El costo de la inseguridad. Por Natalia Aránguiz

Socia y gerente de Estudios en Aurea Group

Existe toda la disponibilidad e intención de hacer crecer este país por parte del sector privado, pero se requiere de un sector público eficaz, eficiente y firme contra la delincuencia. Al final, nadie pide ser Dinamarca, sólo volver al menos a los estándares a los cuales los chilenos estábamos acostumbrados a tener.


A propósito del infame triple homicidio a Carabineros en Cañete y la sensación de desolación y vulnerabilidad que causó en cada uno de nosotros, recordé un estudio publicado por Hernández et al. del centro de estudios CLAPES UC el año pasado: “El costo económico de la delincuencia: Chile 2013 – 2022”.

El estudio es interesante toda vez que cuantifica los cambios conductuales que hemos debido afrontar por el crecimiento de los delitos de mayor connotación social, por ejemplo, homicidios, robos, entre otros. Así como infracciones a la ley de armas.

El documento de trabajo, muestra que entre los años 2013 y 2022, los costos de anticipación que son asumidos principalmente por los privados (alarmas, transportes de valores, entre otros) aumentaron un 453%; los gastos de consecuencia (atenciones médicas, ingresos laborales que se perdidos, primas de seguros) exhibieron un incremento del 48% y los costos relacionados a respuesta al crimen (policías, poder judicial, subsecretarías especializadas, servicio de reinserción juvenil, entre otros) crecieron un 18%. La consecuencia ha sido que, si en 2013 la sumatoria de estos gastos representaba el 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB), en 2022 alcanzó el 2% del PIB.

El incremento a precios corrientes del 2023 sería un poco mayor a los US$ 1.900 millones, es decir, casi 77.000 subsidios a la vivienda enfocados en el 60% más vulnerable del país (D.S.1 Tramo 1). Lamentablemente, lo más probable, es que dada la criminalidad organizada y transnacional estos costos continúen aumentando de forma exponencial.

Y si bien, esta es una realidad en toda Latinoamérica, es una situación a la que trabajadores, empresarios y emprendedores no estábamos acostumbrados. La desmoralización en materias de seguridad que acarreamos como país, dificulta de forma importante la concreción de la inversión en territorio nacional. Y los números no mienten, en el año 2023, la formación bruta de capital fijo retrocedió un 1,1% respecto al año 2022. En efecto, la participación de este agregado macroeconómico en el PIB, pasó de 26,3% en 2013 a un 23,8% en 2023.

Por lo anterior, el tema y discusión en la ENADE 2024 no sólo fueron oportunos sino también adecuados a la realidad de Chile. Es necesario que no solamente Hacienda tenga incorporado en su entendimiento que el empleo, el crecimiento y por consiguiente la recaudación fiscal, dependen de la inversión y para ello la seguridad es un estándar mínimo.

Y si bien, durante la presentación de la ministra del interior en el encuentro empresarial se intentó supeditar la agenda de seguridad al pacto fiscal, lo cierto es que la vulnerabilidad actual tuvo un catalizador político en octubre de 2019. Desde esa fecha, los privados hemos debido año a año aumentar los recursos destinados a la anticipación producto de la delincuencia y el crimen organizado, porque como decía Charles Dickens: “La muerte, los incendios y los robos hacen a todos los hombres iguales”.

La procedencia política del problema demanda soluciones en la misma dimensión y a la altura de las circunstancias. Mencionar el pacto fiscal, cuando los privados hemos absorbido gran parte de los costos económicos de la delincuencia es casi una osadía.

Finalmente, tras ENADE queda claro que existe toda la disponibilidad e intención de hacer crecer este país por parte del sector privado, pero se requiere de un sector público eficaz, eficiente y firme contra la delincuencia. Al final, nadie pide ser Dinamarca, sólo volver al menos a los estándares a los cuales los chilenos estábamos acostumbrados a tener.

Puede leer las columnas de Natalia Aránguiz en Ex-Ante Pinchando Aquí

Publicaciones relacionadas

Por Ana Josefa Silva, crítica de cine

Mayo 24, 2024

Furiosa: acción, guerras y venganza, los ejes de una brillante distopía. Por Ana Josefa Silva

La esperada precuela de Mad Max: Fury Road es mucho más que conocer la infancia y adolescencia de Furiosa, la súper heroína de las dos más recientes entregas de la saga. La película está tan bien filmada que vale por sí misma. Además una recomendación de la serie que hay que ver y ¿se acuerdan […]

Abogada y académica.

Mayo 23, 2024

Cuenta pública: Los riesgos de la condescendencia. Por Natalia González

Crédito: Agencia Uno.

La condescendencia podría terminar obviando el eventual oportunismo del giro presidencial, además de que le permitiría hoy y mañana culpar al empedrado por lo que no ha podido realizar, sin asumir mayor responsabilidad lo que es un flaco favor para todos. Ello, además de conducirnos a una posible corrección política, siempre vacía, que lejos de […]

Economista y académico de la Escuela de Negocios de la UAI

Mayo 23, 2024

Es el mercado de capitales, estúpido (y te lo dije). Por Pablo Correa

¿Quién va a financiar la inversión para enfrentar las necesidades hídricas dado el cambio climático? ¿de dónde vendrán los balances para que existan Fintech que le compitan a la banca? ¿De dónde vendrá el capital de riesgo para la industria de la biotecnología agroalimenticia?

Kast en España: Las banderas rojas de la democracia. Por Cristóbal Bellolio

A Kast no le interesa mostrar generosidad ni grandeza de espíritu. No es Piñera ni menos Fiú. Su negocio es otro: polarizar afectivamente la conversación para rentabilizar el clima adverso que experimenta el gobierno. Esa fue la receta con la que accedieron al poder Donald Trump, Jair Bolsonaro, y recientemente Javier Milei: a punta de […]

Director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

Mayo 22, 2024

Estimulantes perspectivas sobre las concesiones. Por Carlos Cruz

Aunque hasta no hace mucho tiempo existían temores sobre el futuro de esta industria, estos deberían haber quedado absolutamente disipados debido a los positivos resultados que ha tenido la Alianza Público-Privada al llevar adelante proyectos de inversión de impacto ciudadano significativo y que generan capacidades habilitantes en los territorios.