Sellar acuerdos: la tarea que viene para los expertos

El Consejo Constitucional entregará hoy un informe a la Comisión Experta sobre los cambios que introdujeron a la propuesta original emanada por los comisionados. Durante la semana, que estuvo marcada por las últimas votaciones de las enmiendas en el pleno, se realizaron distintos encuentros políticos para analizar las modificaciones que se buscan incorporar al texto en esta nueva fase del calendario constitucional.

Las claves constitucionales de la semana

Consejo Constitucional entrega propuesta. El miércoles, el Consejo despachó el texto a la Comisión Experta. Beatriz Hevia, presidenta de la instancia, señaló que se le habían introducido mejoras al anteproyecto desde la óptica ciudadana y pidió que fueran consideradas. Como era esperable, los bloques políticos discreparon en su apreciación de las votaciones y del resultado final.

Tratativas para reafirmar el proceso. Durante esta semana, el mundo político continuó haciendo esfuerzos para sacar adelante el trabajo constitucional, donde tanto los expertos como los consejeros han sostenido reuniones de cara a las modificaciones que se pretenden introducir al texto en trámite.

• El lunes, se congregaron representantes del Partido Republicano, Chile Vamos, Demócratas y Amarillos. En esta instancia, convocada por la senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas, se informó sobre la creación un grupo de trabajo, integrado por expertos de los partidos, con la misión de acercar las posiciones para cuando la Comisión reciba la propuesta de nueva Constitución. Rincón también indicó que tiene la intención de extender esta mesa con el oficialismo, por lo que esperaba reunirse con el presidente del Partido Comunista. El nuevo grupo de trabajo se reunió el jueves, donde acordaron reponer en el artículo 1 el Estado social y democrático de derecho, que fue reubicado al segundo lugar por los consejeros.
• El martes, los comisionados y asesores del oficialismo revisaron todas las normas del proyecto y trabajaron su estrategia para el debate. El plan se basa en tres niveles: el primero busca que los partidos lleguen a un acuerdo transversal para que las indicaciones de los expertos prosperen y no se rechacen cuando vuelvan al pleno del Consejo. El segundo apunta a que la negociación sea integral, pues señalan que se trata de un conjunto de normas que se relacionan y deben abordarse como un sistema, no como una lista acotada de temas específicos. Con todo, esta idea se ha morigerado y consideran que, resolviendo la regulación del Estado Social, el resto de las materias disputadas podrían tratarse puntualmente. Lo anterior, porque el sector se abrió a negociar, abandonando la idea de no transar sobre el anteproyecto de la Comisión Experta. El jueves comenzaron a trabajar en la redacción de los cambios que quieren proponer como sector progresista, incluyendo a las 2 consejeras DC.
• Por su parte, los expertos de oposición se reunieron el miércoles, y algunos también con Demócratas y Amarillos. Optaron por esperar a que el oficialismo comunique los temas que están dispuestos a modificar. La tensión en este sector está en cuántas materias sustanciales se modificarán.

Los conflictos políticos. Como ya es sabido, los nudos principales durante todo el proceso han estado en torno a las normas sobre la libertad para elegir la aseguradora en salud y la administradora de las cotizaciones previsionales, y la propiedad e inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. Se trata de materias respecto a las cuales la ciudadanía tiene una posición definida, por lo que la pugna ideológica debería ceder en su favor.

Lo que viene. Este sábado 7, el Consejo Constitucional le entregará un informe a la Comisión Experta con los cambios que se introdujeron al anteproyecto. Los comisionados tendrán 5 días para formular observaciones, que pueden consistir en agregar, modificar o suprimir artículos o partes de ellos. Éstas deberán presentarse por no menos de 5 ni más de 10 comisionados.

• Luego corresponde que dichas observaciones se voten en un pleno, para su aprobación necesitarán de sus 3/5, es decir, 14 expertos.
• Posteriormente, se remitirá el informe de las enmiendas al Consejo Constitucional, el que tendrá 24 horas para enviarlo a los consejeros, y citar a una sesión no antes de 36 horas para su discusión. En esta instancia, el quórum exigido para la votación de las enmiendas es de 3/5 para su aprobación y 2/3 para su rechazo. Lo que quede fuera se derivará a una comisión mixta integrada por 6 expertos y 6 consejeros.

Últimas normas aprobadas en el pleno

Defensoría de las Víctimas. Este órgano se regula en el capítulo “Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas”. Es una materia que por primera vez se contempla en una propuesta de Constitución. Se aprobó por 49 votos a favor, y la norma fue propuesta por las bancadas de Chile Vamos y Republicanos. 

• El servicio dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y su objeto es garantizar el acceso a la justicia y promover el arbitraje, la mediación y otros medios alternativos para la resolución de conflictos. Entre sus atribuciones están asesorar, entregar representación jurídica y apoyo integral, psicológico y social a las víctimas de delitos.
• Al respecto, el consejero Miguel Rojas (Republicano) señaló que se votaba por cada víctima de un delito que ha quedado al desamparo de la justicia, la que muchas veces protege más al delincuente, que al afectado por el delito.
• La consejera la consejera Paloma Zúñiga (RD) aseguró que le preocupaba que se establecieran una jerarquización del derecho a la defensa, ya que se consagra una representación preferente para los delitos de narcotráfico, terrorismo, trata de personas y corrupción.

Fiscalía Supraterritorial. Se apoyó, por 48 votos a favor y 2 en contra del PC, la creación de una Fiscalía Supraterritorial. Se encargará de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en los delitos de crimen organizado y aquellos de alta complejidad en todo el territorio nacional, actuando de manera coordinada con las Fiscalías Regionales. Estará a cargo de un fiscal supraterritorial.

• Al respecto, el consejero José González (Indep.-PS) señaló que es una respuesta rotunda ante los desafíos del crimen organizado que atenta contra nuestra convivencia. Por su parte, la consejera Karen Araya (PC) indicó que se podría generar una intervención de los gobiernos de turno en la labor de los fiscales.
• También se aprobó la creación de una Fiscalía de Asuntos Internos para investigar las faltas disciplinarias y los delitos cometidos por fiscales y funcionarios del Ministerio Público. Además, un Consejo Consultivo del Ministerio Público, presidido por el Fiscal Nacional.

Medio ambiente y reposición de norma sobre cambio climático. Se reincorporó el capítulo destinado a la protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo, tal como lo propuso la Comisión Experta, que recoge una de las bases institucionales de este proceso. Por unanimidad se aprobó que “es deber del Estado y las personas proteger el medio ambiente y promover la sustentabilidad”.

• Esta protección comprende la conservación del patrimonio ambiental y preservación de la naturaleza y su biodiversidad, así como la promoción de una matriz energética compatible con la protección del medio ambiente.
• Se repuso el artículo que establece que el Estado implementará medidas de mitigación y adaptación, de manera oportuna, racional y justa, ante los efectos del cambio climático, por 33 votos a favor y 17 abstenciones. La mayoría visó las normas sobre la institucionalidad ambiental, que indica que los procedimientos de evaluación ambiental serán de carácter técnico y participativo. Por 34 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones, se aprobó que el Estado promoverá la educación ambiental.
• Desde el oficialismo criticaron la exclusión de la justicia ambiental porque estiman que no permitiría la concreción de la protección o la superación de las afectaciones de las comunas más pobres. Desde la oposición, destacaron la institucionalidad robusta del país, con hitos como la Ley General de Bases del Medio Ambiente, la creación del ministerio del ramo y los tribunales ambientales, y ahora un capítulo específico en el texto constitucional.

Reemplazo constitucional. La última sesión del Consejo cerró de manera conflictiva luego de la aprobación del procedimiento de reemplazo constitucional propuesto en el anteproyecto de la Comisión Experta. En la comisión de Sistema Político se suprimió con votos de parte de la izquierda -Jessica Bengoa (CS), Christian Suárez (PS) y el consejero con escaño indígena Alihuén Antileo- y de republicanos, pero estos últimos cambiaron de parecer en el pleno con lo que la norma fue repuesta. Lo anterior por los 33 votos de la oposición, 12 votos en contra y 4 abstenciones de los consejeros oficialistas Aldo Valle (Ind.-PS), Alejandro Köhler (Ind.-PS), Kinturay Melín y Julio Ñanco, ambos de RD.

• En la Comisión Experta esta norma fue defendida por el oficialismo, especialmente por el comisionado Francisco Soto (Ind.-PPD) y la derecha se opuso. A pesar de que fue parte del consenso que dio origen al anteproyecto, los consejeros de izquierda lo criticaron.
• La norma establece que el reemplazo de la Constitución solo podrá iniciarse a propuesta del Presidente de la República, con acuerdo de 2/3 de ambas cámaras del Congreso, y deberá incluir las bases institucionales y la forma de elección de una comisión técnica que elabore un anteproyecto. Éste se tramitará como un proyecto de ley, y sus normas deberán ser aprobadas por 2/3 de cada cámara. Si se aprueba, se esperará a la próxima legislatura que deberá a ratificarlo por el mismo quórum. Luego, el Presidente de la República convocará a un plebiscito nacional.

Tribunal Constitucional. Se aprobó la mantención del nombre actual que la Comisión Experta había propuesto cambiar por Corte Constitucional. Además, se visó que tenga once integrantes, y que el Presidente de la República, del Senado y de la Corte Suprema cuenten con 30 días para presentar a sus candidatos.

• Podrá ejercer el control preventivo sustantivo durante la tramitación de proyectos de ley y de los tratados internacionales.
• Además, se le otorga la atribución de declarar la inconstitucionalidad de los partidos políticos, de los movimientos u otras formas de organización, cuyas conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático, como aquellos que hagan uso, propaguen, inciten o se adjudiquen la realización de actos terroristas.

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