El lunes 22 de junio siete presidentes de partido de oposición firmaron una declaración conjunta dirigida al gobierno. El texto pedía separar la reforma tributaria del proyecto de reconstrucción, exigía mayores espacios de diálogo, y sostenía que una reforma tributaria responsable no debe aprobarse con un voto ni con mayorías frágiles y circunstanciales.
El miércoles 24, dos días después, el Senado aprobó la idea de legislar el proyecto Reconstrucción Nacional por 26 votos a favor, 23 en contra, y una abstención. Por un voto. El jueves 25, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, respondió en Radio Infinita recordando que la ley que creó la Corfo se aprobó por un voto, y agregó que si las leyes se aprueban por un voto, que así sea.
Lo que dice el ministro Campos es interesante por la pregunta que abre. ¿Basta un voto para legitimar una reforma de esta magnitud, o se requiere un consenso amplio para hacerla viable y duradera?
Es importante conceder que la transversalidad tiene un atractivo evidente. Pues, en teoría, las reformas que concitan mayor apoyo legislativo debiesen también producir mejores resultados. Por algo concitan tanto apoyo en un primer lugar. El problema con ese argumento, sin embargo, es que la evidencia no respalda esa intuición. Por ejemplo, los retiros de fondos previsionales aprobados entre 2020 y 2021 son el contraejemplo más nítido. Contaron con respaldo cruzado, incluyendo sectores del oficialismo de la época, de la centroizquierda y de la derecha, y pasaron con mayorías holgadas. Su impacto, sin embargo, fue uno de los más costosos de la década reciente. Deterioraron el sistema de pensiones, contribuyeron al ciclo inflacionario, y golpearon con más fuerza a los sectores de menores ingresos. Si el consenso transversal fuera predictor de buena política, los retiros serían un éxito. Pero no lo son.
Por otra parte, está lo que dice el ministro Campos, que un proyecto puede pasar con apoyo minoritario y producir buenos resultados al mismo tiempo. Y es, efectivamente, lo que pasó con la Corfo durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda (del Frente Popular), que a pesar de no contar con mayoría en el Senado de la época logró pasar con un voto (Francisco Urrejola del Partido Conservador).
De esa ley emergió la institucionalidad económica que sostuvo a Chile durante medio siglo. Entre otros, Endesa, ENAP, CAP, y IANSA. Es, por lo mismo, una de las leyes que la centroizquierda chilena más puede admirar, con justa razón, como uno de sus principales legados institucionales del siglo XX. Que Campos, ex ministro de Michelle Bachelet, sea quien la invoque desde el gabinete de un gobierno de derecha, defendiendo una reforma que la izquierda rechaza, lo hace tanto más valioso.
Sobre ese fondo, llama la atención el documento que la oposición firmó esta semana, pidiendo mayor diálogo sin haber acordado siquiera una contrapropuesta común para ofrecerle al gobierno como sector. Por lo demás, en la carta pidieron debate técnico sobre el contenido, pero votaron en contra de la idea de legislar, que es justamente la instancia procesal que abre el debate por artículos. Invocaron el respeto al proceso democrático, pero ya anunciaron requerimientos al Tribunal Constitucional para impugnar artículos específicos, que es básicamente saltarse el proceso legislativo por completo.
La ironía es evidente. La oposición pide acuerdos, pero vota contra la instancia donde los acuerdos se construyen. Pide transversalidad, pero no logra acordar un texto común entre los siete partidos que firmaron la declaración. Pide diálogo, pero anuncia requerimientos al Tribunal Constitucional. Tomadas de forma individual, quizás tienen sentido. Pero tomadas en su conjunto, es evidente que no son más que un mecanismo para rechazar una ley que no les gusta, un instrumento para deslegitimar una mayoría legislativa que fue votada por las personas.
Por lo demás, lo interesante es que la carta, y la actitud más amplia que la rodea, contradice el estándar que la propia oposición estableció.
Cuando la centroizquierda firmó la rebaja de quórums en 2022, lo hizo argumentando que la regla de la mayoría absoluta es suficiente para legislar materias relevantes. Hoy, desde la vereda contraria, sostiene que esa misma regla no basta para reformar la institucionalidad económica. Por otra parte, por años han pedido anular el Tribunal Constitucional, tratándolo de herramienta autoritaria y antidemocrática que bypassea el poder legislativo. Ahora, en cambio, anuncian que lo invocarán antes incluso de terminar el debate legislativo.
Cabe preguntarse qué habría pasado si la propuesta constitucional de 2022 hubiese sido aprobada por el Congreso en vez de por plebiscito, y hubiese dependido de un voto. La oposición actual, que en ese entonces empujó el Apruebo con fuerza, no habría llamado a mayor transversalidad. Por el contrario, habría tratado la negociación de ese voto adicional como una épica propia del arte de la buena política.
Lo relevante de lo que dice Campos, entonces, no es la frase en sí, sino lo que deja expuesto. La regla que hoy se denuncia como insuficiente es la regla que en otra época permitió crear la Corfo. Es la regla que la oposición actual habría aplicado al proyecto de Constitución si hubiese tenido la posibilidad, y ciertamente a todo lo de menor rango que viene debajo. La magnitud del apoyo a un proyecto de ley no dice nada sobre su potencial resultado. Solo refleja la división política del momento en que se vota. Pasar una ley por un voto es más que suficiente.
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