La necesidad de potenciar el sistema de transmisión para avanzar en la transición energética nacional es un aspecto conocido y reforzado en los últimos años. No hay otra forma de transportar la energía renovable generada en el norte y sur del país —que en 2023 representó más del 60% de la matriz— hasta los centros de consumo donde se requiere su uso, para hacer posible las metas de electrificación y descarbonización a que el país se ha comprometido. Por ello, las grandes redes que conectan el país son planificadas y mandatadas por el Estado y tienen interés nacional.
Sin embargo, la evaluación ambiental actual no se condice con las necesidades de desarrollo de estas verdaderas “carreteras eléctricas”. No existe durante ese proceso un balance adecuado entre los grandes beneficios sistémicos y ambientales que se generan y las posibles consecuencias que pueden emanar de un proyecto, a las que tiende a asignársele un peso mayor.
En general, los proyectos lineales —que muchas veces cruzan más de una región, atraviesan varias comunas y permiten la conexión de muchos puntos conexos— son generalmente tratados del mismo modo que las iniciativas emplazadas en un solo lugar, aplicándoseles los mismos plazos de respuesta o criterios que no toman en cuenta sus múltiples complejidades asociadas, generando inflexibilidades y demoras administrativas injustificadas.
Esta realidad termina postergando proyectos, demorando el aporte sustancial de las redes para la calidad de vida de las personas y los objetivos sostenibles del país.
Un ejemplo de ello es lo que está ocurriendo actualmente con la línea conocida como “Itahue-Hualqui”, el segundo mayor proyecto de transmisión del país, después de “Kimal-Lo Aguirre”.
El proyecto materializa una inversión directa de US$ 324 millones, que permitirá transportar la energía de 18 nuevos proyectos de generación renovable, los que en conjunto superan los US$ 5.000 millones en inversión y supondrán la creación de alrededor de 10 mil empleos (incluyendo 720 directos) en los próximos años. Todo ello aportará al sistema más de 3.700MW de energía verde, que mejorarán las condiciones de seguridad de suministro para más de 20 comunas en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío y disminuirán la brecha actual de más de 4000 km de líneas que requiere hoy Chile.
Sin embargo, tras un largo proceso de casi cuatro años y tres participaciones ciudadanas, la línea corre peligro de no ser aprobada ambientalmente, pues se ha recomendado su rechazo en virtud de observaciones tendientes a la salvaguarda del bosque nativo identificado en dos de las 1.387 torres que se construirán en el trazado de 395 km. A pesar de que la situación podría ser condicionada a una solución por parte del titular (como la búsqueda de una variante, por ejemplo), se opta desproporcionadamente por la negativa a continuar con todo el proyecto.
La evaluación sopesada de beneficios y costos de un proyecto no atenta contra los más altos estándares socio-ambientales que deben hacerse exigibles a los titulares. Por el contrario, ella robustece las decisiones, les da legitimidad y permite que los proyectos de inversión que crean valor para el país sean considerados en su justo mérito y en relación a sus propias consideraciones específicas. Hacia allá debemos avanzar.
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