Un caso ejemplar. Recién la semana pasada uno de los líderes de la banda de Los Gallegos de Caracas (la facción del Tren de Aragua que se tomó Arica), Mervin Fagúndez, fue trasladado desde la cárcel de esa ciudad a la de Puerto Montt. La razón es que poco antes había sido formalizado por amenazar a un gendarme de un modo que parecía muy sutil: le dijo “cuida a tu esposa”, llamándola por su nombre, por lo cual la Fiscalía de Arica pidió su traslado. Lo mismo sucedió con otro integrante de la megabanda, David Santana Gutiérrez, el cual amenazó a un gendarme con matarlo.
Tribunales sobrepasados. Pese a que los tribunales superiores del país dictaminaron que se habían acabado las audiencias por medio de zoom, culminada la pandemia, en el caso de Arica se efectuó una excepción en lo referido a la tramitación de la causa de Los Gallegos, no solo porque la estrategia de Gendarmería ha sido disgregar a los reos en distintos penales (para evitar que se “tomen” alguno, como ocurre en Venezuela), sino porque las nuevas formas de criminalidad que han eclosionado en Chile han quebrado todos los esquemas.
El problema de fondo. Según aseguran distintos actores del sistema, entre ellos fiscales y defensores, es que Chile no estaba preparado para enfrentar a un crimen organizado transnacional muy distinto del que tradicionalmente ha existido en el país y eso se expresa en el aumento progresivo de delitos como el homicidio y el secuestro, así como en la aparición de nuevas modalidades delictivas, entre ellas el sicariato, el préstamo con intereses usureros conocido como “Gota a gota”, la extorsión y la trata de personas con fines de explotación sexual, que afecta en una gran medida de mujeres migrantes.
Hora de modernizar. Si se efectúa el mismo ejercicio con numerosos criminales chilenos, como los que asesinaron a la sargento Rita Olivares, en Quilpué, el resultado es similar: numerosas detenciones, formalizaciones y una carrera delincuencial que parece no tener freno.
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Un país gobernable es un país también donde el Presidente de la República tiene una mayoría sólida en el Congreso Nacional que, escuchando a la minoría, avanza en su programa de gobierno aprobando las leyes que se necesitan.
Es importante seguir avanzando en el involucramiento de los directorios para que no sólo se avance en la entrega de información, sino que también en una mejor gestión de los riesgos y oportunidades asociados a los factores sociales y ambientales.