Sin inversión no hay crecimiento. A diferencia de palancas como el gasto público que generan un aumento temporal de la demanda, la inversión permite incrementar las capacidades productivas del país y elevar su crecimiento potencial de largo plazo. Lamentablemente, hace tiempo que en Chile la inversión viene a la baja y el futuro no es alentador. Urge que al alero de un buen pacto fiscal se generen incentivos tributarios (y medidas no tributarias) para reactivar la inversión; modernizar la gestión del Estado para que sea un catalizador y no una traba a los proyectos de inversión y reposicionar a Chile como un destino atractivo para la inversión extranjera.
El Informe de Política Monetaria (IPOM) de junio no trae buenas noticias. Para este año se estima una caída de la inversión de 3% y para el próximo, otra más; esta vez del 1%. Si bien estas disminuciones responden en gran medida al proceso de reajuste que atraviesa la economía, la mirada de largo plazo tampoco es alentadora. Si en la década 2000-2010 la tasa de crecimiento de la inversión fue de un 9%, en la década siguiente (2010-2020) se desplomó a un 3%. Esta abrupta baja –junto a una productividad estancada y una severa incapacidad política para avanzar en reformas estructurales– tienen al país sumido en una crisis de crecimiento. Hace una década que Chile no crece y si seguimos por el mismo rumbo, en la próxima tampoco la hará. De hecho, para el periodo 2023-2032 el Banco Central estima un magro crecimiento potencial de 2,1% anual.
Es necesario actuar, y rápido. Hace unos días el ministro Marcel comprometió la propuesta de pacto fiscal para fines de este mes. Una medida concreta a incorporar podría ser una rebaja inmediata de 2 puntos del impuesto corporativo, de 27% a 25%, y una rebaja adicional de 2 puntos más de manera gradual en el tiempo, para converger al promedio OCDE de 23%. Esto tendría un costo fiscal de 0,6% del PIB que podría ser fácilmente financiado con un compromiso de mejor gasto público, eliminación de exenciones tributarias o atacando con más fuerza la evasión.
Para que haya más inversión, también es necesario aumentar el ahorro. Lamentablemente, en la última década el ahorro bruto (ingresos menos consumo) ha caído 7 puntos, desde un 23% del PIB en 2013, a un 16% en 2022. Una manera de aumentar el ahorro es avanzar en una buena reforma previsional que aumente las contribuciones a las cuentas de ahorro individual, aumentando progresivamente la tasa de cotización actual (10% vs promedio OCDE de 16%) y generando incentivos para aumentar la base de contribuyentes.
Otra de las barreras a la inversión es la excesiva permisología (ambiental y sectorial) a la que se ven enfrentados los proyectos de inversión. Manteniendo los mismos estándares ambientales y sociales, el Estado podría hacer una mucho mejor labor en este frente y ser, de una vez por todas, un aliado de los privados en la formulación de los proyectos. Hoy la situación es la opuesta. La incerteza jurídica en varios sectores, extensos tiempos de tramitación y una excesiva intromisión de criterios políticos en desmedro de evaluaciones técnicas (proyecto Egaña Sustentable o Dominga, por nombrar algunos) generan una barrera a la inversión que termina afectando en mayor medida a las empresas más chicas, que no cuentan con los recursos para contratar un ejército de abogados y consultores para sortear estas vallas.
Lamentablemente, el actual gobierno no ha mostrado ni muñeca política para avanzar en reformas pro-inversión ni sentido de urgencia en la gestión administrativa. La crisis climática que atravesamos, nuestro potencial en energías verdes y la producción de insumos críticos para la electromovilidad como el litio y cobre, nos abren un mundo de oportunidades para tener más y mejor inversión. Sin embargo, se avanza a un irritante paso cansino. En lo que va del 2023 el MOP no ha adjudicado ni un solo proyecto de su cartera de inversiones. Tal como advertí en otra columna, la Estrategia Nacional del Litio llega tarde y con serios problemas de diseño. Por último, el proyecto de royalty minero, recientemente aprobado por el Congreso, nos hizo perder atractivo en relación a competidores directos como Canadá o Perú.
“Opto por la flexibilidad por el bien del país”. Así se titulaba una reciente carta del ministro Marcel, en respuesta a la editorial de un diario que criticaba duramente su actuar en la reforma tributaria. Acierta el ministro cuando plantea que la clave es tener la flexibilidad necesaria para generar acuerdos que permitan financiar las necesidades urgentes de la gente. En este caso, “flexibilizar” posturas iniciales para imprimir un sello pro-inversión y pro-crecimiento a un eventual pacto fiscal, honraría sus palabras.
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