Salvador Valdés, economista: “Veo el fin de las AFP como una propuesta con tejo pasado, pensada para negociar”

El economista Salvador Valdés Prieto, Senior Fellow de la UAI,  doctor en Economía por el MIT, cree que el ministro de Hacienda ha intentado “satisfacer a la vez a un comité político de ministros que es bastante radical en temas económicos, y a los actores de la actividad económica real y financiera, que piden más prudencia”. En esta entrevista analiza algunos aspectos de las reformas tributaria y previsional planteadas por el Gobierno. “La reforma tributaria está teniendo un impacto negativo sobre la inversión privada, reduciendo la creación de empleos de calidad”, dice.

-El director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, consideró que la reforma  tributaria en Chile, “avanza en la dirección correcta”, pero llamó a ser responsable en el gasto fiscal. ¿Es una visión adecuada?

-En un sentido general, es necesario reparar el insuficiente financiamiento del último gran programa de gasto de Piñera II, que tomó la pensión básica “recargada” que se aplica a partir de enero de 2022 (su nivel quedó encima de la del país mediano de la OCDE, en relación al salario medio) y la extendió a la clase media y clase media alta (hasta el percentil 80  e incluso en parte hasta al percentil 90 de la distribución de ingresos de los mayores). El informe financiero de ese último programa de gasto de Piñera II escondió el impacto fiscal a partir de 2051, que es tremendamente deficitario, por efecto del envejecimiento brusco de la población chilena.

-Klaus Schmidt-Hebbel sostiene que “de aprobarse como ley -la reforma tributaria- constituiría la cirugía más radical realizada a nuestro sistema tributario. La propuesta eleva a niveles extremos los impuestos a los ingresos del capital que pagan las empresas y las personas”.  ¿Comparte ese pesimismo?

-No se trata de actitudes psicológicas como pesimismo u optimismo. Se trata de medir la carga que significa la propuesta para distintos sectores, de proyectar las respuestas probables de los afectados y la recaudación a obtener. En este mirada, el impuesto sobre el ahorro que algunas personas retienen en sociedades sí llegaría a niveles extremos, de ser aprobada la propuesta, además de introducir inequidades grandes e injustificadas entre las rentas del capital y del trabajo.

-Uno de los puntos polémicos es incorporar tributos a las transacciones financieras. ¿Qué consecuencias tendría esta medidas?

-El tributo a las transacciones financieras (impuesto Tobin) que algunos han propuesto, castigaría con fuerza la profundidad del mercado financiero chileno, lo que genera daños macro: disminuye la resiliencia y la estabilidad financieras de Chile ante choques futuros, que seguiremos generando internamente o llegando del exterior.

-Habría cierto consenso en que se establecería una carga tributaria máxima de 50% sobre el total de ingresos de capital, considerando impuesto a la renta e impuesto al patrimonio.  Con estas enmiendas, la iniciativa recaudaría 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir US$1.700 millones menos que la propuesta original. ¿Cómo evalúa el papel del ministro Marcel en el proceso? ¿Se ha manejado con prudencia?

-El ministro Marcel ha tenido un rol ambivalente, intentando satisfacer a la vez a un comité político de ministros que es bastante radical en temas económicos, y a los actores de la actividad económica real y financiera, que piden más prudencia.

-Por otra parte, la reforma previsional contempla entre otras cosas el fin de las AFP y una cotización extra del 6% a cargo del empleador que iría a cuentas nocionales o estatales. ¿Cuáles son los aspectos más negativos y más positivos de la propuesta?

-Usted pregunta por dos medidas. Respecto al “fin de las AFP”, me parece que el diagnóstico es errado y audaz en confiar la gestión administrativa de un sistema complejo como la previsión de vejez a un ente público de pobre desempeño histórico, como es el IPS y su sucesor propuesto, el “Administrador Público” (APA). Lo veo como una propuesta con tejo pasada, pensada para negociar.

Respecto a la cotización extra de 6%, está claro que será percibida (correctamente) como un impuesto al empleo con seguridad social, adicional a los oros impuestos similares que ya existen. El 7% de salud es prácticamente impuesto puro y el 11,2% que hoy gestionan las AFP lo es en buena parte también, tanto por la iliquidez de este ahorro como por la imprevisión de muchos trabajadores. Este impuesto llevará a muchos a optar por empleos por cuenta propia que no dan boleta de honorarios (están legalmente exentos de cotizar) y por empleos informales en pymes y contratistas de manos de obra. Debido a la ausencia de medidas mitigadores eficaces (de las ineficaces hay varias en el proyecto), el impacto de este aumento de cotización será aumentar las interrupciones de cotización (lagunas previsionales), lo que reduce las pensiones contributivas, en el segmento de ingresos medios y bajos.

-La reforma no se hace cargo de la edad de jubilación, que en las mujeres es de 60 años, pese a que viven más que los hombres. ¿Es un error?

-Los autores de la reforma lo saben muy bien, pero no se han atrevido a abordarlo. La respuesta equitativa es crear un Consejo Actuarial Autónomo que establezca tablas de vida diferenciadas según nivel de escolaridad, e igualar gradualmente las edades de inicio de pensión de las mujeres, que hoy es 5 años inferior a la de los hombres.

-El panorama económico para 2023 es sombrío. ¿Cómo estas reformas impactan en ese escenario?

-La reforma tributaria está teniendo un impacto negativo sobre la inversión privada, reduciendo la creación de empleos de calidad. La reforma previsional está recién empezando, así que falta mucho para que tenga efectos en la macroeconomía.