Partamos por las malas noticias. En las últimas décadas, el sector minero ha perdido el dinamismo que lo caracterizaba. Ante la falta de nuevos descubrimientos y el envejecimiento de los yacimientos existentes, nos encontramos con una producción de cobre estancada desde hace 20 años. A nivel internacional, el sector experimenta una caída en la competitividad, lo que se ve reflejado en el retroceso de Chile en varios rankings mundiales y en la menor participación de mercado del cobre, que ha disminuido desde un 36% a mediados del 2000 a un 27% en la actualidad. La crisis actual de Codelco es un síntoma de esta trayectoria.
¿Por qué estamos en esta situación desmejorada? Nuestra sociedad ha experimentado cambios vertiginosos, lo que en la industria minera se ha traducido en mayores demandas por sustentabilidad, mejores relaciones con la comunidad y mayores estándares ambientales. Sin duda, en algunos casos estos cambios y adaptaciones no se han realizado con toda la rapidez y calidad que la ciudadanía ha demandado. Por otra parte, la situación regulatoria e institucional también ha tenido un impacto relevante. La minería es una industria de largo plazo y los inversionistas necesitan de un entorno estable que entregue certeza y estabilidad en las reglas del juego. En el último tiempo, la crisis social de 2019, el proceso constitucional en que todavía nos vemos envueltos y la larga discusión sobre impuestos a este sector, sin duda que han tenido un impacto significativo en el desarrollo de esta industria.
Después de años con proyectos de royalty disímiles con cargas tributarias que nos dejaban fuera de competencia, la tramitación desde el 2022, en el contexto de la reforma tributaria del gobierno, ha mostrado importantes avances. En la discusión en la Comisión de Minería y Energía del Senado el Ejecutivo estuvo abierto a corregir las imperfecciones que se detectaron en el diseño original del tributo. A modo de ejemplo, se redujo a una tasa fija de 1% el impuesto sobre las ventas de cobre (llamado también ad valorem), aminorando la distorsión que produce este tipo de gravámenes.
Sin embargo, el diseño actual todavía presenta tasas comparativamente elevadas en algunos casos. Así lo hicimos ver en una investigación reciente junto a Rodrigo Vergara, donde advertíamos sobre las altas tasas de impuesto en empresas mineras con alto margen. ¿Cómo quedamos respecto de otros países? Para organizaciones con margen operacional superior al 50%, la carga tributaria total se ubicaría en un nivel elevado cuando nos comparamos con otras jurisdicciones mineras relevantes para Chile.
Lo anterior es una oportunidad para la discusión que se inició la semana pasada en la Comisión de Hacienda del Senado. El gobierno se mostró favorable a establecer un límite a la carga tributaria total que enfrentarán las empresas, considerando todas las fuentes de impuesto. Esta propuesta sin duda entregaría mayor seguridad a los inversionistas y al mismo tiempo simplificaría la discusión legislativa, donde todavía no hay claridad respecto de cómo debe calcularse la carga tributaria total. Pero, ¿cuál tiene que ser ese límite?
Debería ser aquel que nos deje en una posición que nos permita seguir siendo competitivos. Según un estudio del FMI, la media de carga tributaria comparada es de aproximadamente 44%, aunque es menor si solo se consideran los países con los que compite Chile. Estas cifras están en el rango de otros estudios comparados recientes. Lo anterior requiere limitar la carga tributaria total de empresas de alto margen, probablemente no más allá del 50%.
Es de esperar que la tramitación del royalty siga con el mismo espíritu de diálogo y consensos de estos últimos meses. No se debería empañar por las voces que han planteado utilizar este tributo para compensar el déficit de recaudación que provoca el reciente rechazo a la reforma tributaria. Si una lección se puede sacar de este episodio es la necesidad de una mayor cautela por parte del Ejecutivo y la importancia de contar con acuerdos transversales en materias fiscales. Es decir, comenzar por fin con las buenas noticias.
Sin duda el diseño del royalty es una de las discusiones claves respecto de cómo avanzamos en más y mejor minería, pero no la única. Si no abordamos los principales desafíos que tiene la industria y no entregamos un marco de estabilidad y claridad en las reglas del juego, nos seguiremos quedando atrás. El propio proyecto del gobierno asume en sus cálculos que un tercio de toda la recaudación del royalty será por aumento de la producción. Chile está frente a una de las mayores oportunidades en su historia. La transición de la matriz energética mundial aumentará exponencialmente la demanda por metales que tenemos en abundancia. Si lo hacemos bien, esta oportunidad única se podría convertir incluso en una pieza clave para el camino al desarrollo y los mayores niveles de bienestar que nuestra sociedad anhela.
El Bitcoin alcanzó un máximo histórico al superar los US$100.000, impulsado por factores regulatorios, institucionales y tecnológicos. Este activo intangible se ha consolidado en los mercados financieros globales. En Chile, su adquisición se hace a través de plataformas públicas y requiere cumplir con el pago de impuestos.
La fiscalización del comercio informal en Lo Barnechea no es exceso de celo, sino una medida necesaria para evitar una pendiente resbaladiza que normalice conductas indebidas.
El IPSA avanzó un 0,43%, cerrando en 6.660 puntos, con un volumen transado muy por encima del promedio reciente. Mallplaza destacó tras concluir la OPA en Perú, mientras el dólar bajó a $970 y el cobre retrocedió un 0,3%.
El IPSA cerró con un leve alza del 0,02%, ubicándose en 6.631 puntos, impulsado por Latam. El dólar subió a $975, mientras el precio del cobre se mantuvo plano. En tanto, las ventas del Black Friday 2024 superaron los US$550 millones, destacando el crecimiento del comercio electrónico.
Hasta la fecha, se estima que han salido del país más de US$8 mil millones en divisas. Esta fuga de capitales no solo debilita la economía interna, sino que también reduce la capacidad del Estado para financiar proyectos esenciales y mantener la estabilidad económica.