La memoria institucional es, en ocasiones, el activo más valioso de un regulador financiero. En diciembre de 2020, en un escenario global y local profundamente marcado por la incertidumbre de la pandemia, y con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en pleno proceso de integración con la ex Superintendencia de Bancos, Chile dio un paso histórico: iniciar la implementación del exigente marco de capital de Basilea III.
Dada la magnitud del desafío y los acotados plazos legales —apenas 18 meses para una transformación estructural de esta envergadura—, la CMF tomó una decisión eminentemente pragmática y prudente. Priorizó la adopción de los estándares más básicos y universales para todas las carteras de los bancos. En ese momento, para el riesgo de crédito solo se autorizó el modelo fundacional, mientras que el uso de modelos internos propios de los bancos para medir sus riesgos de mercado y operacional quedó temporalmente prohibido.
Sin embargo, la autoridad fue clara: este diseño no era una sentencia definitiva, sino una necesaria fase de transición. El supervisor comprometió entonces una revisión de estas disposiciones una vez concluido el periodo de convergencia que vencía en diciembre de 2025.
Por ello, el reciente anuncio de la CMF de avanzar hacia la implementación de los modelos internos no debe leerse como un giro inesperado o una concesión improvisada. Muy por el contrario, es el estricto cumplimiento de la palabra empeñada por su Consejo colegiado hace más de cinco años.
Uno de los puntos de mayor fricción técnica en esta etapa es la aplicación del llamado output floor, esto es, el límite mínimo de resguardo que exige el regulador a los activos ponderados por riesgo calculados con los modelos propios de los bancos, en comparación con el método estándar. Es común que en el debate local se mire hacia Europa. No obstante, las comparaciones simplistas suelen ser engañosas.
En Europa, la banca venía de una larga experiencia con Basilea II, utilizando masivamente sus propios modelos, lo que les permitió partir desde un piso de exigencia del 0% e iniciar una transición lenta. En Chile, el escenario es exactamente el opuesto: partimos de un nivel inicial de resguardo del 100%. Por lo tanto, intentar extrapolar mecánicamente la discusión sobre la “densidad” de los activos de la banca internacional al caso chileno carece de sentido.
La métrica relevante aquí no es la comparación con otros mercados de distinta madurez, sino los objetivos de solvencia y de eficiencia consagrados en el espíritu de la Ley General de Bancos, de manera de destinar recursos seguros hacia la economía real.
Un segundo desafío crítico es la gestión de la complejidad, entendiendo que Basilea III no es un traje de talla única. Para los bancos de menor tamaño o especializados, que operan con estructuras simples, imponerles el desarrollo de modelos internos de alta ingeniería matemática podría terminar siendo contraproducente, costoso y un freno a la libre competencia. En estos casos, la regulación chilena debe aplicar con fuerza el principio de proporcionalidad.
Los modelos estandarizados alternativos que propone el marco internacional pueden fungir perfectamente como una suerte de “modelo interno de facto”, ajustándose a sus realidades de negocio sin sobrecomplicar la fiscalización. La sofisticación matemática por sí sola no garantiza estabilidad. La adecuación al riesgo real del mercado, sí.
Finalmente, es imperativo despejar ruidos innecesarios: el marco internacional de Basilea es tajante en prohibir modelos internos para el riesgo operacional tras las duras lecciones de la crisis subprime de 2008. Cualquier intento local por reabrir esa puerta estaría fuera de la agenda internacional.
La apertura hacia modelos internos bien diseñados es una herramienta necesaria para que el capital de la banca refleje con precisión sus riesgos subyacentes. Optimizar el uso del capital bancario no debe ser sinónimo de ahorro de capital, sino de un capital bien gestionado.
Ese es el camino correcto para consolidar un mercado crediticio profundo, sano y capaz de financiar con dinamismo el crecimiento que el país requiere. En este proceso, y al igual que en fases anteriores, es necesario que el supervisor mantenga su autonomía técnica. Hacerlo bien es mucho más importante que hacerlo rápido.
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Minería chilena: de la ventaja natural a la ventaja construida. Por María Cristina Betancour.https://t.co/9m5vu84boN
— Ex-Ante (@exantecl) June 30, 2026
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