A casi 4 meses de que se iniciara una investigación por los traspasos realizados por la Seremi de Tarapacá a la fundación EnRed Social, el Ministerio Público ha enviado oficios al Ministerio de Vivienda vinculados al rol de uno de los directores de la fundación que poco antes de asumir trabajaba en el programa Asentamientos Precarios del Minvu. La cartera no ha respondido hasta ahora los últimos requerimientos de información.
Qué observar. Una serie de oficios envió la Fiscalía de Tarapacá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entre agosto y octubre de este año, a partir de las indagatorias que lleva el fiscal Eduardo Ríos.
- Los requerimientos se vinculan a lo ocurrido en las fundaciones Enlace Urbano, que recibió traspasos por cerca de $728 millones en 2021 en un solo día, y EnRed Social, que el 8 de agosto de 2002 recibió transferencias por $1.060.619.263 desde la Secretaría Regional del Minvu, en Tarapacá.
- Lo sucedido en EnRed Social ha levantado las alertas en la Fiscalía, dado que Aldo Bastidas -quien está en calidad de imputado- se desempeñó como director de la fundación poco después de que trabajara como analista del programa Asentamientos Precarios del Minvu.
- El Ministerio envió un oficio a la fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), a mediados de agosto, con antecedentes sobre él.
Envío de oficios. Los problemas en la investigación comenzaron alrededor de octubre, señalan fuentes al tanto del tema.
- Fiscalía envió un oficio al Minvu para precisar el rol de Aldo Bastidas, las funciones que desempeñaba en el Ministerio y otros detalles.
- Pero desde la cartera contestaron con la misma información que ya habían enviado en agosto.
- Cuando se volvió a solicitar antecedentes por parte del Ministerio Público, el Minvu no habría contestado el oficio.
- Desde el Ministerio liderado por el socialista Carlos Montes tampoco habrían respondido otras solicitudes.
- Lo ocurrido generó preocupación en el Ministerio Público, ya que de la información obtenida hasta ahora hay sospechas que la recomendación de realizar contratos con EnRed Social no provendría solo de autoridades de la región de Tarapacá, sino también desde Santiago.
- Las indagatorias por parte del ente persecutor sobre traspasos realizados a esta fundación se han extendido hasta ahora desde Tarapacá a las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Ñuble y La Araucanía.
El caso. El martes 8 de agosto, la Fiscalía de Tarapacá abrió una investigación en contra de la Fundación EnRed Social por posibles delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho y soborno.
- Las indagatorias se iniciaron exactamente un año después de que el entonces seremi de Vivienda de la región, Francisco Javier Martínez Segovia, autorizara 7 traspasos por $1.060 millones en un solo día a la fundación.
- Se trataron de transferencias realizados bajo el programa Asentamientos Precarios del Minvu, cinco de los cuales eran para “habilitación primaria” y otras dos para el “diagnóstico territorial campamentos”.
- El 9 de agosto se allanaron las oficinas de la Seremi y del Serviu de Tarapacá, y se requisaron celulares y computadores.
- Ese mismo día la PDI se trasladó a 4 direcciones distintas que la Fundación EnRed Social tenía declaradas en el SII, sus memorias y otros registros. Tres de ellas se ubicaban en la comuna de Las Condes y una en Providencia.
- En la primera, el conserje señaló que la fundación no trabaja ahí hace al menos un año. En las otras tres la respuesta fue que nadie los conocía.
- La fundadora, presidenta y directora ejecutiva de la fundación, Carolina Pérez Fierro, fue encontrada por la PDI en un domicilio en Villa Alemana.
- En su declaración dijo que era la casa de su padre, Orlando Pérez Cisternas, tesorero de la fundación, y que ella vivía en una pieza de la residencia.
- Posteriormente entregó dos computadores y un celular.
Las pistas. La jefa de la División Jurídica del Ministerio de Vivienda, Marcela Rivas, envió el 14 de agosto un oficio al Consejo de Defensa del Estado (CDE), en los que incorporó información de EnRed Social.
- “Se ha detectado en la Región de Tarapacá, que la Fundación EnRed, mantiene como director técnico a don Aldo Bastidas Leal, quien prestó servicios desde el año 2009 hasta el 31 de mayo de 2022 en el Minvu, en diversas reparticiones, particularmente en Asentamientos Precarios”, dice el oficio.
- En el documento se alertó sobre el rol de la Inmobiliaria y Construcción Social Igualdad Urbana Spa, que inició actividades en el SII el 6 de julio de 2022. Su giro declarado es el de “terminación y acabado de edificios”, y le prestó servicios a EnRed Social en los proyectos de las regiones de Tarapacá, Atacama y O’Higgins.
- Es ahí donde aparece nuevamente Aldo Bastidas, el mencionado ex funcionario del Minvu que trabajó como director de la fundación.
- “Al revisar las rendiciones de cuentas de la fundación, se detectó que la empresa Inmobiliaria y Construcción Social Igualdad Urbana Spa, Rut 77.582.111-6, quien es proveedor de ENRED rindió una factura por $7.414.890.-, la que fue rechazada por el SII”, añade el oficio enviado por el Ministerio al CDE.
- “La particularidad de este hecho y que eventualmente puede ser constitutivo de delito, radica en que los socios de Inmobiliaria y Construcción Social Igualdad Urbana Spa, son Lorena Consuelo Bastidas Leal, hermana de don Aldo Bastidas Leal, ex funcionario de Asentamientos Precarios, y don Cristian Rodrigo Oliva Villanueva”.
- Pese al oficio enviado, Marcela Rivas no ha concurrido a declarar a la fiscalía.
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