El descalabro. Por Kenneth Bunker

La pregunta de fondo no es cuánto se explica por negligencia y cuánto por diseño. Es lo que la coincidencia entre auditoría interna y hallazgos externos sugiere hacia adelante. Si en apenas tres meses ya emergió todo lo que hoy se conoce, en al menos cinco frentes distintos y con respaldo técnico difícil de disputar, la pregunta no es si vendrán más informes. Es cuán profundo es el descalabro debajo de lo que ya conocemos.

El lunes se dio a conocer el preinforme de la Contraloría sobre el ingreso masivo de niños haitianos a Chile durante 2025 bajo la figura de reunificación familiar. Cerca de 486 menores acompañados por 12 adultos sin vínculo sanguíneo entraron a Chile vía vuelos chárter entre enero y octubre. Al menos 64 de ellos están confirmados sin paradero, pero la cifra final podría superar los 200. Mientras la Fiscalía abrió investigación por presunto tráfico, la Defensoría de la Niñez declaró que advirtió desde 2023 al gobierno saliente y que “no se hizo nada”.

Si bien el caso es notorio por su alcance -Mariana Aylwin lo catalogó como posiblemente lo más grave que ha ocurrido en Chile desde el retorno de la democracia- lo interesante es que parece ser parte de un patrón mucho mayor. Además de esta preocupante noticia, en las últimas semanas el Consejo Fiscal Autónomo estableció el mayor desvío histórico de la meta de balance estructural en un año sin crisis, y la Contraloría detectó irregularidades en el Censo 2024. Junto a otras preguntas abiertas, como Democracia Viva y ProCultura, parece ser claro que por lo bajo hay un patrón de negligencias.

Al menos eso basta para entender por qué Kast llegó a La Moneda con la intención de auditar al gobierno saliente. Si hubiese seguido adelante con normalidad, en línea con Camila Vallejo, que celebraba que “Chile no se caía a pedazos”, entonces todos estos problemas probablemente hubiesen sido enterrados y olvidados. Pero por el espíritu de la sospecha, no solo se logró descubrir la profundidad de la delicada situación fiscal, sino que además el resto de las irregularidades que de a poco van asomando.

En marzo, ese gesto fue caricaturizado como cautela excesiva o como pretexto para postergar promesas de campaña. Lo que las semanas siguientes han mostrado es algo distinto. La revisión que ordenó Quiroz no solo terminó siendo la espina dorsal del libelo que hoy sostiene la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, sino que además potenciando el paso de la megarreforma por el Congreso y apoyando otras medidas laterales, como la ley anti vándalos que se ha consolidado sin resistencia ciudadana. La desconfianza inicial, al final, terminó pagando.

Ahora bien, la pregunta importante es si efectivamente todo esto es una negligencia, como lo que se puede suponer como base, o si hay algo más detrás de la coincidencia entre tantos frentes apuntando en la misma dirección.

Lo que parece ser el diagnóstico común es que se trata simplemente de lo primero, de una negligencia extendida. De errores dispersos, no intencionales, que por casualidad ocurrieron de forma similar en áreas distintas. Al menos eso es lo que se puede desprender de las explicaciones y reacciones que han venido desde exautoridades del gobierno anterior. La explicación por default ha sido que nadie sabía, que nadie podía preverlo, que la situación era más compleja de lo que se ve desde afuera y que le podría haber pasado a cualquiera.

Es, sin ir más lejos, la lectura que hizo el exdirector de Migraciones Luis Thayer al hablar de reacciones “hipócritas y exageradas”, o la que ha venido sosteniendo Grau al apelar a la complejidad técnica de las proyecciones fiscales, o la que está implícita en cada vocería del Frente Amplio que pide no confundir hechos puntuales con un cuestionamiento al conjunto. La línea es siempre la misma. No hubo plan, no hubo decisión, no hubo mirada. Solo coyuntura.

La alternativa a la negligencia, sin embargo, es mucho más incómoda. Pues si no era negligencia, era intencional. Claro, esto sería difícil de admitir con los nefastos resultados que se observan a través del tablero, pero al mismo tiempo resulta al menos razonable dentro de lo que se puede inferir a partir de marcos generales, porque mucho de lo que hoy aparece como anomalía estuvo desde el principio en el programa explícito del sector. Desde el relajamiento de los controles migratorios, sostenido bajo la idea de que “no existen fronteras” y de que “no hay personas ilegales”, al discurso del decrecimiento como horizonte deseable y la promesa de condonación del CAE sin ruta de financiamiento.

Bajo esta lectura, lo que la auditoría documenta no es entonces una sucesión de descuidos, sino la ejecución consistente de un proyecto cuyas consecuencias resultan políticamente incómodas de defender una vez que se acumulan los datos. Las decisiones que hoy generan acusaciones constitucionales y carpetas en la Fiscalía no habrían sido errores de implementación, sino expresiones coherentes de posiciones que en su momento fueron declaradas, defendidas y celebradas.

Claro, lo más razonable es que sea una mezcla de ambas cosas. Algunas decisiones se pueden haber tomado conscientemente, y otras haber resultado de la inercia. Pero en cualquier caso, el resultado fue lo peor de lo posible, y justamente lo que se le criticaba al gobierno anterior cuando sus personeros proponían cosas como que un país sin fronteras llevaría a más dignidad, o que era necesario sacrificar el crecimiento para conseguir resultados tangibles.

Sea cual sea la combinación correcta, lo relevante es que ninguna de estas versiones de la verdad favorece al sector saliente. Si fue negligencia pura, queda mal parado en competencia. Si fue ejecución de plan, queda mal parado en juicio político. Si fue mezcla, queda mal parado en ambos. Por eso la respuesta ha empezado a moverse hacia otro registro. Cuando el diagnóstico ya no admite réplica, aparece el llamado a tratar todo esto como un asunto de Estado, como una responsabilidad compartida que debiera abordarse mediante una suerte de pacto nacional.

Y si bien es cierto que las cosas urgentes, como el horroroso esquema de los niños haitianos, tienen que tratarse con transversalidad, no se puede negar lo que la Contraloría documenta, ni lo que el Consejo Fiscal Autónomo establece, ni lo que la Defensoría advierte.

La pregunta de fondo, entonces, no es cuánto se explica por negligencia y cuánto por diseño. Es lo que la coincidencia entre auditoría interna y hallazgos externos sugiere hacia adelante. Si en apenas tres meses ya emergió todo lo que hoy se conoce, en al menos cinco frentes distintos y con respaldo técnico difícil de disputar, la pregunta no es si vendrán más informes. Es cuán profundo es el descalabro debajo de lo que ya conocemos.

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