Nadie es dueño de los votos. Por Ricardo Brodsky

El gobierno tiene una oportunidad para retomar el control de la agenda, por cierto, invocando nuevas prioridades como el crecimiento económico y saliendo de sus visiones más ideologizadas. Activar con fuerza la economía y la inversión pública y privada aprovechando el espacio de certidumbre que da el fin del proceso constitucional debiera ser el corazón de los dos años que tiene por delante.

El triunfo del En Contra en el plebiscito cerró el proceso constitucional iniciado tras el acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Dos propuestas, una defendida por la izquierda en 2022 y otra defendida por la derecha en 2023, fracasaron rotundamente en las urnas dejando a la política chilena ante un chasco de proporciones inéditas.

El triunfador, sin embargo, de todo este largo y tortuoso proceso, fue ese escaso bien en el mundo político: el sentido común. En efecto, fue en su nombre que el 60% de los electores rechazaron la propuesta de la Convención en 2022 y la del Consejo por un parecido 55%. En el fondo, los chilenos no quieren una Constitución partisana donde una mitad impone sus ideas y valores sobre los de la otra mitad. Nadie es dueño de los votos.

En ambos casos, ganó la opción que fue capaz de mostrar mayor transversalidad: en el primero, fue la derecha, la centro derecha y parte de la centro izquierda (amarillos, demócratas y “una que nos una”) quienes dieron el triunfo al rechazo; en la segunda intentona, fue la transversal coincidencia de la izquierda, la centro izquierda (incluyendo referentes como Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Genaro Arriagada y Ernesto Ottone, entre otros) y una fracción de ultra derecha (Rojo Edwards) quienes impusieron el En contra.

El gobierno reaccionó con inteligencia ante los resultados del plebiscito. El presidente Boric y la vocera Camila Vallejo pudieron lucir esa noche una templanza que no les habíamos visto hace un buen rato. Sin triunfalismo, sin arrogancia, más bien con sobrio alivio, manifestaron lo evidente: que los chilenos querían acuerdos y que la política, gobierno y oposición, debían apurar el tranco para enfrentar unidos los problemas que ya se arrastran por años y en los que han fracasado sucesivos gobiernos: reforma de pensiones, listas de espera en salud, seguridad ciudadana, educación pública, crecimiento y empleo.

Ganador de esa noche fue el gobierno que podrá respirar tranquilo y afirmar a su gabinete, en especial al ministro Carlos Montes que estaba sufriendo cuestionamientos feroces y cuya suerte podría haber provocado grandes tensiones entre el Partido Socialista y el gobierno. Asimismo, reacciones desmedidas contra la ministra Tohá tras su exabrupto en Renca (Demócratas llegó a pedir su renuncia) quedarán en el pasado como hojarascas de campaña.

Lo importante es que el gobierno tiene una oportunidad para retomar el control de la agenda, por cierto, invocando nuevas prioridades como el crecimiento económico y saliendo de sus visiones más ideologizadas. Activar con fuerza la economía y la inversión pública y privada aprovechando el espacio de certidumbre que da el fin del proceso constitucional debiera ser el corazón de los dos años que tiene por delante.

Grandes frustraciones se instalan en el campo opositor. La estrella ascendente de Kast choca con una realidad del tamaño de una catedral: ni la ultraizquierda ni la ultraderecha pueden ser mayoría en el país. Chile Vamos tendrá que intentar recuperar la hegemonía en la derecha levantando sus propios liderazgos y recuperando una disposición al diálogo que lo aleje de los extremos. Amarillos y Demócratas tendrán que tomarse en serio la reconstrucción de un centro político hoy inexistente, retomando vínculos con la centro izquierda y no dejándose arrastrar hacia esos vasos comunicantes que empiezan con Evópoli y terminan donde Kast.

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