Contraloría emitió este jueves un oficio de 20 páginas con los resultados de su auditoría a las transferencias a privados del Gobierno Regional de Antofagasta. El documento explicitó el rol que debe cumplir la Subdere para validar a los subejecutores del programa de Puesta en Valor del Patrimonio y establecer que “el proyecto es elegible”. Esto ocurrió en el caso del proyecto de recuperación de fachadas del casco histórico de Antofagasta, por casi $630 millones, asignado a ProCultura, con la venia de Crispi. Contraloría también advirtió de los incumplimientos del Gore respecto de la iniciativa, que se añade a la suma de informes emitidos esta semana que remecieron a La Moneda.
Qué observar. La Contraloría General de la República publicó entre el lunes y este jueves una serie de auditorías a los traspasos a privados efectuados por la Subsecretaría, los Serviu y 15 Secretarías Regionales Ministeriales (seremi) de Vivienda del país, que detallaron el alcance de las irregularidades en la asignación directa de recursos.
- El organismo fiscalizador hizo lo mismo en el caso de los Gobiernos Regionales, entidades que también han sido objeto de cuestionamientos en el marco del denominado Caso Convenios.
- El contralor Jorge Bermúdez expuso este jueves ante la comisión investigadora de la Cámara estos resultados, advirtiendo que “las grietas de la regulación financiera del Estado permiten que no se siga la ruta del dinero público”.
- Entre las irregularidades detectadas está una alta discrecionalidad en la asignación de recursos, el descontrol de los accesos a información interna (exfuncionarios y personas ajenas a las instituciones tenían correos institucionales) y presiones de la gobernación del Maule a una fundación para contratar a parientes y militantes.
- Parte de estos antecedentes serán remitidos por Contraloría al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fiscalía, que ya tiene indagaciones abiertas de norte a sur.
- La situación fue recibida con preocupación en La Moneda, tras el alza en las encuestas de la aprobación al Presidente Gabriel Boric luego de los Juegos Panamericanos. También abrió un flanco para el ministro Carlos Montes (PS), a quien la oposición está pidiendo explicaciones, y cuya permanencia quedó en tela de juicio.
- La vocera Camila Vallejo respondió que las irregularidades actuales provienen de un diseño institucional que se arrastra del gobierno anterior.
El caso que enreda a Crispi. El 14 de junio de 2022 el entonces subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) Miguel Crispi envió el oficio 2377/2022 al gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz (ex RD), respondiendo a su solicitud de validación de la fundación ProCultura como subejecutora del proyecto “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica”.
- El documento firmado por el militante de RD y actual jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda dijo que “la fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada, al contar con experiencia similar en varias regiones”. A esto se sumó, escribieron, su capacidad para administrar los recursos.
- También se estableció que el proyecto era elegible, ya que “para estos casos no se requiere modelo de gestión y el plan de trabajo entregado informa garantías mínimas de conservación y resguardo de la inversión, por lo que se verifica su elegibilidad”.
- En junio del año siguiente estalló el caso Democracia Viva, que generó una sucesión de indagaciones de la fiscalía y Contraloría a convenios suscritos por las secretarías regionales ministeriales (seremi) de Vivienda y los Gobiernos Regionales (Gore), de norte a sur.
- Uno de los casos cuestionados fue el de las fachadas del casco histórico. Éste ascendió a $629.815.000, provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), de los cuales el Gore entregó $460 millones a ProCultura.
- Según reveló el medio local Timeline, la iniciativa contemplaba la limpieza y pintura de 3 fachadas, que arrojaban un costo de $262 mil por metro cuadrado, muy por sobre el precio de mercado.
- ProCultura —que obtuvo su personalidad jurídica en 2010, tenía giro de edición de libros y otros tipos de enseñanza, y fue cofundada por el siquiatra Alberto Larraín, de amplios contactos políticos con la DC y el FA— respondió que el proyecto también incluía el desarrollo de informes técnicos y la capacitación de 38 personas. En septiembre de este año, el Gore puso término anticipado al convenio.
- Este lunes, tras varias inasistencias y postergaciones, el entonces subdere y actual jefe de asesores del segundo piso de La Moneda Miguel Crispi testificó ante la comisión investigadora de la Cámara. “El programa de puesta en valor del patrimonio lo que no hace es ir al Easy a comprar pintura Ceresita para pintar las murallas”, dijo. “Lo que hace es generar un proceso de involucramiento con las comunidades para restaurar el patrimonio en vinculación con las comunidades”.
- En su informe de este jueves, Contraloría relevó el rol de la Subdere en estas iniciativas y advirtió de incumplimientos del Gore.
El rol de la Subdere. “La creación del ítem de transferencias para cualquier institución pública o privada sin fines de lucro (…) se efectuará una vez que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo establezca que dicha institución está en condiciones de actuar como subejecutora del programa Puesta en Valor del Patrimonio y que el proyecto es elegible para dicho programa”, consignó el informe.
Los incumplimientos del Gore. La suma de incumplimientos del Gore respecto de sus convenios, entre los que se cuenta el de fachadas con ProCultura, abrió un flanco para la Subdere, que debía calificar los proyectos de elegibles y validar a las instituciones privadas que los sub ejecutarían. A continuación, los incumplimientos detectados.
- No registró la transferencia a ProCultura. Una revisión del sistema online de registro de colaboradores del Estado del Ministerio de Hacienda mostró que “el Gore no registró las transferencias de fondos efectuadas a 8 organizaciones, por 8 proyectos, que ascienden a un total de $856.145.226”. Consultada sobre el punto, el Gore respondió que ya lo había efectuado. Sin embargo, “revisado el referido sitio web www.registros19862.cl, se constató el ingreso por parte de la entidad de 7 de las 8 transferencias mencionadas en la tabla N° 1, faltando la regularización del monto otorgado a la Fundación Procultura en el año 2022, por $460.000.000”.
- Fallas en las rendiciones. “El Gore de Antofagasta no cuenta con un sistema informático para el control y monitoreo de la entrega y posterior rendición, a través del cual se obtenga información integral de los montos transferidos por convenio y entidad, el comprobante de egreso de cada transferencia, los montos rendidos por cada fundación, los montos aprobados, rechazados o pendientes de revisión, por lo cual, requerida esa entidad respecto de la totalidad de las transferencias realizadas durante el período auditado y su estado actual de rendición, esta repartición debió elaborar un registro con los datos solicitados en atención que no disponía de tal información consolidada”.
- Ausencia de comprobante de ingreso de transferencias. “(El) encargado del departamento de finanzas de la división de administración y finanzas del Gore, precisó que no se les solicita a las organizaciones beneficiarias de los proyectos la presentación de un comprobante de ingreso que acredite la recepción de los recursos, solo el envío de una fotocopia de la cartola bancaria en donde se refleje la recepción de estos”, lo que luego se ratificó.
- Deficiente evaluación de proyectos. “Durante el desarrollo de la auditoría se efectuaron consultas sobre el proceso de evaluación de los proyectos en cuestión y se requirieron antecedentes sobre ello, oportunidad en que el Gore no informó sobre la existencia de un sistema informático utilizado para la evaluación de los proyectos, aportando únicamente los archivos denominados ‘pautas de evaluación técnica’ (…). En ese contexto, el Gore deberá asegurarse de que, en lo sucesivo, en cada pauta de evaluación de los proyectos quede evidencia de las personas que participaron en esa instancia y de la fecha en que se llevó a cabo, estableciendo una actividad de control destinada a verificar su cumplimiento”.
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