Casi dos semanas después del anuncio del gobierno sobre la Estrategia Nacional del Litio, son más dudas que certezas las que giran en torno al desarrollo de esta industria. Antes de cualquier análisis, es sano dar un paso atrás y preguntarnos sobre qué queremos como país para la industria del litio. Me aventuro con un objetivo que asumo la gran mayoría comparte: “Maximizar la producción y rentas para el Estado, de manera sostenible ambiental y socialmente”.
A continuación, describo cuatro nudos o problemas de la estrategia, que nos exigen cambiar el rumbo y actualizar nuestra mirada sobre qué significa una colaboración público-privada efectiva. De lo contrario, no solo nos alejaremos del objetivo planteado, sino que quedaremos relegados en una carrera donde ya estamos perdiendo competitividad.
Las políticas industriales modernas son aquellas que tienen como norte una colaboración virtuosa entre privados y Estado, donde los primeros logran revelar los cuellos de botella que no permiten que la industria se desarrolle y el Estado, por su parte, apoya con instrumentos para lograr sortearlos (Rodrik, 2004; Crespi et al, 2014). Lamentablemente, lo presentado por el gobierno a la fecha, dista mucho de esto y se ancla en la añeja visión de control estatal versus libre mercado (Estado versus privados). Ojalá el gobierno entienda que existen una serie de herramientas modernas, mucho más eficaces que la participación mayoritaria del Estado, que nos permitirían desarrollar la industria del lito de manera sostenible y competitiva en el tiempo.
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Quienes crean que bajo estas nuevas reglas podrán seguir haciendo lo que hacen hasta hoy, especialmente si es más formal que operativo, es probable que se lleven una desagradable sorpresa.