Qué observar. Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric presentó la reforma a los permisos sectoriales (Sistema Inteligente de Permisos), a cargo de Nicolás Grau (Economía) y la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Evaluación Ambiental 2.0). La segunda a cargo de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
En qué fijarse.
Tecnificación de las decisiones. La nueva ley pretende fortalecer la evaluación técnica, dotando de mayores atribuciones al SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) y eliminando instancias políticas como el Comité de Ministros. Sobre esto, la iniciativa señala: “El Comité de Ministros se elimina con la modificación propuesta al artículo 20, radicando la decisión administrativa sobre todas las reclamaciones en la Dirección Ejecutiva del SEA. En definitiva, la Dirección Ejecutiva será la encargada de resolver las reclamaciones que se interpongan tanto respecto de una DIA como de un EIA”.
Eliminación COEVA. El proyecto de ley elimina las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA), “radicando su función en la Dirección Regional del SEA -órgano eminentemente técnico-, quien pasará de recomendar a calificar directamente los proyectos o actividades”.
Consultas de pertinencia. Se propone que, para modificaciones menores de proyectos con RCA (Resolución de Calificación Ambiental) aprobada, se presente una declaración jurada informando del cambio, sin necesidad de esperar una respuesta de la autoridad. De acuerdo al proyecto de ley, esto permitiría que los plazos se puedan disminuir en cerca de un 90%.
Incentivo participación ciudadana. “En particular, la modificación al artículo 30 bis pretende incentivar la participación ciudadana en las DIA (Declaración de Impacto Ambiental), eliminando como requisitos para abrir una etapa de participación la justificación de cargas ambientales para comunidades próximas. Con esta modificación, será suficiente que una solicitud sea formulada por 10 personas naturales directamente afectadas, o dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, por escrito y dentro de plazo. Lo anterior permitirá alinear el procedimiento al Acuerdo de Escazú y consolidar una práctica que el SEA ya viene implementando desde el año 2022 para garantizar la participación de las comunidades en los proyectos de inversión”.
Demandas por daño ambiental. La reforma contempla que el Consejo de Defensa del Estado estará legitimado para presentar una acción legal en caso daño ambiental. También se crearán mecanismos para ajustar la distribución de la carga de la prueba y se flexibiliza el plazo de prescripción para interponer demandas por daño ambiental.
Lea la reforma a la Ley 19.300:
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