El lunes 18 de diciembre nos pilló aún embriagados del proceso constitucional. Ya sea que usted votó “A favor” o “En contra”, los titulares han estado cubiertos con noticias del proceso y su comparación con lo llevado a cabo el 4 de septiembre de 2022.
Queda la idea de que el tema constitucional ha quedado atrás, pero, nada es cierto en esta vida, salvo la muerte y los impuestos. Precisamente, a estos últimos nos referiremos en la columna de hoy, pues en el año 2024 viene al parecer una nueva (vieja) reforma tributaria, cuyo trámite se ve complejo y de hecho ya está generando algunos ruidos.
Los propósitos que ha exhibido el ministro de Hacienda Mario Marcel de forma previa al plebiscito constitucional, han sido positivos. O al menos más positivos que los que mostró durante la tramitación del proyecto anterior. Existe un foco en crear medidas pro crecimiento e inversión, entre las que se encuentran disminuir la “permisología”, mantener el incentivo al I+D, nuevos incentivos a las pymes y, sorpresa, rebaja transitoria del Impuesto de Timbres y Estampillas.
Sin embargo, mientras Mario Marcel hacía la tarea con los parlamentarios de la oposición, presentando las bases de su “Pacto Fiscal”, diputados del Frente Amplio hacían de las suyas, declarando que es un compromiso de Gobierno enviar un proyecto para poner fin al CAE. De inmediato tuvo que salir don Mario a señalar que los recursos no saldrían de la reforma tributaria. Pero ¿con cuáles dineros se pagaría la condonación del CAE? Misterio.
Vemos el mismo problema de siempre: una coalición incómoda con su ministro de Hacienda y un ministro de Hacienda incómodo con su coalición. Este actuar errático, sin duda, no contribuye a dar confianzas a los inversionistas.
Luego vendría otro bombazo, ya que el ministro de Hacienda reveló que, según un informe elaborado por el ex director nacional del SII y asesor de la dirección de Presupuestos Michel Jorrat, en conjunto con el SII, la evasión del impuesto corporativo sería de 51,4% en Chile. Si bien es impactante este anuncio, a la fecha no se ha tenido acceso al informe oficial de Hacienda. De ser correcta esta cifra, resulta sorprendente que -a pesar de la entrega de mayores facultades al SII para fiscalizar (desde la reforma de Bachelet en 2014 hasta ahora) y el hecho de contar con mayores recursos tecnológicos- tengamos una cifra tan elevada. De ser efectiva, tendríamos que refundar el sistema tributario de forma completa, incluido al Servicio de Impuestos Internos, ya que claramente no se están haciendo las cosas bien. ¿Se confundirán en las cifras la evasión con la elusión? Pronto lo sabremos.
En el último episodio de todo esto, ya muy fresquito el resultado del proceso constitucional con un “En Contra” o “Rechazo” -como usted quiera llamarlo-, el Presidente llamó a retomar “el pacto fiscal de crecimiento y distribución más justa de la riqueza.”
No hace falta ser adivino sobre cuál será el sesgo de esta nueva reforma (aunque, nobleza obliga, le damos el beneficio de la duda antes de conocer el proyecto en concreto), la que probablemente se tope con una muralla en el Congreso. Ya sabemos que la perseverancia (virtud) se convierte muy fácilmente en obstinación y luego en obsesión si no se logra comprender de forma cierta la realidad. Porque estos pueden ser tiempos de Pacto Fiscal, pero con medidas pro-crecimiento. Si se trata de subir los impuestos, o de entregar facultades administrativas al Servicio de Impuestos Internos, de manera de convertirlo todo en una mera (y nueva) reforma tributaria, en mi opinión se toma un camino errado y probablemente nos encontremos frente a un nuevo “Rechazo”.
Incentivar una mayor inversión privada a corto plazo, mientras se corrigen problemas críticos, se modifican leyes y se combate la delincuencia con firmeza, podría lograrse mediante un acompañamiento más decidido en la ejecución de proyectos relevantes para el desarrollo del país.
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