El secuestro en Santiago del teniente en retiro venezolano Ronald Ojeda, refugiado en el país tras huir de la cárcel en Venezuela, ha puesto en el tapete la cuestión de si Chile puede llegar a ser capaz de ofrecer seguridad a sus habitantes y a quienes buscan “asilo contra la opresión”, como reza nuestro himno patrio. O dicho en tras palabras, si acaso somos diestros o aptos para hacer respetar la soberanía nacional y el estado de derecho a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
Si observamos este caso unido a la presencia dominante del narcotráfico en amplios sectores del país, donde los crímenes por el dominio del “territorio” van dejando una estela de crueldad, sangre e impunidad; si observamos lo que acontece en la llamada macro zona sur donde el estado está vedado en “territorios liberados” y las empresas y habitantes de la región son atacados sistemáticamente buscando su salida del “territorio”; si observamos los amplios “territorios” del país tomados a la fuerza por mafias que aprovechándose de las necesidades de chilenos e inmigrantes ocupan, distribuyen y arriendan ilegalmente sectores que no les pertenecen.
Si vemos que en los estadios las barras bravas hacen y deshacen a su antojo mientras la autoridad es incapaz de ejercer un mínimo control sobre un espacio y un público perfectamente delimitado; si cada verano producto de la irresponsabilidad o de voluntades alucinadas se provocan incendios forestales al por mayor causando la destrucción de hogares y vidas humanas, como ha ocurrido trágicamente en la región de Valparaíso este año; si todo esto está pasando y ya forma parte de nuestra cotidianeidad, lo del secuestro del teniente Ronald Ojeda no hace sino confirmar nuestra vulnerabilidad ante la violencia organizada y enemigos externos con los cuales ingenuamente se buscan acuerdos mientras infiltran y devastan la confianza en nuestras instituciones.
Si seguimos por este camino, como ya ha ocurrido en nuestra región en México, Ecuador, Colombia podemos llegar a contener “territorios” donde el Estado llega a ser un incapaz de garantizar una seguridad mínima a los habitantes frente a asesinatos, desapariciones y secuestros extorsivos, convirtiendo a las normas y formas de vida propias de un estado de derecho en un lejano y añorado recuerdo.
La frustrante reunión del Consejo de Seguridad Nacional algunas semanas atrás, donde no se abordó la situación de inseguridad ni se diagnosticó la situación regional ni las amenazas que se ciernen sobre nuestra democracia, donde no se conoció el diagnóstico que hacen los organismos especializados como el ministerio público o la opinión de las Fuerzas Armadas, más allá del llamado a custodiar la infraestructura crítica y hacer evidentes las falencias para disponer de su colaboración, es sintomática de la falta de voluntad del gobierno para enfrentar seriamente el problema que Chile tiene entre manos.
Si algo quedó claro de la reunión del COSENA es que este debe ser reformado y que las Fuerzas Armadas no saldrán de su área de confort sin certezas institucionales y legales.
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