A fines del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, ingresó un proyecto acotado, de índole laboral, que busca permitir a todas las mujeres trabajadoras a acceder al beneficio de sala cuna, sin importar qué cantidad de mujeres trabajan para cada empleador. Este proyecto se financia con el 0,1% de las cotizaciones de todos los trabajadores y de un aporte fiscal en el evento que dicha cotización no sea suficiente.
Si bien el Gobierno del Presidente Gabriel Boric señaló desde un comienzo no compartir las ideas matrices del proyecto, que busca eliminar esta discriminación en contra de las mujeres, demoró más de dos años en presentar sus indicaciones al mismo. Pareciera ser que este tema no es prioritario, y que se presentaron indicaciones que cambian todo el proyecto sin mayor convicción, como se diría coloquialmente, “por cumplir”.
La buena noticia es que dichas indicaciones ya se presentaron. Claramente la votación en general del proyecto por parte del Senado causó el efecto necesario. Ahora, si de verdad se quiere avanzar, uno esperaría que como mínimo se le pusiera algún tipo de urgencia en la tramitación, se hicieran públicos los datos y números que hayan servido de referencia para la indicación respectiva, y se explicaran los fundamentos. Hasta ahora el proyecto sólo ha avanzado a instancias de la oposición, que, por la mayoría que tiene tanto en las comisiones como en la sala del Senado, ha podido poner el tema en tabla y votarlo.
Revisada la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, se observan algunas diferencias importantes con el proyecto original, que esperemos no entrampen su discusión.
Por ejemplo, se pone un énfasis mayor en el aspecto educacional, aspecto que fue motivo de discordia en el original proyecto de sala cuna universal. Si bien las mejoras en materia educacional también son una urgencia que se debe abordar, pareciera ser más razonable abocarse a la arista laboral en este proyecto, y a la arista educacional en otro, con tramitación propia.
Aparte, vemos que el costo se duplica, pasando del 0,1% al 0,2%, y se amplía significativamente su universo de potencial de usuarios, ya que hace que tanto padre como madre trabajadora puedan acceder al beneficio. Si bien incorporar el enfoque de corresponsabilidad es muy bienvenido, será relevante revisar bien el financiamiento de esta modificación, que claramente requiere de más recursos que el proyecto original.
Esperemos también que no sea otra iniciativa que se condicione al pacto fiscal, generando así inmovilismo y frustración con las promesas presidenciales. Debe entenderse que, como toda política pública, los avances muchas veces deben hacerse con gradualidad, ya que por querer abarcar más de lo posible, podemos terminar sin la posibilidad de avance alguno.
Preocupante es la señal de pretender excluir al sector privado de la prestación de sala cuna, lo que pone en riesgo la libertad de elección de los padres. Si bien el proyecto no tiene una exclusión expresa, el requisito de reconocimiento oficial de la sala cuna puede terminar en la práctica en ello. Esta parte tiene un claro tinte ideológico, que amerita una revisión respecto del prisma de que los padres decidan quién cuida a sus hijos y dónde.
Con todo, esperemos que la idea matriz de eliminar esta diferenciación que afecta a la contratación de las mujeres avance, ya sea en su versión original o versión presentada por el Gobierno, en la medida de que la misma tenga su financiamiento debidamente contemplado. Equiparar las condiciones laborales entre mujeres y hombres no puede seguir esperando.
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