importante: cada empleo informal es también una parte de la economía que no contribuye regularmente al sistema de seguridad social.
Un cálculo simple permite dimensionarlo. Si se consideran cerca de 2.5 millones de ocupados informales y se aplica una cotización previsional de referencia de 16% -10% de cotización obligatoria del trabajador más el 6% adicional del empleador contemplado en la reforma previsional-, el orden de magnitud es significativo. Usando la mediana de los ingresos laborales como un ingreso mensual de referencia cercano a $610 mil, las cotizaciones previsionales no generadas se ubican en torno a $3 billones anuales, equivalentes aproximadamente un 1% del PIB.
Entonces, la informalidad no solo reduce ingresos presentes del sistema previsional, también genera lagunas, baja densidad de cotizaciones y menores pensiones autofinanciadas en el futuro. Es decir, lo que hoy aparece como un problema de empleo se transforma gradualmente en un problema de sostenibilidad fiscal.
La informalidad no desaparece cuando el trabajador llega a la vejez, sino que se acumula. Años de empleo fuera del sistema significan menores o nulos ahorros previsionales y por lo tanto, una alta probabilidad de depender de apoyos financiados con recursos del Estado, como la PGU.
La magnitud fiscal tampoco es menor. Con una PGU del orden de $230 mil mensuales, cada 100 mil personas adicionales que lleguen a la vejez con baja densidad de cotizaciones pueden implicar cerca de $280 mil millones anuales de gasto público. Si los actuales 2.5 millones de ocupados informales mantuvieran trayectorias laborales persistentemente informales y terminaran dependiendo íntegramente de la PGU, el costo anual asociado superaría los $7 billones al año, más de 2 puntos de PIB. Se trata de un escenario extremo y no implica que ese monto sea gasto adicional neto, pero sirve para ilustrar la magnitud potencial del desafío que representa una informalidad elevada y persistente.
Este problema se vuelve más exigente en un país que envejece rápido y donde la natalidad viene cayendo. La sostenibilidad de cualquier sistema de protección social depende, en último término, de una base suficientemente amplia de trabajadores formales, productivos y cotizantes. Si esa base se estanca o se debilita, mientras aumenta la población mayor, la carga futura sobre el Estado se vuelve más pesada.
Por eso, la formalización no puede abordarse solo como un problema de fiscalización. Requiere una estrategia de cumplimiento eficaz: reglas simples, menores costos de entrada, mejor uso de datos, incentivos correctos y capacidad efectiva para distinguir entre informalidad de subsistencia, evasión deliberada y actividades con potencial de escalar. La formalidad debe volver a ser entendida como económicamente conveniente, no solo legalmente exigible.
La informalidad laboral no es solo un síntoma de debilidad del mercado laboral, es también una pérdida de base institucional. Reduce cotizaciones hoy, debilita pensiones mañana y aumenta presión fiscal hacia adelante. En un contexto de estrechez fiscal, envejecimiento y bajo crecimiento, Chile no solo necesita crear más empleos, necesita volver a crear empleos que entren al sistema y amplíen la base que financia sus compromisos futuros.
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