Trasfondo: Los errores que dejaron a Grau mejor que antes del libelo y al oficialismo repartiéndose culpas

La derrota del libelo contra el ex ministro de Hacienda estaba sellada casi desde el momento que se presentó, impulsado por los libertarios y en el que se embarcaron, sin mayores reflexiones, el Partido Republicano y, acto seguido, la mayoría de Chile Vamos. La trama es un caso de estudio de tiro por la culata político.

1. El pecado original. El que primero planteó la acusación fue el Partido Nacional Libertario (PNL). El Partido Republicano, temeroso de ser sobrepasado por la derecha por el PNL —como señaló Pepe Auth en su columna en Ex-Ante- se sumó a la ofensiva. Después se embarcó la gran mayoría de Chile Vamos, seducida por la oportunidad de inflingirle daño al gobierno de Gabriel Boric por medio de la inhabilitación de Grau. La iniciativa, por lo tanto, no nació de una reflexión conjunta del oficialismo ni de un análisis realista de su viabilidad. Las posibilidades de que eso no terminara bien eran altas.
2. Disidencias. Al poco andar en el oficialismo surgieron disidentes, sobre todo en RN, que consideraban que la acusación contra el ex ministro no tenía fundamentos jurídicos ni técnicos y que solo serviría para darle “un certificado de buena conducta” a las fallas en la conducción económica del gobierno anterior. Cada una de esas predicciones se fue cumpliendo.
3. Los votos que no llegaron. Lo que no se cumplió fueron las proyecciones de votos de los Republicanos y el PNL que calculaban entre 80 votos en la Cámara. Obtuvieron 77, con descuelgues en RN. Los votos del PDG fueron decisivos. En el Senado, donde el partido de Franco Parisi no tiene representantes, hubo dos ausencias predecibles en la derecha, Luciano Cruz-Coke, que se inhabilitó, y Manuel José Ossandón, que viajó a Paraguay y Uruguay con el Presidente Kast. También abstuvo la presidenta de RN, Andrea Balladares, además de Andrés Longton, el UDI Iván Moreira y Rojo Edwards. En contra lo hizo Enrique Lee, de la bancada de RN, al igual que Paulina Núñez y el demócrata Matías Walker.
4. Cuestionamiento técnico. A comienzos de junio, más de 50 economistas, de izquierda, de derecha e independientes, firmaron una declaración sosteniendo que una desviación entre lo proyectado y lo observado en las proyecciones económicas no era una razón para una acusación constitucional y que eso fijaba un estándar imposible de cumplir para cualquier autoridad.
5. Sin piso jurídico. En la comisión revisora, la expresidenta del Tribunal Constitucional Marisol Peña —constitucionalista muy respetada por el oficialismo y que en el pasado había respaldado ofensivas similares de la derecha— concluyó que el libelo “no logra configurar responsabilidad constitucional”. Roma locuta causa finita.
6. CFA remata. El Consejo Fiscal Autónomo -organismo técnico creado específicamente para zanjar este tipo de controversias fuera del terreno político y que tiene respeto transversal- afirmó que no existía la inconsistencia aritmética en que se basó la acusación contra el ex ministro.
7. La Moneda. Si bien Kast validó la legitimidad del libelo —”es legítimo que el Parlamento lo haga”— evitó pronunciarse sobre su mérito, optando por “cuerdas separadas”. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, reforzó la posición de no pronunciarse, pero con palabras mucho menos entusiastas. Dijo que era un tema de los partidos de la coalición, pero que la acusación tenía que ser bien fundamentada porque de lo contrario eso contribuiría al desprestigio de la política. Las razones de fondo de La Moneda habrían sido tres. La primera: El gobierno no podía aparecer quitándole el piso a su base partidaria, mas aún si estaba dividida. Dos: El olfato de Alvarado, que en esas cosas no falla, desde el principio veía muy difícil la aprobación. Tres: No miraba con buenos ojos el libelo en medio de negociaciones con la oposición sobre el Plan Quiroz. No necesariamente en ese orden.