Potenciales conflictos de interés. “Los convenios de transferencia de recursos suscritos tanto por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como por las distintas Secretarías Regionales Ministeriales carecen de cláusulas sobre conflicto de intereses”, dijo la página 17 del documento, que indagó los motivos de esta situación.
Accesos anómalos a correos electrónicos. El organismo también detectó la entrega de casillas de correo institucionales a personas que no trabajaban en la subsecretaría (situación ya advertida en los comienzos del caso Democracia Viva en la seremi de Antofagasta). También observó que funcionarios desvinculados mantenían correos. Esto traspasó el riesgo potencial, ya que se comprobó accesos anómalos, situaciones que serán informadas a la fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Criterios opacos para realizar asignaciones directivas. “Se constató que la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, no cuenta con manuales de procedimientos o instructivos formalmente establecidos, que describan, estandaricen y oficialicen directrices a las Seremis de Vivienda respecto de los procesos claves para la asignación directa de recursos, monitoreo, y supervisión de los recursos transferidos, con el objeto de verificar la correcta ejecución de estos”, lo que deberá ser subsanado por el organismo en 60 días hábiles.
Convenios sin justificar. También se detectaron convenios firmados “sin que el acto administrativo pertinente que autorizó tal método de otorgamiento se encuentre fundado y acredite documentadamente los motivos que lo justificaron”, lo que será remitido a fiscalía y el CDE.
Falta de control de las transferencias y rendiciones. “El control de las transferencias y las rendiciones efectuadas por las entidades receptoras de fondos, en este caso específicamente para las realizadas por los Serviu (…), se realiza mediante el uso de planillas Excel, cuyos datos pueden ser modificados o ser erróneos, pues dichas planillas no mantienen mecanismos de control que permitan resguardar la integridad y confiabilidad de sus registros, no permitiendo asegurar la calidad y exactitud de los montos reportados a terceros interesados en procesar la información”.
Documento íntegro a continuación:
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