Reforma tributaria: una salida para cerrar los saldos heredados del FUT. Por Pablo Escobar y Margarita Riveros

Con todo, esta cuarta ventana, junto con la integración total, parece ir en una dirección razonable: cerrar, a un costo conocido y acotado, un capítulo del sistema tributario que lleva más de una década generando dudas, para poder ofrecer hacia adelante un sistema más simple y competitivo.

De vez en cuando, la ley chilena abre una “ventana” para que las empresas paguen de una vez las cuentas pendientes con el SII por utilidades antiguas que nunca terminaron de tributar. Ya hubo tres: el ISFUT de 2015, el ISFUT de 2020 y el ISIF de 2024. La reforma que se discute ahora en el Congreso trae una cuarta, y vale la pena mirarla de cerca, no solo por lo técnico, sino por lo que dice sobre hacia dónde va la reforma tributaria completa.

Esta nueva ventana ofrece la tasa más baja de la historia: 10% único, sin derecho a crédito, y solo sobre tres tipos de saldos muy específicos que vienen del antiguo sistema FUT, de antes de 2014: el Fondo de Utilidades Reinvertidas (FUR), el Saldo Total de Utilidades Tributables (STUT) y los retiros en exceso. La lectura rápida tasa más baja, pero beneficio más chico, es correcta. Pero se queda corta.

Lo interesante es que esta ventana no busca ser “mejor” o “peor” que las anteriores en general. Busca resolver un problema distinto. El ISIF de 2024 fue una respuesta de emergencia, pensada para el saldo general del RAI, con una lógica de recaudar lo más posible. Esta nueva ventana, en cambio, apunta a algo más puntual: a los saldos más viejos, más difíciles de proyectar y que generan más incertidumbre, tanto para la empresa como para el Fisco. El FUR es un buen ejemplo: son utilidades que solo pagan impuesto si ocurre algo específico (una venta, una devolución de capital, el cierre de la empresa), algo que puede no pasar nunca. Por eso muchas empresas arrastran estos saldos durante décadas sin poder cerrarlos.

Por eso, lo atractivo del 10% no debería medirse solo comparando tasas, sino pensando en el valor de la certeza. Para una empresa con saldos de STUT o FUR heredados (muchas veces sin que los socios o administradores actuales sepan bien de dónde vienen, porque estos registros se traspasan entre empresas vía dividendos, fusiones u otras reorganizaciones) pagar un 10% ahora y sacar ese tema del balance para siempre puede valer más que la diferencia de tasa. La pregunta no es “¿me convenía más el ISIF de 2024?”, sino “¿cuánto vale para mi empresa dejar de cargar con un saldo que nadie termina de entender ni de explicar?”.

Ahora bien, esta cuarta ventana no se puede mirar sola, y ahí está el punto más interesante. El mismo proyecto que ofrece esta salida para el pasado propone, hacia adelante, la integración total: eliminar la obligación de devolver el 35% del crédito por el impuesto que ya pagó la empresa, que hoy hace que un inversionista pueda terminar pagando hasta 44,45% en lugar del 35% o 40% (rango del impuesto global complementario). Ese 44,45% funciona como tope máximo: para los socios que superan el tramo de 35%, la ley contempla un crédito que evita pasar de ese techo.

Pero no hay un alivio equivalente en el otro extremo: una persona en el tramo exento del IGC, que en un sistema integrado no pagaría nada, termina pagando 9,45 de cada 100 pesos de utilidad solo por la obligación de restituir el 35% del crédito. Mirado en conjunto, el mensaje es claro: por un lado, ofrece una salida barata y definitiva para los saldos heredados del sistema antiguo; por otro, simplifica hacia adelante un sistema que durante años convivió con la distinción, siempre confusa para quien no es experto, entre créditos “con obligación” y “sin obligación de restitución”.

Eso no quiere decir que no haya detalles importantes. A diferencia de sus tres antecesores, este nuevo sustitutivo no da ningún crédito contra el impuesto. Para empresas que acumularon créditos importantes asociados a estos saldos, comparar entre pagar 10% sin crédito ahora o tributar después con crédito disponible no es trivial, y depende mucho de la tasa final que pagaría cada socio al momento del retiro.

Tampoco es un detalle menor que el beneficio no esté reservado solo a empresas creadas antes de 2017: como las utilidades y los créditos se traspasan entre empresas, conviene que cualquier empresa, sin importar cuándo se creó, revise si en sus registros hay saldos heredados de sociedades más antiguas.

De hecho, hay casos en que la opción puede no convenir. Pensemos en socios de rentas bajas o próximos a jubilar, con un saldo de STUT que trae un crédito IDPC robusto, del orden de $25 a $27 por cada $100 de utilidad. Si al retirar esas utilidades quedan en un tramo bajo o exento del Global Complementario, ese crédito podría cubrir una parte relevante —o incluso casi todo— el impuesto final.

En ese caso, pagar el 10% ahora implicaría adelantar un impuesto que quizás no habría sido necesario y, además, dejar sin uso un crédito valioso. Como regla gruesa, cuando la tasa final del socio se acerca o supera el 30%, el 10% sin crédito tiende a verse más atractivo; por debajo de ese nivel, puede convenir esperar y aprovechar el crédito disponible.

Con todo, esta cuarta ventana, junto con la integración total, parece ir en una dirección razonable: cerrar, a un costo conocido y acotado, un capítulo del sistema tributario que lleva más de una década generando dudas, para poder ofrecer hacia adelante un sistema más simple y competitivo. La pregunta que cada empresa debería hacerse no es si el 10% es “caro” o “barato” en abstracto, sino cuánto vale, en su caso, terminar de cerrar una cuenta que el sistema antiguo dejó abierta.

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