Presupuesto 2023: levantemos la mirada hacia un mejor gasto público. Por Juan José Obach

Más allá de la discusión particular de este presupuesto es importante levantar la mirada hacia los problemas de fondo. Poco nos detenemos a analizar cómo el Estado administra sus recursos.

Con la presentación del Estado de la Hacienda Pública que hizo ayer el ministro Marcel a la Comisión Mixta de Presupuestos, empezamos a conocer más elementos sobre el Presupuesto 2023. Desde el punto de vista macro, con un crecimiento de 4,2% anual, el primer Presupuesto de la administración Boric parece ser responsable y creíble con la trayectoria de consolidación fiscal fijada por el mismo gobierno hace aproximadamente tres meses, que establece una meta de déficit estructural del 0,3% del PIB al 2026.

Según las estimaciones de Hacienda, un significativo aumento de los ingresos esperados para este 2022 (los que alcanzarían el 24,5% del PIB) junto con un importante ajuste del gasto (-24,5% con respecto al 2021) generarían un superávit corriente de 1,6% del PIB para este año. Estas son buenas noticias, considerando que el 2021 cerró con un déficit estructural histórico de -10,7% y un nivel de deuda de 36,3% del PIB, el más alto desde 1991. Dado este escenario, un Presupuesto que crece 4,2% anual cumple con el doble objetivo de ser contracíclico —con alta probabilidad el 2023 nuestra economía decrecerá— y al mismo tiempo acotado en su expansión para no generar presiones inflacionarias.

En lo programático, los tres principales objetivos del Presupuesto parecen alineados con las demandas ciudadanas: reactivación económica, seguridad y protección social. Si bien pareciera que el Ejecutivo sorteó con éxito la primera etapa de la definición de prioridades, hay que recordar que más recursos sin capacidades para ejecutarlos no sirven de mucho. Veamos.

En reactivación económica queda por ver la capacidad de gobiernos regionales para absorber mayores atribuciones en el plan de inversión pública. Por ahora las noticias no son muy alentadoras: hasta el 31 de agosto de este año, según datos de la Dipres, hay una ejecución presupuestaria en inversión regional de apenas un 35,4%. Muy inferior a lo registrado, al mismo periodo de tiempo, durante la administración de Bachelet (57,9%) y Piñera (55,9%). Así, urge saber las medidas que tomará el gobierno para acelerar la ejecución de estas obras.

En protección social, se anunció que la Pensión Garantizada Universal (PGU) llegará 2,3 millones de beneficiarios. Sin embargo, la administración del gobierno con los pagos de este año levanta dudas sobre su capacidad de gestionar efectivamente estos recursos. Durante el 2022, el Gobierno apenas ha logrado aumentar la cobertura de la PGU en 60.000 beneficiarios, pese a que la meta era de 600.000. Cuesta entender por qué no se cumplió con lo establecido por ley, si el Ejecutivo tuvo seis meses para dictar el reglamento y aplicar el nuevo instrumento de focalización que mandataba la ley.

Por último, resulta inentendible que –en desmedro de la educación superior– se deje prácticamente en el olvido a la educación preescolar y escolar, cuando producto del cierre excesivo de escuelas los niños, niñas y adolescentes vivieron un verdadero “terremoto educacional”.

Más allá de la discusión particular de este presupuesto es importante levantar la mirada hacia los problemas de fondo. Poco nos detenemos a analizar cómo el Estado administra sus recursos. Por ejemplo, de los 699 programas públicos vigentes, hay un 27% que presenta alguna deficiencia en su diseño (4,5% del PIB). A esto se suma que las evaluaciones anuales que realiza la Dipres son de bajo alcance y no hay claridad sobre los criterios para elegir los programas que se evalúan.

Con todo, deberíamos poner el foco en una agenda de mejor gasto público de largo plazo que considere, entre otras cosas, avanzar hacia la instalación de un Presupuesto en Base Cero y estructurar la discusión presupuestaria en base a objetivos de gasto público. Estas dos medidas ayudarían a romper con la inercia presupuestaria que hoy existe. Junto con esto, fortalecer las competencias del Congreso, creando una Oficina de Presupuestos del Congreso y darle más protagonismo a la Comisión Nacional de Productividad y Evaluación para que anualmente proponga un listado de programas, instituciones y/o políticas públicas para evaluación ex post.

Aun cuando se apruebe el Presupuesto 2023, las demandas por un mejor gasto público seguirán. De esta manera, la discusión presupuestaria de los próximos meses puede ser una oportunidad para que el Gobierno, en conjunto con el Parlamento, definan una agenda de mejor gasto público con mirada de largo plazo, para gastar de manera eficiente, efectiva y transparente los recursos de todos los chilenos.