En enero de este año, el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que establece una “Ley marco para las autorizaciones sectoriales”. Con esto, el Ejecutivo pretende hacer frente a los excesivos tiempos de tramitación y complejos procedimientos regulatorios a los que se enfrentan los proyectos de inversión. El proyecto está bien fundado e incorpora herramientas para acortar los actuales plazos de tramitación. Sin embargo, no crea incentivos o herramientas de gestión en los servicios públicos más críticos para mejorar sus capacidades de manera permanente. Veamos.
En lo positivo, el proyecto nace de un diagnóstico transversal. Hoy la “permisología” actúa como un verdadero impuesto sobre la economía, siendo una barrera costosa para la materialización de los proyectos de inversión (CNEP 2023; CNEP 2019). Tan relevante es el problema que la misma “Comisión Marfán” estimó que reducir plazos en un tercio generaría holguras fiscales por 0,6% del PIB. Una ley marco permitirá abordar un complejo sistema de autorización de permisos, (casi 400), dispersos en diversas reparticiones públicas y sin ninguna coordinación. Es un primer paso para unificar procedimientos y atacar vacíos legales.
El establecimiento por ley de la ventanilla única digital creada en la administración anterior (SUPER) no solo permitirá a los titulares de proyectos hacer un mejor seguimiento a los plazos de sus proyectos, sino que identificará los servicios públicos con más retrasos y mejorará las capacidades del Estado para hacer un buen control de gestión de los plazos de tramitación. Para esto último, es deseable que la información de esta plataforma sea transparente a la ciudadanía y de fácil acceso.
La creación de nuevas tipologías como “avisos” “y las declaraciones juradas” para permisos de bajo riesgo; la contratación temporal de evaluadores y registros de revisores externos; y el esfuerzo por operativizar el “silencio administrativo”, también son una buena noticia. Todas estas medidas deberían alivianar la labor de servicios públicos que hoy enfrentan una alta carga administrativa en relación con sus capacidades técnicas.
La falencia que tiene el proyecto de ley es que no genera condiciones para mejorar la gestión de los servicios públicos que otorgan los permisos sectoriales. A fin de cuentas, gran parte del problema de la “permisologia” se explica por una gestión deficiente de los servicios públicos, falta de incentivos y pocas capacidades técnicas, más que por leyes mal diseñadas. Por ejemplo, el proyecto podría obligar a incluir en los convenios ADP de los jefes de servicio, metas de tiempos de tramitación. Para reforzar este punto, el proyecto también podría agregar al mandato legal de cada uno de los servicios públicos más críticos (DGA, CMN, Subsecretaria de FF.AA., CONAF, SAG, entre otros), la obligación de una tramitación de permisos ágil, simple y previsible.
Otra debilidad del proyecto es que justamente al ser una ley marco es de carácter supletorio. Es decir, no puede anteponerse a las normativas sectoriales. ¿Cómo entregará certezas a los titulares de que sus proyectos serán evaluados bajo la vara que propone esta ley? ¿Y cómo se relacionará con otras leyes supletorias como la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos (Nº 19.880)?
En al ánimo de que cada gobierno de turno pueda acelerar proyectos emblemáticos, se propone una tramitación ágil, donde los plazos se reducirían a la mitad. Aquí, en vez de esta declaración (un poco ingenua y voluntarista), se podría seguir el ejemplo de Canadá, donde su Oficina de Gestión de Grandes Proyectos (MPMO) firma acuerdos de proyectos (project agreements), en que cada uno de los jefes de servicio que evalúan el proyecto en cuestión, se compromete públicamente a tramitarlo en un tiempo menor al establecido en ley.
Por último, no parece necesario crear un nuevo servicio público para la mejora del sistema. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) ya ha hecho una gran labor identificando los principales cuellos de botella del sistema y, por su parte, el Ministerio de Economía cuenta con equipos técnicos y capacidades para implementar los cambios necesarios. Así, sería preferible fortalecer la labor de coordinación y de vigilancia del Ministerio de Economía, otorgándole más atribuciones al respecto.
El proyecto presentado por el Ejecutivo es un buen primer paso para mejorar la regulación y la labor del Estado al momento de tramitar las autorizaciones sectoriales de los proyectos de inversión. Ahora, es de esperar que en la discusión en el Congreso se logren incorporar elementos que mejoren las capacidades y la gestión de los servicios públicos en el largo plazo. La ley marco, por sí sola, no será suficiente.
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