El escandaloso lobby notarial. Por María Jaraquemada

América Transparente, en su sitio sobre poder notarial, ha establecido que el 51% de los notarios, conservadores y archiveros tienen algún tipo de lazo familiar con un funcionario o ex funcionario del Estado, desde seremis, alcaldes, ex ministros, ex subsecretarios, fiscales, miembros del Consejo de Defensa del Estado, parlamentarios y ministros de la Corte Suprema, entre otros.

Polémica ha causado el último nombramiento por el Ministerio de Justicia en una notaría, ya que la elegida sería la hermana de un diputado (PS) y de otro notario, egresada hace pocos años de la carrera de derecho. Ante los cuestionamientos, el Ministro Cordero indicó que era la única persona elegible de la terna que, para estos efectos, elabora la Corte de Apelaciones respectiva, dado que las otras dos se habrían desistido. Además, no hay inhabilidades legales por razones de parentesco, dado que las pocas que se contemplan son para cónyuges o quienes tengan alguno de los parentescos o vínculos que indica la ley con algún ministro o fiscal judicial de la Corte Suprema o de Corte de Apelaciones, o con algún miembro del Escalafón Primario por lo que, formalmente, el proceso se ajusta a la ley.

Esta no es la primera ni única polémica que ha involucrado nombramientos notariales: a días de terminar el primer gobierno del Presidente Piñera se criticó el nombramiento del ex jefe de gabinete de la Ministra de Justicia de dicho gobierno, lo mismo ocurrió en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet donde Contraloría botó el nombramiento como notario del ex jefe de gabinete de un ministro por no cumplir con los requisitos, así como numerosas ternas integradas por parientes de autoridades, ex autoridades o diputados.

¿La razón? Se trata de cargos prácticamente vitalicios y con unas altísimas remuneraciones mensuales (aproximadamente 14 millones mensuales en promedio según un estudio del 2018). Un privilegio al que, al parecer, pocos pueden acceder ya que las reglas actuales dan prioridad a quienes ya hayan ejercido el cargo, como ocurrió con la señora Leiva, quien fue dos años notaria suplente, para lo cual no hay procedimientos ni requisitos objetivos claros.

A lo anterior se suma lo ya establecido por la Fiscalía Nacional Económica el 2018 respecto a que “se pudo comprobar sistemáticamente que los precios cobrados son superiores a los establecidos en el arancel que rige la actividad notarial … en el 100% de los servicios, respecto de los cuales existe un arancel con un precio máximo fijo, en promedio no se respetó el arancel”. A esto se suma obstáculos para la competencia en esta profesión, el primero, según el mismo estudio, “asociado a las barreras a la entrada …se relaciona con que los notarios tienen derechos exclusivos sobre gran parte de los servicios que prestan”, sumado a que, en “nuestro sistema…la regulación establece una serie de restricciones que impiden el libre ingreso de competidores al mercado”.

Como respuesta a lo anterior, el 11 de septiembre de 2018 ingresó un proyecto de ley en el Gobierno del entonces Presidente Piñera que tiene como objetivos principales avanzar hacia un sistema de nombramientos y acceso con mayor transparencia; calidad del servicio y estandarización de la tecnología; fiscalización y control. En enero de 2020, la Cámara de Diputadas y Diputados lo despachó a su segundo trámite al Senado, el cual, a pesar de las constantes urgencias que le puso el Ejecutivo durante todo ese año y el 2021, recién en agosto del 2023 se emitió su primer informe por la respectiva Comisión.

El proyecto en cuestión, busca abrir la competencia a través de concursos con perfil para el cargo elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, debiendo asegurar la objetividad, igualdad de oportunidades, publicidad, difusión, probidad y transparencia de éste, sacando al Poder Ejecutivo del sistema de nombramientos y reemplazando su rol por una Comisión ad hoc.

Pero esta no es la primera iniciativa en la materia, ya en su primer gobierno, el Presidente Piñera ingresó un proyecto que buscaba modificar el sistema de nombramiento de notarios que ya intentaba abrir la competencia y el acceso a estos codiciados cargos mutando a un sistema de postulación abierta directamente a la Corporación Administrativa del Poder Judicial según una prueba objetiva de conocimientos el que, sin embargo, no tuvo un mayor avance.

América Transparente, en su sitio sobre poder notarial, ha establecido que el 51% de los notarios, conservadores y archiveros tienen algún tipo de lazo familiar con un funcionario o ex funcionario del Estado, desde seremis, alcaldes, ex ministros, ex subsecretarios, fiscales, miembros del Consejo de Defensa del Estado, parlamentarios y ministros de la Corte Suprema, entre otros.

Esto muestra que se trata de un grupo con importantes vínculos con el poder, lo que puede volverse complejo cuando tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo participan en sus nombramientos, volviéndolo endogámico y generando importantes riesgos de corrupción y captura del Estado. De hecho, en innumerables ocasiones se ha indicado que la principal razón de que las reformas no avancen, son los vínculos notariales en el Congreso y otros estamentos estatales, es decir, el lobby notarial.

Es de esperar que el escándalo actual sea la gota que rebalse el vaso y el Senado le ponga prioridad a una reforma que lleva ya una década esperando ver la luz. Para esto es clave que quienes tengan vínculos con notarias o notarios se inhabiliten de su participación. Nuestra alicaída confianza en el Congreso y las principales instituciones políticas no podrán soportar por mucho más tiempo posibles conflictos de interés y nominaciones cuestionadas.

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