El acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta sobre la ley corta de las Isapres es justo, realista, serio, y permite la continuidad del sistema privado de salud y garantiza el pago de la devolución de los cobros excesivos a los afiliados. La rebelión en el oficialismo, sin embargo, podría impedir que se apruebe, lo que deja de manifiesto lo difícil que es llegar a acuerdos con un gobierno que carece de unidad y coherencia en su coalición.
Una reforma estructural y positiva. Partamos por destacar lo bueno. La Ley Corta de Isapres crea una reforma estructural. Una nueva modalidad para Fonasa con seguros complementarios que los afiliados podrán comprar a valores razonables. Habrá una licitación pública entre compañías de seguro.
- Este sistema permitirá que la cobertura Fonasa para procedimientos complejos (cirugías, hospitalizaciones) en clínicas privadas suba de un 30 a un 60 por ciento, acercándose bastante al copago de muchas Isapres.
- Es una muy buena noticia para la clase media que tendrá una alternativa razonable en caso de que quiera o deba abandonar su sistema privado de salud; que hace competitiva a la salud pública con el sistema privado por primera vez en su historia.
- Un logro que la izquierda “racional” debería estar atribuyéndose y celebrando.El acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta es un acuerdo justo, realista, serio, que permite la continuidad del sistema privado de salud y garantiza el pago de la devolución de los cobros excesivos a los afiliados.
En la mira de la izquierda. Sin embargo, no ha sido bien recibido en sectores del oficialismo, en parte porque no dejó caer al sistema forzando la creación de un sistema único de salud con el que sueñan.
- Las Isapres han estado siempre en la mira de un sector de la izquierda que las considera incompatibles con un sistema de seguridad social. Les molesta que los ciudadanos puedan destinar su 7% de cotización obligatoria a un ente privado con fines de lucro donde no hay listas de espera.
- Pese a que los afiliados a las Isapres son una minoría de la población que hoy no supera el 17%, llegando a menos de tres millones de personas, el mundo político ha estado desde hace décadas obsesionado con hacerlas desaparecer.
- Una “bandera de lucha” parecida a lo que ocurre con las AFP.
- La abrumadora mayoría de los proyectos de ley presentados sobre salud han tenido que ver con reformar el sistema privado, ignorando completamente que el verdadero drama está en el sector público.
- Cinco años hay que esperar para una operación de urgencia para remover un coágulo en una extremidad y dos años para ver a un especialista. Miles fallecen mientras están en las listas de espera.
- Estos atrasos también se extienden a las enfermedades cubiertas por el GES cuyo tratamiento oportuno que se supone que está garantizado no se cumple.
- Esa situación dramática afecta a más del 80% de la población que está afiliada a Fonasa, porcentaje que ha aumentado en casi 700.000 personas que han abandonado el sistema de Isapres por razones económicas y la incertidumbre provocada por el fallo de la Corte Suprema.
El gobierno se cambia de caballo. Estamos hablando de un traspaso de dinero hacia los miles de beneficiarios por más de U$1.300 millones de dólares, que incluye a personas que nunca reclamaron y que hoy ya no están afiliadas al sistema.
- Cuando se dictó el fallo, muchos en las altas esferas del gobierno vieron una oportunidad de terminar con las Isapres, algo que estaba en el programa de gobierno de Boric ; y que venía en el proyecto de reforma constitucional rechazado por la ciudadanía.
- Sin embargo, el carácter sistémico de la crisis que provocaría la insolvencia del sector privado, afectando a más de 6 millones de afiliados de Fonasa que se atienden en él, obligó al gobierno a buscar una solución.
- Había que salvar a las Isapres a como diera lugar para evitar la catástrofe de que personas enfermas vieran comprometidos sus tratamientos. Y que otros cientos de miles terminaran forzosamente en Fonasa, con una afectación dramática de su calidad de vida y sentido de seguridad.
- El gobierno se cambió de caballo y la nueva “línea roja” era que no podía haber ningún tipo de perdonazo. Los cobros excesivos debían ser íntegramente devueltos. Tampoco se podría cuestionar el monto de la deuda estimada por el Superintendente en 1.600 millones de dólares, una suma astronómica varias veces superior al capital de todas las Isapres juntas.
Choque entre deseo y realidad. En la comisión mixta se produjo un choque entre el deseo y la realidad. Mantener la deuda en 1.600. millones de dólares obligó a introducir cambios en la ley que traspasaron parte del costo de la devolución al bolsillo de los afiliados.
- Para eso se estableció que ningún afiliado puede tener un plan cuyo valor sea inferior al 7% de su cotización previsional. Es decir, se fija un piso que obligará a muchos a pagar más por su plan, sin obtener nuevas prestaciones a cambio.
- Además, durante los próximos tres años no se tomará en cuenta a efectos de determinar el aumento del valor de los planes, el IRCSA de Fonasa (Indicador Referencial de Costos) que es bastante más bajo que el aumento real de los costos en la salud. De modo que se le permitirá a las Isapre durante los próximos tres años implementar reajustes mayores a los precios de sus planes.
- Por último, se les otorga un plazo de 13 años para pagar la deuda, salvo a los adultos mayores.
- En otras palabras, se mantiene el monto de la deuda, pero los beneficiarios se “auto pagan” una parte de ella. Un absurdo fruto de la intransigencia del gobierno a revisar el monto de la deuda a la baja, algo que técnicamente era totalmente factible.
- Pero desde un punto de vista simbólico era imposible porque el gobierno no podía soportar, que se hablara de un “perdonazo”.
“Un parto de los montes”. Para la ministra Ximena Aguilera, sindicada como la gran gestora del acuerdo, hoy no se puede hablar de perdonazo porque se estaría pagando la totalidad de la deuda.
- Esa tesis que no la comparten muchos en el oficialismo, donde se está gestando una rebelión encabezada nada menos que por el Senador Juan Luis Castro, que ya anunció que está en “reflexión” sobre si aprobará o no el informe de la comisión mixta.
- Porque para ellos el que sean las personas las que tendrán que contribuir a pagar su propia indemnización es una “renuncia de principios de gran envergadura”. “Artilugios de salvataje y perdonazos donde las victimas terminan cediendo a los victimarios”.
- Pero olvidan que en el tiempo las personas que no quieran contribuir a financiar parte de su devolución podrán cambiarse a Fonasa bajo la modalidad del seguro complementario que se está creando en la ley, e igual seguirán recibiendo la compensación.
- El gobierno no tiene ningún margen de maniobra. El Senado y la Cámara deben votar el paquete completo. No se admiten modificaciones ni votaciones separadas. Se toma o se deja y si se rechaza por cualquiera de las cámaras no hay ley.
- La rebelión en el oficialismo deja de manifiesto lo difícil que es llegar a acuerdos con un gobierno que carece de unidad y coherencia en su coalición. Todo es un “parto de los montes”. Donde hay ministras que mientras negocian agreden y descalifican a la oposición constantemente como defensoras de las AFP.
- Algo muy diferente a lo ocurrido con la ley corta donde la ministra Aguilera negoció con flexibilidad y de buena fe, enfrentando incluso a los “saboteadores” de su propio sector que querían liquidar al sistema privado de salud.
- Sería un desastre político para el gobierno y una tragedia para los usuarios que la ley se rechazara, algo que no se puede descartar. ¡El presidente Boric tiene la palabra!
Para seguir leyendo columnas de Ex-Ante, clic aquí.
Publicaciones relacionadas
