Crimen de carabineros: La regulación del uso de la fuerza de las FFAA vuelve a entramparse tras 1 año de debate

Con la suspensión de la semana regional y distrital, la Cámara de Diputadas y Diputados, y el Senado, esperaban tramitar de manera urgente proyectos en materia de seguridad que están actualmente en comisiones tras el alevoso crimen en contra de 3 carabineros, el fin de semana. El problema es que persisten discrepancias de fondo entre la oposición y el Ejecutivo, que se arrastran hace ya casi un año. La oposición, por ejemplo, busca impulsar que sea la justicia militar quienes juzguen el actuar de los militares y las policías. El oficialismo quiere que los eventuales delitos de los uniformados sean revisada por la justicia civil, como es en la actualidad. Aquí los detalles de un conflicto que parece no terminar.

Contexto. Hasta el ex Congreso llegaron la tarde de este lunes los integrantes de las comisiones de Constitución y Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. El encuentro tenía como objetivo tramitar con celeridad el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), luego de lo ocurrido el sábado con el asesinato de los tres Carabineros en la comuna de Cañete, Región del Biobío.

• El proyecto fue ingresado el 10 de abril de 2023 y durante el año pasado prácticamente no se tramitó al existir severas discrepancias entre la oposición y el gobierno.
• Ahora, con nuevas indicaciones ingresadas por el Ejecutivo, los parlamentarios buscan despachar la iniciativa este martes para que el jueves sea votada por la sala.

Profundas diferencias. Son varios los puntos que han generado discrepancias entre la oposición y el gobierno. Pero la profundidad de las diferencias amenazan con entrampar uno de los proyectos clave que el Parlamento se autoimpuso aprobar esta semana, luego de que acordaran suspender la semana distrital y dar una señal tras el asesinato de los carabineros.

Durante la jornada se pudo superar el tipo de responsabilidad que buscaba establecer el Gobierno para el uso de la fuerza de las FFAA, que entre otras cosas incluía la “omisión de mando”, un tema en que la oposición no estuvo dispuesta a avanzar al ser el concepto por el cual se formalizará el 1 de octubre al general director de Carabineros Ricardo Yáñez por su rol el 18-O.

En otros asuntos de la ley, sin embargo, no se logró un acuerdo.

1.Prohibición de tortura y Código Penal. En el debate no hubo acuerdo en torno a un artículo que establecía la prohibición de tortura. La oposición argumentó que aquello ya está reglamentado en el Código Penal. El artículo, finalmente, fue rechazado.

• “El gobierno concibe el proyecto desde la lógica de que las policías y FF.AA. se pueden exceder en el uso de la fuerza y por eso hay que regularlos haciéndose extensivo aquello a una regulación excesiva, poco clara, ambigua, subjetiva, con el agravante de que esto tiene aplicación esencialmente penal, por lo que aquello puede repercutir en una desprotección evidente ante este prejuicio y sesgo ideológico ahora llevado al texto de la ley”, dice Andrés Longton (RN), presidente de la comisión de Seguridad.

2.Deber de identificación. Desde la oposición tampoco comparten los deberes establecidos en el proyecto, principalmente el deber de identificación, advertencia y de reportar de las FFAA. Aún no se ha votado esta materia, pero no está claro si se podrá llegar a un acuerdo.

3. Resguardo de menores. El Ejecutivo además ingresó una indicación para establecer el “deber de protección y resguardo de niños, niñas y adolescentes”. Con esto tampoco están de acuerdo en la oposición toda vez que se establece, según plantean, un deber de un grupo de la población que también pueden estar cometiendo un delito. Aún no se vota esta norma y aún no hay acuerdo.

4.Justicia militar. Pero aún más complejo que lo anterior, en el proyecto de RUF la oposición buscará establecer que sea la justicia militar la que resuelva los casos en los que haya controversia respecto del actuar de las fuerzas. Esta iniciativa se votará este martes.

• Este punto, dicen fuentes de gobierno, es una solicitud realizada por la Armada y plantean que como Ejecutivo en ningún caso van a apoyar una indicación de este tipo.
• “Es completamente irresponsable querer imponer una norma que devuelva a la justicia militar las implicancias de los actos militares y policiales donde estén involucrados civiles. No podemos renunciar a nuestra tarea de construir una legislación racional, donde entendamos que quien porta armas a nombre del Estado tiene la mayor responsabilidad”, dice el diputado Jaime Araya, jefe de la bancada independiente PPD e integrante de la comisión de Seguridad.
• Si es que están los votos o no, aún no está del todo claro, ya que en los denominados partidos bisagras aún no definen cómo votar.

“Reforma al sistema político encubierta”. Otro de los proyectos en los que hay discrepancias es en el que crea el Ministerio de Seguridad. La iniciativa está en segundo trámite constitucional, pero en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados se realizaron extensas modificaciones a lo hecho por el Senado.

• Ahora, el proyecto está casi listo para pasar a sala, pero su tramitación fue suspendida hasta el 6 de mayo a la espera de que el Ejecutivo presente propuestas relativas a las nuevas atribuciones que tendrá el Ministerio del Interior toda vez que será despojado de sus facultades en materia de seguridad.
• Y aquí, tanto en el oficialismo como en la oposición, hablan de una “reforma al sistema político encubierta”, toda vez que la idea del gobierno es que ahora Interior tenga la facultad de coordinación de los otros ministerios, entregándole una mayor jerarquía.
• En la oposición, señalan, no aprobarán en ningún caso algo por el estilo.

Para leer más noticias de Ex-Ante ingrese acá.