“Las grietas de la regulación financiera del Estado permiten que no se siga la ruta del dinero público”, dijo el informe presentado este jueves por el contralor Jorge Bermúdez ante la Comisión Investigadora de la Cámara, por el denominado caso Convenios, por el que ya testificó el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi. Enumeró denominadores comunes en las irregularidades detectadas tanto en las asignaciones directas de la Subsecretaría, Serviu y seremis de Vivienda a entidades privadas, como en los traspasos a éstas desde los gobiernos regionales. Parte de estas anomalías pueden ser constitutivas de delitos y sus antecedentes serán enviados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a Fiscalía, que ya ha abierto investigaciones de norte a sur.
Principales debilidades estructurales. Excesiva discrecionalidad en el uso de las asignaciones directas; traspasos a municipios en tierra de nadie y ausencia de normas sobre transparencia y potenciales conflictos de interés, están entre las debilidades estructurales advertidas en su exposición. A esto añadió las limitaciones de fiscalización de Contraloría.
- Universo. La entidad revisó a 15 secretarías regionales ministeriales (seremis) de Viviendas, sus Serviu, además de la Subsecretaría del ramo, y los traspasos realizados desde gobiernos regionales.
- Excesiva discrecionalidad. “Excesiva discrecionalidad en la utilización de ‘asignación directa’ y ‘asignación nominativa’ a personas jurídicas privadas”, además de “excesiva discrecionalidad en las modificaciones presupuestarias al pasar de inversión a transferencia”.
- Traspasos a municipios. “Las grietas de la regulación financiera del Estado permiten que ‘no se siga la ruta del dinero público”. Ejemplo: transferencia a fin de año desde los Gore (Gobiernos Regionales) a una municipalidad, es imposible de ejecutar en ese periodo, se contabiliza como recurso extrapresupuestario y el alcalde no requiere del Concejo para su ejecución. Esto se ve agravado al no existir la obligación de mantener estos recursos en cuentas separadas”.
- Bajo control de conflictos de interés. “Inexistencia de normas de transparencia, conflictos de intereses y probidad de los receptores de recursos públicos”.
- Atribuciones limitadas de Contraloría. “(Contraloría) por regla general no controla a privados. Los recursos se entregan a una persona jurídica que puede tener debilidades organizacionales, por ejemplo, sin control de cuentas bancarias, sin contabilidad, sin capacidad administrativa y que, en ocasiones, ‘subcontrata’”. A esto se añade la “inexistencia de un sistema informático que registre todas las transferencias, al que pueda acceder” Contraloría y “falta de acceso a cuentas corrientes de servicios públicos, para poder contrastar la información”.
Los 16 problemas detectados en la Subsecretaría y Serviu. Bermúdez enumeró una serie de situaciones identificadas a partir del caso Democracia Viva, que implicó el traspaso de $426 millones a la fundación ligada a Revolución Democrática (RD) desde la seremi de Vivienda de Antofagasta. En esta causa, el entonces seremi Carlos Contreras fue jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, quien era pareja del presidente de Democracia Viva, Daniel Andrade. Todos pertenecían a RD. El caso derivó en la caída, entre otros, de la subsecretaria Tatiana Rojas (RD), quien fue reemplazada por Gabriela Elgueta.
- “Personas contratadas por fundaciones que se desempeñan en dependencias del Serviu o de la Seremi Minvu respectiva”. Esto fue identificado en O’Higgins y en Antofagasta, donde estalló el caso Democracia Viva. Los antecedentes serán enviados a Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
- “Persona contratada por la entidad privada que se desempeñaba en dependencias de la Seremi Minvu”. Esto se detectó en Antofagasta y O’Higgins.
- “Falta de procedimiento formal para selección de las entidades que ejecutarán los proyectos del Programa Asentamientos Precarios”.
- “Asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras sin fundamentación”.
- “Falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto, que fundamentan el monto de la transferencia”, lo que fue detectados en los Serviu de 14 regiones, incluyendo la Metropolitana y Antofagasta.
- Ausencia de garantías para el cumplimiento de los convenios de transferencia. Esto se identificó en la Subsecretaría de Vivienda y en los Serviu de 14 regiones.
- “Falta de exigencia de los planes de trabajo”.
- “Control de las rendiciones efectuado por la Seremi Mivu respectiva a través de planillas Excel”.
- “Falta de control y monitoreo oportuno de la ejecución de los convenios”.
- “Falta de comunicación a las entidades privadas de las objeciones formuladas a las rendiciones de cuenta”.
- “Falta de motivación del acto administrativo que aprueba los convenios de transferencia”.
- “Falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades convenidas y su falta de experiencia en las iniciativas encomendadas”.
- “Falta al deber de abstención y eventual vulneración al principio de probidad”, identificado en Valparaíso, O’Higgins, El Maule y Biobío.
- “Separación de iniciativas en distintos convenios (fraccionamiento)”.
- “Distintas faltas en los planes de trabajo de las actividades a ejecutar por las entidades privadas”.
- “Falta de aplicación de cláusulas contractuales previstas (ej. Multas,término anticipado), en la oportunidad debida”.
Las principales observaciones en el caso de los Gobiernos Regionales. Faltas al deber de abstención y exigencia de contratación de personas vinculadas a los gobiernos regionales aparecen entre las irregularidades identificadas.
- “Falta al deber de abstención y eventual vulneración al principio de probidad”.
- “Exigencia a entidad privada de contratación de personas vinculadas a funcionario del Gore”.
- “Falta de individualización de personas que participan en proceso de financiamiento de programas de inversión como sujetos de lobby”.
- “Falta de procedimientos de control que permitan identificar la existencia de un eventual conflicto de intereses en la suscripción de convenios con entidades privadas sin fines de lucro”.
- “Incumplimientos a obligación establecida en Ley N° 19.682, que establece el registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, o registro tardío”.
- “Inexistencia de manuales y procedimientos relacionados con transferencias de recursos a fundaciones, corporaciones y ONG”.
- “Falta de fundamento en la asignación directa de iniciativas de inversión a entidades privadas ejecutoras”.
- “Iniciativa aprobada que no cumple con los requisitos establecidos para su asignación”.
- “Inconsistencias entre giros de actividad económica en SII, objetivos establecidos en estatutos de Fundaciones y objetivo de proyecto presentado”.
- Ausencia de “pagarés para garantizar la ejecución de los convenios”.
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