El documento Política Nacional contra el Crimen Organizado, de la Subsecretaría del Interior, fue publicado en diciembre de 2022, bajo el gobierno de Boric. Pero los descarnados hechos de la realidad demuestran que dicha política fue aplicada precariamente. A continuación, algunos hitos e investigaciones en esta línea.
Según el informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB, Radiografía de la Seguridad en Chile 2014-2024: desafíos de la nueva institucionalidad a la luz del Ministerio de Seguridad Pública, publicado en abril de 2025, el aumento de delitos violentos ha sido constante: homicidio, secuestro, extorsión, porte de armas de fuego o explosivos, tráfico de sustancias y usurpación.
Otro informe del OCRIT-UNAB, Radiografía a las principales organizaciones criminales transnacionales en Chile: Los Valencianos, publicado en marzo de 2026, aborda la actuación de los archirrivales del Tren de Aragua. Ésta “responde a un principio fundamental del crimen organizado: en un territorio determinado sólo puede existir un actor hegemónico. La competencia suele resolverse mediante violencia letal”.
Un último informe del OCRIT-UNAB, Radiografía de la Seguridad Pública en Chile 2025: desafíos en el contexto del nuevo gobierno, publicado en abril de 2026, reafirma que la violencia homicida “ha adquirido características propias del crimen organizado, como el uso instrumental del asesinato para resolver conflictos, disciplinar territorios o eliminar competidores”.
Entre 2014 y 2024, la ocurrencia de secuestros aumentó en un 74 %, intensificándose a partir de 2022. Según el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, hubo un “punto de inflexión” con el caso del empresario metalúrgico Rudy Basualdo, en Rancagua, secuestrado el 8 de noviembre de 2023. Valencia admitió haberse encontrado con un nivel de logística inusual. Dada su sofisticación, pidió colaboración a la Fiscalía de Colombia y la Procuraduría Antiterrorismo y Antimafia de Italia.
El 21 de febrero de 2024, en Maipú, Los Piratas ejecutaron el secuestro con homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
El 8 de agosto de 2025, un chileno secuestrado en Cerro Navia sufrió la mutilación de un dedo, cuya falange fue encontrada en una casa de tortura en Renca: la misma donde permaneció el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, secuestrado el 26 de junio.
El 21 de abril de 2026, en San Miguel, fue secuestrado el empresario Jorge Vera Fierro, de 84 años. Este crimen, mandatado por el Tren de Aragua, fue coordinado desde una cárcel de Colombia.
En septiembre de 2025, Douglas Farah declaró que Chile podría enfrentar “un auge de violencia basado en las batallas entre grupos locales al servicio de grupos más grandes”, y que con la extorsión se estaban dando “las condiciones previas a las olas de secuestros”.
Pablo Zeballos fue uno de los primeros en alertar, en 2018, sobre la posibilidad de que el Tren de Aragua se expandiera hacia Chile. En noviembre de 2023, advirtió que “Chile avanza hacia un fenómeno de cartelización”. Consiste en la adopción de un “enfoque en red”, en busca de “estructuras criminales más poderosas y resilientes”, con vistas al control territorial .
En mayo de 2024, se refirió al avance de la guetificación o ghettoización en el país: “Si el Estado no actúa, tendremos favelas en muchas ciudades de Chile”, debido a la formación de “enormes guettos, al margen del Estado, donde las organizaciones criminales se encargan desde la provisión de servicios básicos, hasta del tráfico de drogas y la prostitución”.
Corresponde a lo que se ha llamado gobernanza criminal; esto es, el control territorial, finalidad última de toda organización criminal.
El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, fue el primero en usar el término “favelización”, en febrero de 2024.
Ese año, dos organizaciones criminales asentadas en dicha zona fueron capturadas y condenadas: Los Shottas y una célula de Los Piratas. No obstante, en abril de 2026, Castro reiteró que la Región de Antofagasta se encuentra en “una etapa incipiente pero profundamente crítica de favelización”; esto es, “una gobernanza de facto, una hibridación perversa donde el criminal suple al Estado, proveyendo servicios básicos a los vecinos a cambio de un silencio que nace del terror o de lealtades forzadas”.
En mayo de 2026, a propósito del violento turbazo a la casa de Iván Aróstica, perpetrado por una horda de niños, Pilar Lizana sostuvo que las organizaciones criminales buscan menores para cometer estos delitos. Además, las redes sociales y la llamada “música urbana”, asociada al crimen organizado, les ofrecen un rápido acceso a reconocimiento social, dinero y sentido de pertenencia. Por eso, “muchos niños y adolescentes prefieren ser soldados narcos que estudiar 12 años en el colegio”.
El gobierno del Presidente Kast ha optado por considerar el documento Política Nacional contra el Crimen Organizado (2022) como punto de partida para ejecutar una política eficaz contra dicho flagelo, en lugar de refundarla. Esta decisión se sitúa en la línea de las advertencias que estudiosos del crimen organizado y fiscales vienen realizando desde hace años: aquélla no debe depender de los cambios de gobierno, sino que debe existir una continuidad, un desarrollo, un perfeccionamiento y una ejecución de la misma, en cuanto política de Estado a largo plazo.
El crimen organizado, modelo de negocios, gobernanza y soberanía criminal de suyo, extorsiona, corrompe, secuestra, tortura y asesina. Tal es su naturaleza infernal y parasitaria, el núcleo sangriento de su maldad absoluta e ilimitada: dinero, esclavismo, envilecimiento, depredación y expansionismo. Narcofascismo, totalitarismo y aniquilación.
Aún está por verse si el actual gobierno podrá armarse de fortaleza para enfrentar el peligro de su avance sin retorno, a la altura de sus terribles dilemas y exigencias.
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