50 años después. Por José Manuel Silva

Luego de la mega crisis de 1975, en donde el PIB cae 11%, la economía vuelve a crecer en 1976, el déficit fiscal se ha virtualmente eliminado y la inflación ha caído desde 400% en 1973 a 30% anual en 1978. El crecimiento de Chile entre 1976 y el 2010 supera con creces a la mayoría de sus pares latinoamericanos y el PIB per cápita supera incluso al de países que siempre lo habían adelantado: Argentina o Venezuela.

En internet se puede encontrar un documento del Banco Mundial llamado: “Chile una economía en transición”. Fechado en enero de 1980, es un exhaustivo análisis de la historia económica de Chile durante la segunda mitad del siglo XX, con especial énfasis en la crisis económica del gobierno de la Unidad Popular y luego en los cambios estructurales impulsados durante el gobierno militar.

Dado que hace pocos días murió Sergio de Castro y hace algunos meses lo hizo Jorge Cauas, ministros de Economía y Hacienda que iniciaron estos cambios estructurales, se podría decir que este documento es un fiel testimonio de la titánica tarea que emprendieron estos dos ilustres economistas para resucitar a la economía chilena.

Uno de los temas que llama la atención en la primera parte de este completo análisis sobre la economía chilena, es el gran número de distorsiones que estrangulaban el crecimiento de nuestra economía y que era el resultado de 30 años de una política económica fundada en la sustitución de importaciones.

Esta política requirió un creciente rol del Estado en nuestra economía, fijando precios y salarios, distorsionando el tipo de cambio y otros precios claves para ir parchando los efectos que aquella política tenía en el crecimiento de Chile. Este fue poco a poco cayendo en términos relativos a sus pares latinoamericanos. “A mediados de los setenta el ingreso per cápita de Chile estaba por debajo de Brasil, Panamá, México y muchos otros, a pesar de haber sido uno de los mayores antes de los años 30”, señala el estudio.

“Algunos rasgos permanentes caracterizaron el tejido de la política económica a contar de la gran depresión y hasta 1973. Al buscar una mayor aislación de shocks externos, así como además de objetivos de crecimiento doméstico, de estabilización y objetivos redistributivos, los gobiernos intervinieron activamente en la economía.

Lo hicieron directamente, a través de la propiedad estatal de empresas de producción, distribución y financieras; e indirectamente, a través de controles sobre precios, salarios, tasas de interés, asignación selectiva del crédito, subsidios, exenciones tributarias, múltiples tipos de cambio, cuotas de importación y demases. Entre las tendencias que dominaban el período están:

1. Tipos de cambio sobrevaluados apoyados por altos niveles de aranceles y protecciones para arancelarias;
2. Tasas de interés negativas;
3. Bajos precios administrados para alimentos y otros bienes de primera necesidad;
4. Ajustes salariales legalmente definidos cuya intención era controlar la inflación, proteger los ingresos reales frente a la inflación y alterar la distribución del ingreso;
5. Altos y crecientes niveles de beneficios sociales;
6. Grandes déficits fiscales financiados en variadas proporciones por expansión monetaria y préstamos internacionales; y
7. Muchas exenciones específicas de impuestos, aranceles, controles, reglas, y subsidios buscando alterar la distribución del ingreso y la asignación de recursos”.

El documento se explaya extensamente sobre esta maraña de distorsiones que el Estado chileno y, que cada administración a su vez iba tejiendo en torno a los sectores productivos para lograr objetivos que resultaban a todas luces contradictorios. Ellas redundaron en crecientes déficits fiscales que obligaron al Banco Central (claramente no autónomo) a expandir el crédito al Tesoro Público anualmente un 33% entre 1956 y 1970, lo que significó una creciente inflación.

La guinda de la torta de este proceso fue sin duda el desastre macroeconómico que se gatilla con las políticas macro y microeconómicas de la Unidad Popular. Ellas comienzan con el mini boom de 1971, el cual se basó en un aumento del 58% de los gastos nominales del gobierno central, del 55% de los salarios concentrado en los menores ingresos y una cantidad de dinero que se duplica.

Ello, unido a capacidad industrial ociosa, una excelente cosecha y gastarse parte de las reservas internacionales heredadas del gobierno de Frei, provoca un crecimiento del PIB de 8% y con las importaciones de bienes de consumo incrementándose un 17%. Al mismo tiempo, crecientes controles de precios, la fijación del tipo de cambio y el congelamiento de las tarifas de empresas públicas, ayudan a contener la inflación.

Ya el segundo año de la UP se comienzan a ver los límites de esta política ultra populista. En el intertanto cerca de 500 empresas habían sido tomadas y cerca de un cuarto de la superficie agrícola había sido expropiada. Al finalizar el gobierno de la UP, antes del golpe de Estado, el PIB per cápita y los salarios habían caído por debajo de los niveles de 1970.

El producto agrícola había caído a niveles de los sesenta y la inflación mensual anualizada llegaba a 1.000% fruto del déficit del gobierno central que se alzaba por encima del 20% del PIB. El tipo de cambio en el mercado negro era 10 veces superior al tipo de cambio oficial y las reservas internacionales del Banco Central eran negativas.

En ese contexto de extrema vulnerabilidad se encontraba Chile a fines de 1973. Pocos sospechaban que se aproximaba un huracán de proporciones en la economía global: el alza intempestiva del precio del petróleo en más de 6 veces, lo que gatillarían en 1975 una de las mayores recesiones del mundo industrial desde la gran depresión.

Como consecuencia de ello, el precio del cobre, que representaba el 90% de las exportaciones chilenas, cae un 50%, lo que colapsa las cuentas externas de Chile y también los ingresos fiscales. Una pérdida de recursos equivalente al 10% del PIB de 1974. Ello se agravó con el alza del precio del petróleo, la mayor importación en la época.

Se suponía que la política de sustitución de importaciones bajaría la vulnerabilidad de Chile a shocks externos. 30 años después se confirmaba que Chile era monoexportador; si el cobre colapsaba, también lo haría la economía.

El documento del Banco Mundial señala: “a contar de septiembre de 1973 casi todos los precios se han liberado progresivamente; la mayoría de las distorsiones tributarias y de subsidios se han eliminado; las barreras arancelarias y para arancelarias se han reducido drásticamente, el tipo de cambio oficial se ha devaluado masivamente y se ha establecido un sistema de minidevaluaciones; los controles cambiarios se han eliminado y la inversión extranjera fomentada. Se han introducido reformas tributarias (el IVA), de procesos presupuestarios del sector público y a la legislación bancaria; se terminaron las expropiaciones agrícolas y hacia mediados de 1978 se han entregado títulos de dominio a más de 37.000 campesinos”.

Luego de la mega crisis de 1975, en donde el PIB cae 11%, la economía vuelve a crecer en 1976, el déficit fiscal se ha virtualmente eliminado y la inflación ha caído desde 400% en 1973 a 30% anual en 1978. Las exportaciones agrícolas y forestales se multiplican 7 veces entre 1973 y 1978. La historia posterior es conocida, Chile se ubicaba en los últimos lugares del índice de libertad económica y trepa, luego de las reformas, a estar en los primeros lugares. El crecimiento de Chile entre 1976 y el 2010 supera con creces a la mayoría de sus pares latinoamericanos y el PIB per cápita supera incluso al de países que siempre lo habían adelantado: Argentina o Venezuela.

Jorge Cauas y Sergio De Castro son dos de los artífices del rescate económico de Chile de la peor crisis económico social de su historia.

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