El debate sobre el financiamiento público de la investigación ocurre en un contexto más amplio de ajuste fiscal. En abril, Hacienda recortó e $32.721 millones al Ministerio de Desarrollo Social y Familia; incluyendo más de $12.700 millones al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. En ese escenario, la pregunta por el valor de la investigación no es abstracta: problemas como pobreza, consumo problemático o situación de calle pueden parecer solo un costo, pero intervenciones oportunas y focalizadas pueden evitar gastos mucho mayores para el Estado en el mediano y largo plazo.
La intuición no basta para identificar dónde están esos ahorros potenciales. Se requiere evidencia para saber a quiénes no estamos llegando, qué trayectorias de riesgo se repiten, qué programas previenen daños, cuáles reducen costos de crisis y cuáles necesitan ser rediseñados. Sin esa información, el Estado corre el riesgo de recortar precisamente donde más caro puede resultar llegar tarde.
Los hallazgos del estudio sobre salud de adolescentes y jóvenes en situación de calle en América Latina -de Moviliza con fondos de investigación canadienses- muestran que la vida en calle es el resultado de trayectorias acumuladas de exclusión: pobreza, violencia familiar, desvinculación escolar, precariedad habitacional y salud mental no tratada. Muchos de ellos tuvieron contacto previo con el Estado a través de la escuela, salud, protección especializada, residencias o justicia juvenil. El problema es que hubo una trayectoria sostenida de cuidado.
La investigación social debe producir diagnósticos, pero también evidencia sobre costos y costo-efectividad. No se trata solo de saber cuánto cuesta implementar un programa, sino cuánto cuesta no intervenir. Las personas en situación de calle, especialmente aquellas con trayectorias crónicas, problemas de salud mental, consumo problemático o alta fragilidad sanitaria, ya generan gasto público a través de hospitales, cárceles, refugios y programas de emergencia. Sin investigación, ese gasto queda disperso e invisible.
La evidencia internacional muestra que modelo de vivienda con apoyo como “Housing First” pueden reducir el uso de servicios de crisis y mejorar la estabilidad habitacional. En Nueva York, personas sin hogar con enfermedad mental severa usaban cerca de US$40 mil anuales en servicios públicos antes de acceder a estos programas.
En Seattle, por ejemplo, los costos asociados a salud y judicial se redujeron en 53% en personas crónicamente sin hogar con alcoholismo severo. Una revisión de experiencias en Estados Unidos, además, estimó que estos programas pueden generar beneficios sociales superiores a sus costos, con una razón beneficio-costo de 1,8 a 1.
El caso chileno apunta en la misma dirección. Un estudio encargado por el Ministerio de Economía estimó que una intervención tipo Vivienda Primero podría generar ahorros anuales superiores a $14 millones por usuario intensivo, considerando reducciones en hospitalizaciones, atenciones de urgencia y uso de recintos penitenciarios. La lección para la política pública es que los mayores retornos suelen aparecer cuando se focaliza en quienes más usan servicios de crisis.
Esto tiene consecuencias concretas. Si se reducen recursos en protección especializada sin evidencia clara sobre qué componentes previenen egresos fallidos, se corre el riesgo de debilitar los puntos donde el Estado podría detectar trayectorias de calle antes de que se consoliden. Del mismo modo, si programas como Vivienda Primero, Red Calle Niños o dispositivos de salud mental comunitaria no son evaluados en términos de resultados y costos evitados, será difícil defender su continuidad, rediseñarlos o escalarlos cuando demuestren impacto.
Más que cuánto cuesta investigar, la pregunta debiera ser cuánto cuesta decidir sin evidencia. Un Estado que no sabe qué intervenciones ahorran costos futuros ni qué poblaciones están quedando fuera termina recortando a ciegas. Y en política social, recortar a ciegas suele ser caro: para las personas, para los servicios públicos y para el propio presupuesto fiscal.
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Sillas escasas, decisiones clave. Por Pepe Barroilhet.https://t.co/KOqkIB3GGK
— Ex-Ante (@exantecl) May 24, 2026
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