Niños sin matrícula y restricciones para abrir nuevos colegios: ¿Quién paga la cuenta? Por Raúl Figueroa Salas

“La capacidad de gestión de un gobierno, tantas veces ninguneada, es una pieza fundamental de las políticas sociales efectivas. Diagnósticos claros, objetivos precisos y acciones concretas con una mirada local son necesarias para abordar las urgencias. La tendencia a la centralización y deshumanización de las propuestas como una vía de solución tiende a fracasar y es así como “Anótate en la lista” no ha sido la excepción”.

El inicio del año escolar ha hecho noticia por la alarmante situación de los niños y jóvenes que quieren estudiar, pero no han podido hacerlo por la falta de cupos donde matricularse. Según informó el Ministerio de Educación, al cierre del primer proceso de matrícula en diciembre de 2023, la escasez de cupos era de 5.800, cifra que se redujo a 880 a fines de marzo del presente.

La situación es grave y debe analizarse desde dos puntos de vista. Por un lado, qué gestiones se han hecho para, en lo inmediato, revertir la situación y qué tan efectivas han resultado. Por otro, cuáles son las causas más profundas y en qué momento serán abordadas por la autoridad.

En lo que se refiere a la gestión, ésta ha sido débil y ha estado marcada por la ausencia de trabajo territorial efectivo y la opacidad en torno a soluciones centralizadas que, lejos de resolver, han hecho más engorrosa y lenta la operación de hacer coincidir la demanda con la oferta.

Con el propósito de evitar las filas de apoderados que se producen en el verano para concluir el proceso de matrícula de quienes quedaron insatisfechos con la asignación de cupos por el Sistema de Admisión Escolar, el Ministerio de Educación puso a disposición una nueva plataforma centralizada llamada “Anótate en la lista”. Sin dudar de las buenas intenciones de las autoridades, lo cierto es que sostenedores y apoderados han señalado que esta aplicación hizo más lento el proceso y menos efectivo en sus resultados.

Además, se ha cubierto de dudas luego de que la prensa diera a conocer que los diseñadores de la plataforma ofrecen un servicio pagado adicional, cuyos efectos no están claros, y que llevó a la ministra Secretaria General de Gobierno a señalar que “se utiliza la capacidad de pago de las familias para acceder a cupos dejando atrás a otros, como para saltarse la fila, y eso es algo abusivo que no podemos permitir”.

Si bien el ministro Cataldo señaló algo distinto y luego la vocera de Gobierno rectificó sus dichos, lo que ha quedado en evidencia es que las autoridades no entienden cómo funciona la plataforma cuyo diseño encargaron y el problema de fondo, los niños sin matrícula, aún no se resuelve.

Esto nos lleva a reiterar que la capacidad de gestión de un gobierno, tantas veces ninguneada, es una pieza fundamental de las políticas sociales efectivas. Diagnósticos claros, objetivos precisos y acciones concretas con una mirada local son necesarias para abordar las urgencias. La tendencia a la centralización y deshumanización de las propuestas como una vía de solución tiende a fracasar y es así como “Anótate en la lista” no ha sido la excepción.

Ahora bien, como anticipamos, la falta de gestión es solo parte del problema. Urge ir a las causas del fenómeno que se encuentran en una de las tantas medidas que se impulsaron durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet en materia educacional, y que se caracterizaron por un marcado sello ideológico y un desprecio por la evidencia.

Dichas reformas incorporaron fuertes desincentivos a la construcción de nuevos establecimientos educacionales subvencionados, además de restricciones específicas para gran parte del territorio nacional. Así, se estableció que sólo se financiarían nuevos proyectos educativos en la medida en que se acredite que vienen a cubrir una demanda insatisfecha, o bien, que se traten de iniciativas claramente diferentes a las ya existentes.

Por supuesto, este requisito debe demostrarse una vez hecha la inversión, lo que implica que desde 2015 a la fecha, prácticamente no se han creado nuevos colegios subvencionados y los existentes no se han ampliado. La falta de cupos como consecuencia de estas restricciones se ha hecho cada vez más evidente, así como se ha hecho cada vez más fuerte el consenso técnico sobre la necesidad de revertir esta situación.

Los efectos de estas medidas fueron anticipados en el debate de la época, pero los impulsores de la reforma hicieron oídos sordos. Asimismo, ante el Tribunal Constitucional se alegó que estas medidas restrictivas atentarían contra el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, pero el voto dirimente del presidente del Tribunal de entonces hizo que la iniciativa prosperara.

Hoy los derechos, cuya vulneración se advirtió, siguen conculcándose. Mientras, la gestión no mejora, los problemas se profundizan y no existe reflexión alguna de las autoridades sobre sus causas y la necesidad de abordarlas.

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