Ex jefa de litigios del Servicio de Evaluación Ambiental: “Al inicio de este Gobierno hubo rechazos a proyectos por razones políticas”

La consultora mediomabiental de WeAre1 y ex jefa de litigios del Servicio de Evaluación Ambiental, Yordana Mehsen, afirma que deberían “priorizarse aquellos proyectos relacionados a la carbono neutralidad y que no son solo los de Energías Renovables no Convencionales, también los mineros. Porque se necesitan los minerales para los almacenamientos de energía y baterías. Respecto al reciente proyecto del Ejecutivo que busca agilizar los procesos y -que entre otras cosas- elimina la Comisión de Evaluación Ambiental y el Comité de Ministros, la abogada señala que aquello “no va a solucionar el problema y hacer que la evaluación ambiental sea más expedita”.

–En su opinión, ¿ha habido un sesgo en contra de aprobar los proyectos de inversión?

–Al inicio de este Gobierno sí hubo algunos rechazos de proyectos por razones políticas. Por ejemplo, en el primer año de mandato estuve analizando el tema y más o menos hubo 10 proyectos que se rechazaron, en mi opinión, por motivos no técnicos. Eso se notaba porque aquellos informes consolidados del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendaban aprobar esas iniciativas y luego las Comisiones de Evaluación Ambiental rechazaban por un motivo muy infundado.

Pero han tendido a estabilizarse estos rechazos por temas políticos. Lo normal es que la Comisión de Evaluación Ambiental siga lo que le dijo el informe consolidado.

–Si bien han tendido a estabilizarse estas decisiones que se inclinaban por el rechazo de proyectos, ¿debiesen eliminarse las instancias políticas dentro del sistema y hacerlo lo más técnico posible?

–Sí, de todas maneras. El Comité de Ministros tiene más bien un rol político. Entonces, es una instancia que demora y no da mucho valor a este proceso.

–¿Ves que este Gobierno buscar privilegiar la protección del medioambiente más que un equilibrio con el crecimiento económico? ¿Y que la politización de estos servicios provoca mayor demora e incertidumbre a los inversionistas?

–Eliminar la Comisión de Evaluación Ambiental y el Comité de Ministros no va a solucionar el problema y hacer que la evaluación ambiental sea más expedita de forma generalizada para todos los proyectos. Esta reforma aportará, pero no generará mucha diferencia. Ahora bien, se suele hablar por algunos de que hay una protección al medioambiente por sobre el crecimiento económico. No creo que sea así, pero pienso que se debe trabajar de una forma más conciliadora con estos dos ámbitos, para que exista el desarrollo sostenible. No es lo uno o lo otro. Una forma de hacerlo es como se está abordando en Europa.

Lo que ha hecho la Unión Europea es establecer reducción de plazos y todos los países miembros de la Unión Europea tienen que cumplir con esto. Establece reducción de plazos para los proyectos de energías renovables no convencionales, porque es es la forma, ha dicho la Comisión de la Unión Europea, de llegar a la meta de descarbonización.

Porque todavía no sabemos si los funcionarios dan abasto para poder establecer una simplificación de procedimientos para todos los proyectos. Entonces al menos deberíamos ir revisando algunos.

–¿Pero existe un desequilibrio entre crecimiento económico y protección del medioambiente?

–Veo que cuesta armonizar ciertas cosas.

–¿Cuesta armonizar el medioambiente y el crecimiento?

–Claro. Por ejemplo, se demoran mucho en tramitarse los proyectos de energía renovable y no se establecen políticas para agilizar su tramitación y resulta que queremos llegar a ser carbono neutrales.

–Se ha visto que hay dificultades y trabas para llevar adelante iniciativas relacionadas a la descarbonización de la matriz energética, por ejemplo, parques eólicos o proyectos para la explotación de litio. También las líneas de transmisión están demorando más de lo planificado, lo que en algunos casos ha ocurrido por la oposición de algunas comunidades. 

–Claro y no se trata evaluar los proyectos de una manera más laxa, ni mucho menos. Se trata de poder ver cómo estandarizar ciertos temas y componentes ambientales. Pero es un tema que hay que analizar. Hay cosas que, por ejemplo, en Europa se están haciendo y en Chile no.

–¿Entonces se debería replicar aquella estrategia europea? ¿Podría funcionar en Chile?

–Esto es algo reciente de Europa, pero sí, deberíamos avanzar hacia esa línea y sobre todo los proyectos de ley que se presentaron ahora en enero. Esos dos proyectos de ley son un aporte, pero tienen una oportunidad importante de mejora en la que se podría incorporar, por ejemplo, temas como este.

Además, eliminando la Comisión de Evaluación y el Comité de Ministros no se agilizarán todos los procedimientos. Sí para algunos casos, para los proyectos que tienen incidencia política o que se reclaman, pero estos son la minoría. Entonces esta reforma no solucionaría el problema de fondo.

–¿Y cómo agilizar los procesos y darle mayores certezas a los inversionistas?

–Es relevante analizar la capacidad funcionaria versus la cantidad de proyectos y cuál es el presupuesto que se asigna por el Estado para eso. Hay que analizar dentro de las políticas ambientales cuales se deben enfocar en la mayor capacidad funcionaria y de esta manera, poder agilizar los plazos.

Al menos deberían priorizarse aquellos proyectos relacionados a la carbono neutralidad y que no son solo los de Energías Renovables no Convencionales, también los mineros. Porque se necesitan los minerales, por ejemplo, para los almacenamientos de energía, las baterías, y el día de mañana de hidrógeno verde. Todos estos proyectos de inversión que contribuyen a la carbono neutralidad deberían tener una priorización. Porque si no, no llegaremos a la descarbonización.

–Qué opinas del concepto “permisología”?

–En el tema de los permisos sectoriales, es decir, dejando fuera el el tema de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, hay una importante demora por parte de los servicios para resolver las solicitudes por el gran número de procedimientos versus cantidad de funcionarios y ese fue el diagnóstico de 2023 de la CNP (Comisión Nacional de Productividad).

En el reciente proyecto de ley sobre inteligencia de permisos sectoriales se busca unificar la tramitación sectorial y agilizar la tramitación. Sin duda esto sería un gran aporte, pero pueden transcurrir años para que ese proyecto sea aprobado. Entonces debemos trabajar con lo que hay y si hay maneras de agilizar los procesos mientras esperamos la ley marco, las normas hoy nos permite adoptar medidas asociadas a la transparencia de los procesos, a digitalizar los procesos no están digitalizados, a reducir trámites, etc.