Con asombro y gran preocupación la opinión pública se entera de hechos convergentes que ocurren en nuestra sociedad y que en forma indisimulada van construyendo una sensación de radical permisividad frente a la delincuencia y la violencia política contestataria.
Quizás todo empezó cuando el Presidente Boric decidió indultar a personas detenidas en el contexto del estallido y condenadas por los tribunales, algunas de las cuales tenían antecedentes delictuales previos. El apoyo a los manifestantes de 2019, que fue explícito de parte de las actuales autoridades en su momento, terminó exteriorizándose en la concesión de beneficios económicos vitalicios -pensiones de gracia- para decenas de personas que se consideraron víctimas de la acción policial, sin distinguir mayormente de casos graves, como la pérdida ocular, de casos menos graves o, peor aún, sin estudiar los antecedentes de las personas beneficiadas con generosas retribuciones económicas.
Se agrega a lo anterior la formalización por parte del ministerio público del actual director general de Carabineros Ricardo Yáñez por la rocambolesca figura penal de “apremios ilegítimos por omisión”, buscando instalar la idea que las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de violentísimas e inéditas manifestaciones fueron una conducta tolerada o auspiciada por el alto mando de la institución.
Así, finalmente, a través de su director general, es el cuerpo de carabineros como institución el que resulta juzgado por la violencia desatada en octubre 2019, mientras los miembros de la primera línea -aplaudidos en su momento en el Congreso Nacional- son premiados con indultos y generosas reparaciones monetarias. Al respecto, recuerdo la afirmación de Giorgio Agamben quien reflexionando sobre la justicia dice que “la pena no sigue al juicio, sino que éste es él mismo la pena”, lo que equivale a decir que en este caso, cualquiera sea el resultado de las acciones de la fiscalía, el juicio es el castigo y que se está castigando a la institución de carabineros.
Esto ocurre cuando simultáneamente los tribunales de la región de la Araucanía otorgan la libertad condicional al machi Celestino Córdova, coautor del asesinato del matrimonio Luschinger-Mackay, quemados vivos al interior de su hogar. Para sorpresa de las víctimas y sus abogados la decisión judicial coincide con el día del onceavo aniversario del crimen. Para mayor sorpresa, la coalición originaria del presidente protesta porque el gobierno apela la decisión del tribunal.
En medio de la peor crisis de seguridad pública que ha enfrentado el país, acosado por la delincuencia y el crimen, con noticias de secuestros y asesinatos que inundan los noticieros y desafían la capacidad de sorpresa de los chilenos, los hechos mencionados más atrás no pueden sino pesar como una inmensa sombra sobre el futuro.
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