Si se evaluara al gobierno de Gabriel Boric por lo que dice, y no por lo que hace, sería imposible no catalogarlo como uno de los mejores gobiernos desde el retorno de la democracia. De hecho, no quedaría otra que definirlo como excelente: habría que admitir no solo que es un gobierno conectado con la realidad, sino que además preocupado por resolver las urgencias de las personas.
Por ejemplo, si se evaluará al gobierno por su voluntad de resolver la crisis de seguridad, habría que admitir que su gestión ha sido intachable. El solo hecho de haber instalado un “gabinete de la seguridad” sería suficiente para desmentir a todos sus críticos que no han dejado de repetir la necesidad de resolver la “crisis de seguridad”. Si además se considera la velocidad con que reacciona a las desgracias, no quedaría otra que elogiar lo hecho.
Lamentablemente, sin embargo, a los gobiernos se les evalúa por sus resultados y no sus por intenciones. Se valora a los gobiernos por lo que hacen y no por lo que dicen. Cuando se le bajen las cortinas al cuatrienio de Boric, las estadísticas inevitablemente comenzarán a eclipsar las narrativas, y todo lo que se ha dicho será rápidamente reescrito con lo que no se ha hecho.
Entre otras cosas, ocurrirá cuando se evalué la gestión del Presidente en la crisis de seguridad. La Moneda podrá decir todo lo que quiera ahora sobre su intención de resolver el conflicto, pero en el momento de los “quiubos”, quedará el recuerdo de una rápida escalada de violencia, y una lista imborrable de víctimas que se pudieron haber salvado. Quedará en la memoria de un gobierno que supo cómo reaccionar pero no cómo actuar.
El reciente caso de los tres Carabineros asesinados demuestra el trasfondo del problema. Si todo lo que dice que hace el gobierno estuviera dando resultados, no habría Carabineros muertos. Si se estuvieran vigilando las rutas, si las reuniones con el Cosena estuvieran funcionando, si las Fuerzas Armadas tuvieran apoyo político, no habría desgracias de este calibre. No habría terrorismo en la macrozona sur.
¿Qué indica todo esto? Simple, que no hay un foco puesto en la seguridad. Se habla de seguridad, se dan datos de seguridad, y se notifican avances en materia de seguridad, pero no se resuelve lo de la seguridad. El problema sería cómico si no fuera trágico: mientras más habla el gobierno de avanzar, más retrocede la situación, y mientras más retrocede la situación, más terreno tiene el gobierno para hablar de avances.
Es hora de cortar el círculo vicioso y actuar. De una buena vez, el gobierno debiese decidirse a actuar con decisión y fuerza para detener el crimen organizado y sus consecuencias. Si el gobierno realmente le interesa entrarle con todo a la delincuencia, debe comenzar por recuperar el control de todo el territorio nacional, empezando por el santuario de Temucuicui, donde no rigen las leyes chilenas, la policía no es capaz de ingresar y la entrada de las FFAA está vetada por las propias autoridades.
No puede decir que no aceptará más inseguridad en el país, y aceptar la existencia de santuarios en el sur.
Es un tema complicado políticamente para el gobierno, considerando su posición sobre los pueblos originarios, su apoyo a la división del territorio nacional en la primera convención constitucional, y el archivo que delata la cercanía entre lideres del gobierno actual y algunas de las principales autoridades de los movimientos de la autodenominada resistencia de la macrozona sur.
Pero si el tema comenzó por allá, debe terminar por allá. Los balazos que recibieron a la comitiva de Izkia Siches al iniciarse este gobierno pueden haber pasado desapercibidos por los primeros dos años, pero ya es hora de reconocer que más que una protesta legitima fue un atentado al Estado de Chile. El Presidente de Chile no puede terminar su mandato de buena forma si permite que en su registro sobreviva el hecho de que el ataque fue recibido sin represalia.
Si nada más, sería bueno que el Presidente pusiera orden en todas las localidades que creen que no deben obedecer el orden impuesto por la Constitución recientemente ratificada por el pueblo en las urnas. No puede ser posible que no se deje entrar a censistas a Temucuicui, y el Presidente no puede aceptarlo como legado de los gobiernos anteriores. Si nadie hizo nada antes, no significa que él no pueda.
Es obvio que recuperar los santuarios en el sur no pone fin a la crisis de seguridad, pero vaya que sería un buen comienzo. Sería, de partida, una señal inequívoca de que el gobierno no está jugando. Sería una señal de que el Presidente pondera más las acciones que las palabras. Sería, quizás, hasta el legado que busca el gobierno. Hay una oportunidad, una ventana de Overton que se abrió, y que Boric puede aprovechar.
Claro, Boric tendrá que enfrentar la resistencia interna. Pero eso es parte del juego. Nada ha sido fácil en los últimos años, pero no tiene por qué ser peor tampoco. Recuperar Temucuicui y los demás santuarios del sur es posible si el gobierno quiere. El Presidente tendría toda la razón, y el apoyo, si quiere realizar operaciones rápidas y acotadas para recuperar al país.
Si Boric quiere unificar al país y ponerle término a la crisis de seguridad, debe recuperar el territorio nacional.
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