En la sesión de la comisión investigadora del caso Convenios, el jefe del Segundo Piso Miguel Crispi levantó una línea de defensa administrativa -y no política- sobre las razones que lo llevaron a validar a la Fundación ProCultura como entidad subejecutora para el programa de restauración de fachadas del Gobierno Regional de Antofagasta, pese a que su giro en el SII era otro. En un acta del Consejo Regional de Antofagasta de 2021 aparece que la Dirección de Presupuesto (Dipres) había rechazado los recursos porque se trataba de “una iniciativa generadora de empleo, en lugar de una iniciativa de Puesta en Valor del Patrimonio”.
Panorama general. “La Fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones del país junto a equipos profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto”.
- El párrafo forma parte del oficio 2377 que el entonces subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Miguel Crispi (RD), envió al gobernador de Antofagasta Ricardo Díaz (ex RD), el 14 de junio de 2022.
- El documento, que tiene la firma de Crispi, autorizaba a la Fundación ProCultura como entidad subejecutora del Estado para un convenio con el Gobierno Regional de Antofagasta para la “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica”.
- La validación de la organización privada como entidad subejecutora llevó el caso Convenios a La Moneda y este lunes, después de más de un mes de espera, en la Cámara de Diputadas y Diputados se contó con la presencia de Crispi, específicamente en la comisión especial que investiga los traspasos de dinero desde el Estado hacia privados.
- Ahí, junto con abordar el caso Democracia Viva, señalando que él escuchó un “rumor” 9 días antes que estallara el escándalo, el sociólogo RD se refirió al cuestionado convenio de ProCultura, que tiene al Gobierno Regional de Antofagasta querellado en contra de la fundación y exigiendo la restitución de fondos por $373 millones.
Lo que se dijo. La oposición criticó que la adjudicación, asignada en forma directa, hubiese ocurrido pese a que las actividades económicas de Procultura registradas en el SII eran por “venta al por menor de libros en comercios especializados, edición de libros, otros tipos de enseñanza”. También se mencionó que el fundador de ProCultura Alberto Larraín es cercano a Boric.
- El medio Timeline publicó en julio que la limpieza y pintura de 3 fachadas de edificios sumaban 2.400 metros cuadrados en Antofagasta, lo que incluyó el desarrollo de informes técnicos y la capacitación de 38 personas para esta tarea. Se trataba de un desembolso de $630 millones para pintar 3 fachadas. El valor aproximado por metro cuadrado equivale a 262 mil pesos.
- Juan Antonio Coloma (UDI) y Rubén Oyarzo (PDG) fueron los diputados en plantear los cuestionamientos centrales a la validación de la Fundación ProCultura. Mientras el parlamentario gremialista apuntó a que la entidad no tenía el giro y que “si usted va a pintar su casa me imagino que no va a contratar a ProCultura porque no se dedica a pintar casas”, Oyarzo apuntó directamente al valor: “Me va a perdonar pero yo cotizo una manito de pintura por $30 mil el metro cuadrado”.
La línea de defensa de Crispi. La línea de defensa de Crispi se basó en que su rol fue cumplir con un acto administrativo que no podía eludir, pese a la responsabilidad política que se le atribuye.
- Así, dijo que la Subdere -a través de una guía operativa- procesó una solicitud del Gobierno Regional. Y sostuvo que existen puntajes que van de 0 a 100 en estos procesos y que cuando el umbral supera los 75 puntos “se le entregará la calidad de colaborada subejecutora del Estado a esta fundación, no se podrá, no, el subsecretario le pondrá la firma al final al oficio”.
- “No hice más que lo que tenía que hacer en un procedimiento”, dijo, para luego añadir que “lo que se hizo acá es estrictamente lo que señala la guía técnica del rol que le compete a la Subdere”.
- Consultado, explicitó que no se arrepentía de haber otorgado la categoría de entidad subejecutora a la Fundación ProCultura.
“Es en el gobierno anterior cuando comienza esta historia”. En su línea de defensa, Crispi también planteó que la primera autorización de ProCultura como entidad subejecutora fue en el gobierno de Sebastián Piñera, específicamente el 2 de febrero de 2022, por lo que “no podría haber una intencionalidad particular con esta fundación con este gobierno. Es en el gobierno anterior cuando comienza esta historia”.
El acta de 2021. En pleno debate, el diputado Coloma se refirió a la sesión del Consejo Regional de Antofagasta en el que se aprobó por unanimidad solicitar a la Subdere la aprobación del proyecto que involucró a ProCultura.
- En el acta se establece que la consejera regional Andrea Merino, presidenta de la comisión mixta de Educación, Ciencia y Tecnología, y Obras Públicas y Transportes, expuso sobre el proyecto de recuperación de fachadas en la zona de conservación histórica de Antofagasta. “Recuerda que ésta ya había sido analizada el año pasado y priorizada en octubre del 2021, por un monto de M$606.000”.
- Pero luego muestra los reparos que tuvo el proyecto antes de llegar a las manos de Crispi.
- De esta forma sostiene que la División de Planificación Regional, “a través de la Encargada de Patrimonio, doña Gabriela Pereira, informó que lamentablemente la Dipres detuvo la tramitación del programa, debido a que los objetivos y antecedentes apuntaban a una iniciativa generadora de empleo, en lugar de una iniciativa de Puesta en Valor del Patrimonio, por lo que se tuvo que reformular y cambiar el nombre”.
“No es una manito de pintura”. Otro de los puntos de la defensa de Crispi fue respecto al programa en sí mismo. En más de una ocasión planteó: “Esta no es una manito de pintura”.
- “El programa de puesta en valor del patrimonio lo que no hace es ir al Easy a comprar pintura Cerecita pa pintar las murallas del centro del casco histórico de una ciudad. Eso no es lo que hace. Lo que hace es generar un proceso de involucramiento con las comunidades para restaurar el patrimonio en vinculación con las comunidades que lo habitan. Ese valor de mercado, no es el valor que cuesta un metro cuadrado de pintura de cualquier marca que uno compra en una ferretería”, sostuvo.
“Lo que se evalúa es la experiencia”. Crispi respondió el por qué validó la operación de una fundación que tenía otro registro de actividades en el SII.
- Y, tal como en otras ocasiones, recurrió a la ficha técnica de la Subdere.
- “Lo que se evalúa es la experiencia. Eso es debatible, pero esta evaluación no discrimina porque una (fundación) no tenga el giro”, planteó. “Se evalúa si la agencia ejecutora tiene experiencia previa en inversión pública y si esta fue positiva o exitosa. Lo que señala es que posee un extenso currículum de experiencia en el desarrollo de programas y proyectos financiados con inversión pública”, dijo.
- El jefe del Segundo Piso no dejó claro si es que dicha experiencia previa en inversión pública era en proyectos similares.
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