El Presidente Boric dijo este jueves que “fue un error” incluir a Luis Castillo Opazo entre los 12 presos del 18-O a quienes perdonó las penas que cumplían en la cárcel. El mandatario hizo estas declaraciones luego de que el autoproclamado “insurrecto” fuera condenado por robo con intimidación, tras recobrar su libertad. Los dichos del Presidente fueron en sentido contrario de la defensa que hizo en el TC, cuando afirmó que su indulto fue necesario para restablecer la “paz social”. También mantuvo las dudas sobre quiénes cometieron las desprolijidades que permitieron el error.
Qué observar. El sábado 7 de enero de 2023, el Presidente Gabriel Boric anunció desde La Moneda la salida de la entonces ministra de Justicia Marcela Ríos (CS), en medio de la crisis política generada por el perdón de pena otorgado a 12 condenados por delitos del 18-O, y al ex frentista Jorge Mateluna.
- “Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y, considerando, además, la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar”, dijo a las 4:27 pm, sin aceptar preguntas. “Cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades”.
- Paralelamente, su oficina de prensa compartió un comunicado informando la renuncia de su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía (CS), apuntado como la contraparte del Ministerio de Justicia en el proceso.
- Era el desenlace de la controversia generada por la publicación del amplio prontuario por robos de Luis Castillo Opazo, quien cumplía una pena de 4 años de cárcel por atacar el Registro Civil de Copiapó —organismo dependiente del Ministerio de Justicia— y otros 6 puntos de la ciudad.
- Su decreto de indulto había sido firmado por Ríos el 30 de diciembre de 2022, pese a la recomendación de Gendarmería de no otorgarlo, dado su riesgo de reincidencia “muy alto”.
- Para obtenerlo, Castillo Opazo había enviado una carta al mandatario diciendo que había ejercido su “divino derecho a la rebelión popular”. Luego, al salir de la cárcel, declaró que “los insurrectos no descansamos”.
- Este jueves —a un año y 5 meses del indulto—, el Presidente abordó nuevamente su decisión, luego de que el lunes Castillo Opazo fuera condenado a 4 años de cárcel por un robo con intimidación y violencia perpetrado el 14 de diciembre de 2023 en Copiapó.
- “A todas luces vistas, que haya estado incluido dentro de los indultos, creo que fue un error”, dijo en entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile. “Si alguien comete un delito, como en el caso de Luis Castillo, evidentemente tiene que estar tras las rejas”.
El flanco. El reconocimiento del mandatario abrió un flanco con la oposición, ya que desde Chile Vamos —en RN, la UDI y Evópoli— y Republicanos criticaron la demora del mandatario en admitir que el indulto de Castillo Opazo nunca debió haber sido otorgado.
- También mantuvo la interrogante sobre quienes cometieron las “desprolijidades” que mencionó en enero 2023; si fueron sus correligionarios en Convergencia Social Marcela Ríos y Meza-Lopehandía, o si ellos solo fueron los responsables políticos de la crisis.
- Esta interrogante había sido reforzada el 9 de enero del año pasado, cuando la vocera Camila Vallejo dijo que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación habría sido distinta”.
La decisión del TC. El reconocimiento presidencial ocurrió también luego de que en marzo del año pasado el Tribunal Constitucional (TC) rechazara los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por Chile Vamos y Demócratas contra 7 de los 13 indultos presidenciales.
- A las 0:00 del 5 febrero de ese año, el organismo había recibido un escrito firmado por el Presidente Boric y el ministro de Justicia Luis Cordero, argumentando que el indulto a Luis Castillo había sido otorgado para restablecer la “paz social” tras el 18-O.
La respuesta de Boric. La respuesta de 73 páginas enviada al TC sobre el caso de Castillo Opazo, abordó su situación familiar y también las circunstancias del país durante el 18-O. No mencionó su calificación como un reo de alto compromiso delictual ni su riesgo de reincidencia.
- Antecedentes de hecho. “La decisión fue fundada en una serie de antecedentes de hecho, principalmente, en que los delitos se cometieron en el contexto del estallido social, siendo realizados en el marco de manifestaciones públicas masivas con un alto nivel de conflictividad social que supuso una crisis política e institucional, haciendo necesarias acciones extraordinarias por parte de la autoridad”, consignó el documento en la página 17.
- Apoyo familiar. “Además de que el solicitante cuenta con apoyo de sus padres, quienes le brindarían un espacio físico ante una eventual salida, según señala su informe social; el interés que manifestó por regularizar su situación educacional, habiéndose aprobado su incorporación al proceso de nivelación de estudios, que participaba del grupo que rendía evaluaciones y que había recibido material de estudio para la preparación de exámenes”.
- Caso excepcional. “En el caso concreto, se ponderaron una serie de antecedentes e informes –debidamente exteriorizados y desarrollados en la fundamentación del acto, según mencionamos en apartados anteriores– que llevaron a calificar el caso del señor Castillo como uno excepcional”, consignó la respuesta en la página 43.
- Crisis institucional. “En ese sentido el indulto fue otorgado atendiendo, además, un contexto especial pues había sido condenado por hechos cometidos en el marco del estallido social, una de las más graves crisis institucionales y políticas del país”.
- Paz social. “El otorgamiento de este indulto responde a razones de paz social, la que bien puede ser calificada como razón de Estado de acuerdo al Código Penal, autorizando el beneficio –incluso– a sujetos que hayan sido condenados a la pena más grave que contempla nuestro ordenamiento jurídico, como es el presidio perpetuo”.
- Trato igualitario. “El trato recibido por el señor Castillo no se diferencia de aquel recibido por otras personas privadas de libertad”.
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