Uno de los desafíos más apremiantes del sector de la infraestructura es legitimar el rol de las concesiones viales como un aporte efectivo para una mejor calidad de vida de los habitantes del territorio y de sus usuarios, además de ser una contribución a mejorar los niveles de productividad.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP), con el apoyo de la industria en muchos casos, se ha empeñado en diseñar iniciativas que apuntan en esa dirección, como el programa “Buen vecino”, cuyo fin es adecuar obras que se diseñaron hace cerca de 30 años a las necesidades de hoy en el entorno en el cual se inserta. Algunas iniciativas se han llevado a cabo en concesiones que están operativas -utilizando para ello las facultades que goza el mandante para pedir obras adicionales-, y otras se pretenden incluir en la segunda generación de concesiones que están por vencer y deben ser relicitadas.
Entre los servicios adicionales que se quiere incorporar se encuentran medidas (obras, equipamiento y tecnologías, entre otras) para contribuir con la policía en la detección de delitos por trasgresiones extremas a la Ley de Tránsito o por infracciones cometidas contra las personas. Para ello se está tramitando en la Comisión de Obras Públicas del Senado un cambio en la Ley de Concesiones.
La discusión parlamentaria se está llevando a cabo en un ambiente de gran cordialidad y coincidencia entre legisladores de diferentes partidos políticos y de estos con los representantes del Gobierno. Este ambiente, además de contribuir con una visión algo más optimista acerca de cómo operan nuestras instituciones y de la buena disposición para diseñar políticas públicas que aporten a la solución de problemas muy sentidos por la comunidad, permite suponer que habrá prontos anuncios que serán muy bienvenidos.
A esta iniciativa necesariamente debe sumarse la industria públicamente: su aparente prescindencia no es bien evaluada. El conocimiento evidente que tienen las empresas de lo que sucede en las rutas que tienen a cargo debería ser material suficiente para hacer propuestas que reviertan la sensación de que hoy estas son las vías de escape para la delincuencia y no un lugar seguro para su captura. Este aporte, esperado por la comunidad, será una contribución al debate que se lleva en el Congreso y al diseño de soluciones realistas y de pronta aplicación.
En medio de la discusión, llaman la atención las inquietudes manifestadas por algunos parlamentarios acerca de aspectos fundamentales del sistema de concesiones que opera en Chile desde hace más de 30 años, muchas de las cuales se debe a una evidente falta de información. Está instalado en el ambiente la idea de que una concesión es una suerte de privatización de la infraestructura que se transfiere a un privado para invertir en ella y operarla. Resulta necesario recuperar la idea de que estas son infraestructuras del Estado y, por lo tanto, deben estar al servicio de los intereses de los ciudadanos, a partir de un modelo de asignación de responsabilidades en el que cada parte aporte lo que le corresponde.
Al mismo tiempo, es necesario demostrar que las rentabilidades asociadas a las concesiones en su ciclo de vida se encuentran dentro de un rango absolutamente normal para inversiones de grandes dimensiones que se diseñaron a fines del siglo pasado cuando en el país imperaban riesgos muy superiores a los actuales. Se trata de una industria que no existía y que se impulsó con un gran acuerdo político, pero con muy poca experiencia. Insistir en que ese sector ha rentado por sobre lo razonable -sin una demostración clara de ello-, daña la credibilidad del sector y dificulta su proyección para el futuro.
Con el ambiente que prima hoy en la Comisión de Obras Públicas del Senado estamos seguros de que se podrá avanzar en estos puntos y adaptar un sistema que tantos beneficios le ha dado al país, de la mano de la alianza pública-privada.
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