El aberrante silencio de Boric ante el crimen del ex militar venezolano. Por Ricardo Brodsky

El Presidente ha enmudecido. Ni siquiera el formal pésame dirigido a su esposa e hijo de 6 años se ha escuchado. Si no se llega a la verdad, los autores del crimen se sentirán seguros y envalentonados para seguir operando en Chile, quizás ya no contra disidentes venezolanos sino contra periodistas, jueces, fiscales y políticos chilenos.

Hay silencios ensordecedores. La violencia desmedida, lo que está más allá de nuestra comprensión o de nuestra humana expectativa, suele provocarlos.

Al Presidente de la República lo ha enmudecido el que un disidente venezolano refugiado en Chile haya sido secuestrado y asesinado en el país. Ante la evidente incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de alguien a quien Chile y su gobierno habían ofrecido protección, ha optado por un extraño silencio, una reserva incompatible con su supuesta cercanía, en el que ni siquiera el formal pésame dirigido a su esposa e hijo de 6 años se ha escuchado.

Muchas sospechas caen sobre la dictadura de Maduro. No es primera vez que un militar venezolano es secuestrado. El sofisticado operativo contra un militar disidente no parece un secuestro común, requiere una larga preparación logística y personas especializadas en eludir y crear falsas pistas. La crueldad demostrada es propia del narcotráfico y el crimen organizado que parece controlar campamentos completos para ocultar sus fechorías.

El Partido Comunista, en el contexto del secuestro y crimen del teniente Ronald Ojeda, recibe como invitado de honor al embajador de la dictadura venezolana, en un acto que no puede sino considerarse como una risotada frente a la tragedia de Ronald Ojeda, su familia y la amplia comunidad de refugiados y exiliados venezolanos que habitan nuestro país.

Más allá de conjeturas, Chile exige una explicación y una investigación que lleve a identificar a los autores materiales e intelectuales de un crimen que ofende y fragiliza al país y que deja ver la inconsistencia de nuestra seguridad frente a las mafias y a regímenes que cohabitan con el crimen organizado y el narcotráfico.

Los esfuerzos del ministerio público y de la PDI por esclarecer los hechos cuentan con el decidido apoyo del Ministerio del Interior, cuyas autoridades siguen permanentemente preocupados del caso y entregan explicaciones a la opinión pública, a los partidos opositores y al Congreso Nacional. Sin embargo, cabe preguntarse una vez más hasta cuándo el Socialismo Democrático va a seguir poniendo la cara -y pagando los costos- por situaciones que el resto de la coalición observa con indiferencia o franca sorna.

Si no se llega a la verdad y no se adoptan todas las consecuencias legales y políticas, los autores del crimen se sentirán seguros y envalentonados para seguir operando en Chile, quizás ya no contra disidentes venezolanos sino contra periodistas, jueces, fiscales y políticos chilenos que se atrevan a levantar la voz contra la horrorosa realidad hacia la que estamos descendiendo, mientras el Presidente enmudece.

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