Ahorro y sistemas de pensiones. Por Alejandra Cox

Los esfuerzos por lograr la sustentabilidad de los sistemas de pensiones son impopulares y enfrentan dificultades en el sistema político. Debido a esto, los países están optando por una solución que combina programas de ahorro voluntario (Estados Unidos, Australia), con pensiones basadas en transferencias financiadas con impuestos a la nómina (EE.UU.) o impuestos generales (Australia).

La mayoría de los países están reformando sus sistemas de pensiones, con un objetivo común. Se trata de ayudar a un número creciente de personas mayores que viven cada vez más años, con un sistema de pensiones que sea sostenible en el tiempo.  Esto es clave ya que los sistemas de pensiones no solo deben atender a la generación actual sino también a las generaciones futuras. Si la solución a este objetivo descansa solo en impuestos a la nómina, el crecimiento de los beneficiarios requeriría impuestos crecientes en el tiempo, lo que ahogaría la capacidad del mercado laboral de crear empleos y/o generaría más informalidad laboral.

Muchos países recurren a deuda para el pago de pensiones, o se ven obligados a reducir o congelar los montos de beneficios. “De hecho, en el 2010 la deuda implícita (deuda del Estado de largo plazo por concepto de pago de pensiones) de Grecia era de 8,8 veces su PIB, Brasil 5 veces y Portugal 4,9 veces, por dar algunos ejemplos.

A su vez, el déficit fiscal anual promedio del sistema de reparto de países como Italia, Francia y Brasil será de 17%, 15% y 13% respectivamente[1]. Es este fenómeno el que ha llevado a 79 países a aumentar la tasa de cotización, 62 aumentar la edad de retiro y 62 ajustar la fórmula de beneficios, o de plano disminuirlos.  Dado el envejecimiento de la población, los sistemas de reparto no pueden cumplir la promesa de entregar un “beneficio definido”.

Los esfuerzos por lograr la sustentabilidad de los sistemas de pensiones son impopulares y enfrentan dificultades en el sistema político. Debido a esto, los países están optando por una solución que combina programas de ahorro voluntario (Estados Unidos, Australia), con pensiones basadas en transferencias financiadas con impuestos a la nómina (EE.UU.) o impuestos generales (Australia).[2]  La importancia de los programas de ahorro en esta ecuación ha ido creciendo en la misma medida en que los beneficios de los programas de transferencia han ido disminuyendo.

El caso de Chile es singular ya el sistema de reparto fue reemplazado por un sistema de ahorro obligatorio hace más de 40 años. El sistema mantuvo un aporte fiscal con dos componentes: (1) el pago de la deuda del sistema de reparto, un esfuerzo extraordinario que alcanzo 8,4% del PIB en 1984 y fue cayendo a medida que los pensionados del sistema antiguo fueron disminuyendo; (2) el pago de transferencias para pensionados.

Este segundo programa ha ido cambiando en diseño y cobertura, y consiste en la pensión garantizada universal, desde enero del 2022. El aporte fiscal es un reparto acotado, donde el numero de beneficiarios y el monto de beneficios es conocido con precisión y su financiamiento es parte del presupuesto anual de la nación. La economía política de este reparto acotado es comparable a la de otros programas públicos. A esta pensión garantizada universal se suma el beneficio de pensión que cada trabajador autofinancia con sus ahorros, programa que es sostenible en el tiempo por diseño.

Varios comentaristas, incluido Joseph Stiglitz, dicen que un número importante de países que han “privatizado” sus sistemas de pensiones han revertido su decisión.  Esta narrativa tiene dos falacias. La primera es que la gran reforma de los sistemas es hacia programas de ahorro. El que los administradores de los ahorros sean privados se explica por la naturaleza del sistema financiero, que está en manos privadas.  La segunda es la sugerencia de que estas reformas no han funcionado, y que se están revirtiendo.[3]

La principal razón que impulsó las reversiones que se registraron en Europa Central y del Este fue el empeoramiento de la situación fiscal, el alto gasto en pensiones y el nivel elevado de la deuda pública de estos países. La preocupación por la situación fiscal se vio reforzada por la necesidad de cumplir los requisitos de política fiscal de la Unión Europea, y por los criterios de Maastricht establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para el tratamiento de los déficits fiscales. (ver FIAP 2020, Informe Reversiones).

“En América Latina, la única reversión efectiva que se ha registrado es la de Argentina, que obedeció principalmente a razones fiscales. Además, se sumó la posibilidad de manejar políticamente las inversiones de los fondos de pensiones. Ecuador, Venezuela y Nicaragua, nunca implementaron sistemas de capitalización individual, por lo que no podemos hablar de reversiones, mientras que en Bolivia la capitalización individual no ha sido revertida, sino que sólo se intenta que la administración pase de manos privadas a públicas” (FIAP 2020).

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[1] Para los países europeos considera el período 2016-2060, para Brasil considera el período 2015-2050.

[2] Un buen resumen de las tendencias mundiales se encuentra en NDP73-nota-de-pensiones-esp.pdf (fiapinternacional.org)

[3] El libro “La reversión de la privatización de las pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina”, editado por funcionarios del Departamento de Protección Social de la OIT, pero que no representa la opinión oficial de la organización, señala que los sistemas de capitalización individual han fracasado por su negativo impacto social y económico y el incumplimiento de los resultados esperados.