El legado de Boric es ponerle fin a la crisis de seguridad. Por Kenneth Bunker

Si el gobierno de Boric termina hoy, no solo habrá pasado sin pena ni gloria, sino que, más encima, habrá dejado al país sumido en la crisis de seguridad más grave desde el retorno de la democracia. Es más, habrá abierto las puertas a un negro futuro. Habrá dado incentivos para que su sucesor sea un extremista que, como Bukele, esté dispuesto a quemar la ciudad para salvarla.

El secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda es todo menos una sorpresa. Es, si nada más, el resultado inevitable de una política de migración y seguridad aplicada tarde, mal y nunca.

Ocurre que, desde el sector del gobierno, nunca se pensó que la situación se podría degradar hasta llegar a este punto.

Cuando Gabriel Boric optó por la presidencia, en 2021, caricaturizó la propuesta de hacer una zanja para proteger a las fronteras en el norte. Su programa de gobierno hasta proponía un plan de integración expedito.

Una vez en la presidencia, descartó hasta el alza en las cifras de delincuencia y el aumento de hechos violentos. Seducido por el romanticismo del estallido social, sugirió que no eran más que acusaciones de mala fe.

De allí nacieron los indultos y las pensiones de gracia.

Su coalición no solo lo respaldó, sino que dobló la apuesta. Hasta tarde en 2022 prominentes figuras del sector seguían haciendo apología a la violencia. No fueron pocos los que se pasearon públicamente con poleras del fatídico perro Matapacos como bandera moral.

El asunto es que todo eso contribuyó directamente a degradar la situación hasta el nivel en que está hoy. El país cambió, pero para peor. Hay tipos de crímenes que nunca hubo y la sensación de inseguridad ha roto todos los récords.

Lo triste es que no tenía que ser así. Se dieron todas las advertencias. Se sonaron todas las alarmas. Desde los primeros días post estallido social se dijo que esto iba ocurrir. Se dijo que quitarles apoyo a las Fuerzas Armadas era un error irreversible.

Para algunos, fueron cantos de sirenas. Por eso estamos aquí, en una endemia de homicidios y secuestros.

El asunto va más allá de la responsabilidad de un sector político en particular. Es evidente, a este punto, que la falla, el problema es a nivel de Estado. Y, por lo mismo, llorar por leche derramada a esta altura del partido no sirve de nada.

Pero, al otro lado de la misma moneda, es obvio que quienes administran el Estado deben hacer lo correcto.

No asumir el costo a largo plazo de la crisis es ser irresponsable. No hacerse cargo del asunto es ser cómplice pasivo de sus consecuencias.

Lamentablemente, parece haber evidencia de esta negligencia. Pues tal como dice el presidente de Ecuador, no parecen haberse tomado las decisiones difíciles cuando se tenían que tomar. En cambio, parece haberse esperado hasta que la situación se degradara para hacer lo mínimo.

Al menos algo se ha hecho.

El recambio del equipo completo de Relaciones Exteriores mejoró significativamente la gestión en el área internacional. El apoyo a Carabineros por parte del Presidente potenció la capacidad de las policías para actuar con eficiencia contra el crimen organizado y el ascenso de la agenda de seguridad a un nivel prioritario permitió enviar un mensaje al resto del gobierno de que las cosas cambiaron.

Es algo, pero también es poco.

No ha sido suficiente. Los esfuerzos para controlar la migración ilegal y la delincuencia no han bastado. Esto es un problema, obviamente, tanto para los extranjeros que vienen a Chile buscando una mejor vida y solo encuentran miseria, como para los chilenos que viven encerrados en sus casas escapando de la cruda realidad que azota al país.

Si el gobierno quisiera tomar decisiones difíciles las podría tomar. Pero no quiere. Ha preferido avanzar gradualmente, en lo que ya admite que es una crisis. Ha hablado mucho y conseguido poco.

Quizás por el miedo de ser acusados de racista, de nacionalista o de atropellador de derechos humanos, no se ha querido hacer todo lo que se tiene que hacer.

Quienes están cargados con la tarea de tomar las decisiones difíciles han preferido postergar su responsabilidad.

De haber entrado frontalmente a desbaratar las redes criminales, probablemente habrían conseguido resultados. Basta ver lo que se ha hecho en El Salvador para entender que hay un punto intermedio funcional.

El secuestro de Ojeda no es un hecho más en una tendencia que va al alza, es la nueva normalidad. La crisis de seguridad ya se estancó. Subió de golpe y se niveló. Por lo mismo, hablar de actuar para prevenir ya es tarde. No se puede prevenir algo que ya existe. Lo que se debe hacer, por el contrario, es aceptar la gravedad del asunto (lo que parece haberse hecho) solo para actuar con toda la fuerza que permite la ley (lo que no se ha hecho).

Resolver un asunto que tiene agobiada a la gente debiese ser incentivo suficiente para actuar. Prioritario. Pero, obviamente en política hay otras cosas en juego. Y, juzgando por los hechos, el gobierno se debe guiar por aquello que no se dice. Debe creer que hay más y mejores razones para no actuar que para actuar.

Si eso es correcto, es un cálculo errado.

Por el contrario, el único cálculo correcto es el que permitirá evaluar a la gestión de Boric como una gestión exitosa en el tiempo.

Si el gobierno de Boric termina hoy, no solo habrá pasado sin pena ni gloria, sino que más encima habrá dejado al país sumido en la crisis de seguridad más grave desde el retorno de la democracia. Es más, habrá abierto las puertas a un negro futuro. Habrá dado incentivos para que su sucesor sea un extremista que, como Bukele, este dispuesto a quemar la ciudad para salvarla.

Como dice Noboa, Boric hoy tiene la oportunidad de tomar decisiones fuertes en un momento histórico. Si lo hace, se sabrá en el tiempo. Y eso es lo que importa. Si no se puede vivir en paz, no hay democracia, no hay nada.

La crisis de seguridad es un costo hundido. Todos conocen su origen y las razones de su rápida propagación. Lo que se necesita ahora es alguien que le ponga fin. Ahí está el legado de Boric.

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