El sistema de requerimientos de capital para las compañías de seguros en nuestro país se ha ido quedando atrás, está lejos de los estándares internacionales y del marco que se aplica actualmente a los bancos en Chile, que con Basilea III, se puso definitivamente al día.
En lo principal, el régimen actual no es sensible a los riesgos que están asumiendo las aseguradoras. Esto implica que las compañías pueden asumir niveles altos de riesgo, sin que exista una compensación de capital que permita proteger su solvencia en el caso que los riesgos se transformen en pérdidas. Este régimen de capital inocuo respecto de los riesgos genera incentivos inadecuados y problemas de competencia en el mercado, ya que tiende a perjudicar a las compañías más conservadoras y genera un desequilibrio entre grupos locales e internacionales.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) acaba de anunciar que en lo que queda del año se enviará un nuevo proyecto de ley que va a corregir esta situación, y que tiene como base un requerimiento de capital basado en riesgos (CBR), que incluirá tanto riesgos técnicos propios de la actividad aseguradora, como riesgos financieros (mercado, crédito) y operacionales y tecnológicos. Además, al igual que en los bancos, el nuevo sistema considerará un requerimiento de capital de Pilar II, asociado a la calidad de la gestión de riesgos de las compañías y a su proceso de autoevaluación de la suficiencia de capital (ORSA), el cual puede llegar a incrementar hasta en un 40% el requerimiento de capital de Pilar I.
Es una buena noticia que la regulación se modernice y esté a tono con las exigencias a nivel internacional. Esto no solo permitirá corregir una debilidad manifiesta del régimen de solvencia de la industria de seguros, que puede afectar su estabilidad y potencial de crecimiento futuro, sino también genera una competencia más justa en el mercado. Nadie puede estar en contra que las aseguradoras tomen riesgos, ese es precisamente su negocio, el asunto es que los riesgos que se tomen vayan de la mano con el capital que aportan los accionistas y que exista un régimen que dé garantías de mantención de adecuados niveles de solvencia en la industria.
Esperamos que esta vez sí se concrete y no suceda lo que ocurrió con un proyecto similar presentado en el año 2011, que aún se encuentra en “discusión” en el Congreso.
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