Hace algunas semanas se dio a conocer el informe de la Mesa del Royalty Minero, instancia público – privada que se creó como parte del acuerdo para promulgar la ley correspondiente. Adicionalmente, el gobierno informó respecto a los beneficios que deberían llegar a 12 millones de chilenos dada la mayor inyección de recursos que implica este nuevo tributo. Cabe recordar que la ley del Royalty Minero se promulgó el año 2023 y entró en vigencia el 1° de enero de este año, para comenzar a recaudar recursos a partir del año 2025.
El royalty es el derecho que tiene el Estado de cobrar por la extracción de minerales, dado que son recursos naturales que le pertenecen y que son no renovables. Se aplica en Chile desde el año 2005, aunque no se llamaba de esa forma sino Impuesto Específico a la Minería (IEM). Entre los años 2006 y 2022, se recaudaron US$ 9.500 millones (moneda del año 2023) por este concepto, de acuerdo a lo informado por Dipres.
Una de las características del nuevo royalty es que tiene un componente Ad Valorem de 1% sobre las ventas anuales de cobre, adicional al componente sobre el margen minero que se aplicaba en el IEM. Se estima que, en régimen, el royalty recaudará US$ 1.350 millones anuales, lo que corresponde a un 14% de lo recaudado en 17 años de aplicación del IEM. Un tercio de esa recaudación irá directamente a las regiones, de manera de compensar, entre otras, a las comunas que reciben externalidades negativas derivadas del desarrollo minero.
Junto con recaudar recursos, se fijó como uno de los objetivos del nuevo tributo facilitar la inversión. Por ello, como parte del acuerdo para promulgar la ley se contemplaron medidas complementarias, administrativas, legales y presupuestarias, para mejorar la permisología asociada a los proyectos mineros, de manera de acortar los tiempos de obtención de permisos, agilizar y modernizar los procesos, entre otros. Adicionalmente, se contemplaron medidas para mejorar la gestión de los recursos recaudados.
La minería está viviendo un periodo particularmente positivo, dada la transición energética mundial que favorece las perspectivas de demanda tanto por cobre como por litio. Consecuentemente, se han observado aumentos de la inversión y también de los precios de minerales, en particular del cobre.
Estas positivas perspectivas se espera que continúen al menos hasta el próximo año 2025. Los factores que han ayudado, a nivel nacional, a estas positivas perspectivas es haber despejado las dos grandes fuentes de incertidumbre que eran la Constitución Política de la República y la Ley de Royalty.
Sin embargo, la incertidumbre continúa, en particular a la hora de enfrentar las resoluciones de permisos. Adicionalmente, la tasa impositiva total, que incluye el nuevo royalty, es una de las más altas entre las jurisdicciones mineras en el mundo.
Si bien Chile enfrenta positivas perspectivas por una coyuntura mundial, no hay que olvidar que los inversionistas se dirigen a aquellas jurisdicciones que les ofrezcan las mejores ventajas. Las bajas leyes del mineral y los altos impuestos de nuestro país no están entre ellas. Por eso, lo que nos queda es cuidar la institucionalidad, para seguir aprovechando el atractivo que aún tiene Chile en términos geológicos, aunque ya no cuenta con los promisorios yacimientos mineros que tuvo hace años atrás. Y en términos de institucionalidad es clave modernizar el Estado para mejorar la permisología, que es de los principales elementos que reclaman los empresarios del sector.
En relación a las mejoras a la gestión de los mayores recursos a recaudar por el royalty, se solicitó que existan formas transparentes de evaluación para cualquier ciudadano del país, por lo que se deberían incorporar mecanismos de control, en particular a las municipalidades, así como mayor información a través de la página web de la Subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere).
Por su parte, el gobierno ha informado qué significa que una comuna disponga de $ 700 millones extra en su presupuesto, por ejemplo. Ello equivale a implementar la instalación de unas 200 cámaras de seguridad, poner más de 150 nuevas luminarias, invertir en 60 nuevos pozos para obtener agua potable o mejorar la infraestructura eléctrica y el alumbrado público para beneficiar a más de 8.000 viviendas.
Cabe destacar que se contempla entregar, en régimen, US$ 450 millones anuales a las regiones y comunas, a través de tres fondos: i) Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR); ii) Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, a favor de las comunas más vulnerables del país; iii) Fondo Comunas Mineras.
Si bien Chile sigue siendo atractivo en términos geológicos, tiene de las tasas impositivas más altas entre las jurisdicciones mineras mundiales, además de bajas leyes del mineral, lo que le resta competitividad. Por ello, es importante cuidar las instituciones y todos los factores para materializar las inversiones en el país, entre ellas, modernizar el Estado de manera de acortar los tiempos para obtener permisos.
Asimismo, es importante que los chilenos cuenten con la mejor información posible en relación a los recursos del Estado que les deben llegar directamente, en particular, en el caso del royalty, de tal manera de estar atentos a evaluar si los recursos se han ocupado de manera efectiva. Esto es una gran forma que la población tiene para valorar aún más el aporte que el sector minero hace al país y que ha significado tantos recursos y desarrollo en la historia de Chile.
Publicaciones relacionadas
Chile ya dispone de los activos necesarios, tales como proveedores sofisticados, talento técnico y científico, centros de investigación y una trayectoria probada de colaboración. Lo que corresponde ahora es articular estas capacidades con determinación y bajo un claro liderazgo del Estado. Transformar una ventaja natural en capacidades construidas tomó décadas. Fortalecer el ecosistema minero en […]
Lo que produjo el CAE no fue un accidente. Fue el resultado de prometer sin diseñar, corregir a medias y luego usar el instrumento como munición ideológica. Mientras no haya costos políticos para quienes hacen eso, seguiremos repitiendo la historia en educación, salud, vivienda y pensiones. Confundir el instrumento con el objetivo tiene consecuencias. El […]
El problema es cuando se instalan por inercia. Sin preguntarse qué comportamiento están empujando. Porque cuando los incentivos están mal diseñados, no dejan de ayudar: empiezan a dañar.
Los costos que implica ignorar la opinión de los economistas bien entrenados no son abstracciones teóricas; son consecuencias concretas para las personas, quienes merecen que sus líderes tomen decisiones basadas en la evidencia, la racionalidad económica y el contexto cultural.
En materia energética, postergar decisiones no es neutral, es la forma más cara de no avanzar. Por lo mismo, la competitividad del país depende de cuán rápido seamos capaces de convertir las ventajas, como el gran desarrollo de energías renovables, en seguridad, eficiencia y menores costos para las personas y empresas.
