Por una discusión de pensiones con fundamentos. Por Karol Fernández

Coincido: no podemos relegar la mejora en las pensiones sólo a través de la PGU, por lo que creo que hoy los esfuerzos debiesen centrarse en fortalecer al pilar contributivo y voluntario, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera de nuestro sistema previsional en el largo plazo.

CIPER publicó recientemente una columna de la destacada economista Paula Benavides. En la que llama a que “la discusión sobre pensiones y el funcionamiento de su administración amerita abordarse con rigor técnico”, precisamente por ello es que, considero necesario aclarar dos de los puntos que ella plantea.

Primero. Ella cuestiona que la también economista y actual presidente de la AAFP, Paulina Yazigi, señale que la comisión de administración de los fondos de pensiones expresada como porcentaje del saldo administrado sea de 0,5%.

• Según Benavides este costo asciende a 0,6% por la comisión cobrada por las AFP más 0,3% correspondiente a las comisiones por administración delegada (intermediación).
• Veo una confusión entre dos conceptos: mientras Yazigi hace referencia a la “management fee”, es decir, lo que el administrador cobra por el servicio de administrar los fondos, Benavides se refiere al “total expenditure ratio- TER”, que incorpora todo costo que un fondo deba asumir, incluyendo la management fee, comisiones de administración delegada, comisiones por desempeño, gastos operacionales y legales, etc.
• El TER de los fondos de pensiones chilenos sólo incluye la management fee y las comisiones de intermediación, pero en los fondos públicos de pensiones, como el Canada Pension Plan (CPP) también se incluyen perfomance fees, gastos legales y tributarios, entre otros.

Respecto al costo de la administración delegada es sumamente importante aclarar que este está topado por la Superintendencia de Pensiones y está en línea con el costo de otros fondos de pensiones a nivel global (ver acá).

Por otra parte, también es importante aclarar que la diferencia de 0,1 puntos porcentuales (0,5% vs 0,6%) en la management fee que señala Benavides es causada por el saldo acumulado entre una y otra medición: mientras Yazigi utilizó el dato de 2020 (previo a los retiros), Benavides muestra el dato de 2022, luego de que se retiraran casi US$50.000 millones desde los fondos de pensiones. Obviamente, mirar el dato tras los retiros distorsiona el análisis y por eso parece sensato utilizar la tendencia histórica del indicador (que ronda en torno a 0,49%).

Más allá del costo de los fondos previsionales, para el afiliado la variable clave para mejorar sus pensiones es la rentabilidad neta, para lo cual no sólo se necesita reducir costos, sino también subir rentabilidades. Para ello se necesitan ajustes regulatorios que alineen las políticas de inversión de los fondos de pensiones con las mejores prácticas internacionales, abandonando la lógica de límites basados en clases de activos y avanzar hacia límites por riesgo de cartera; transitar hacia fondos de ciclo de vida y fortalecer la competencia en la industria.

Segundo. Señala Benavides que “negar los desafíos y reducir la discusión a aumentar la cotización y la edad de retiro, reducir la informalidad y aumentar el gasto fiscal en PGU, no es un camino adecuado para transitar a un sistema resiliente”.

• Ciertamente, confío en que nadie que participe de esta discusión pretenda negar los desafíos que enfrenta nuestro sistema previsional, por lo que evidentemente tampoco puede negarse que el sistema previsional es un reflejo del mercado laboral.
• La informalidad laboral no sólo deja a los trabajadores fuera de toda protección social durante su etapa activa, sino que también los condena a no autofinanciar pensiones suficientes.
• Mientras continuemos con densidades de cotización por debajo del 60% para hombres y de 50% para las mujeres no será posible mejorar las pensiones autofinanciadas. Atacar la informalidad debe ser una prioridad de la política pública.

Me llama profundamente la atención que se afirme que aumentar la cotización y la edad de jubilación sea “reducir la discusión”, pues para mejorar las pensiones autofinanciadas no hay recetas mágicas, se necesita ahorrar más y por más tiempo. De hecho, respecto a la importancia de ajustar la edad de jubilación, especialmente para las mujeres, la propia Benavides en su estudio con Constanza Fernández (2019) muestra que el 42% de la brecha de pensiones entre hombres y mujeres es causada por la diferencia en sus edades de jubilación. Tampoco puede negarse que la tasa de cotización en Chile es baja, ya sea que se compare con el promedio de los países de la OECD o incluso con otros países de la región como México o Uruguay.

Coincido con Paula Benavides en que no podemos relegar la mejora en las pensiones sólo a través de la PGU, por lo que creo que hoy los esfuerzos debiesen centrarse en fortalecer al pilar contributivo y voluntario, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera de nuestro sistema previsional en el largo plazo.

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