Campanazo de alerta municipal. Por Claudia Miralles

El Estado ha quedado corto en materia de fiscalización, control y sanción sobre los recursos que son de todos los chilenos. Al mismo tiempo, la política ha estado al debe al no hacerse cargo de estas malas prácticas. Creemos en la presunción de inocencia, pero también en las señales políticas que permitan a la ciudadanía volver a confiar en la probidad de las instituciones públicas.

Recientemente terminó la negociación de las primarias de los partidos políticos con motivo de las próximas elecciones municipales.

Resulta oportuno en este contexto tomar nota que, desde el año 2021 los medios de comunicación han advertido que numerosas autoridades municipales han hecho mal uso de los recursos fiscales o simplemente han cometido actos de corrupción.

Imaginaccion Comunicación Estratégica preparó un Observatorio de Prensa sobre la corrupción municipal, considerando 602 noticias sobre este tema publicadas entre 2021 y 2023. El resultado es alarmante y hasta obsceno: los montos totales investigados ascienden a los $205 mil millones y 6,6 millones de personas vive en alguna de las 49 comunas donde se ha malgastado la plata de todos los chilenos.

El popurrí de delitos investigados incluye fraude al fisco, malversación de activos, cohecho, falsificación de instrumento público, lavado de activos, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito.

Nuestro país tiene múltiples necesidades. Con la plata defraudada o bajo investigación, en Chile se podrían haber construido 32 centros de salud familiar o 6.800 departamentos de subsidio (DS49) que pudieran cubrir una parte del tan dramático déficit de vivienda. No cabe duda de que se ha perdido todo orden de magnitud y decoro.

La contundencia del trabajo realizado por la prensa da cuenta de la gravedad del flagelo que azota a las administraciones municipales.

Los resultados muestran que el problema es transversal desde el punto de vista de la posición política de los alcaldes y funcionarios cuestionados: las denuncias abarcan gran parte del arco político e incluyeron a alcaldes independientes.

Estos datos hacen imprescindible tomar en serio la tan mencionada modernización del Estado. A todas luces, uno de cada siete municipios no tuvo o no ejerció los mecanismos de control adecuado que velaran oportunamente por el buen uso de los recursos fiscales.

El Estado ha quedado corto en materia de fiscalización, control y sanción sobre los recursos que son de todos los chilenos. Al mismo tiempo, en la revisión de prensa, la política ha estado al debe al no hacerse cargo de estas malas prácticas. Creemos en la presunción de inocencia, pero también en las señales políticas que permitan a la ciudadanía volver a confiar en la probidad de las instituciones públicas.

Simbólicamente, estas noticias horadan la reputación de la institucionalidad municipal.

Un campanazo a la memoria será muy útil para un voto informado, responsable y que nos aleje de los tan nocivos populismos.

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