Me rindo: la única opción racional es el Rechazo. Por Jorge Schaulsohn

Hay una contradicción insoluble entre la promesa de más derechos garantizados y un modelo económico que no podrá generar los recursos necesarios para cumplir las expectativas de la ciudadanía. Me parece que la opción más racional es rechazar el borrador preparado por la Convención en el plebiscito de salida y -mediante un acuerdo político ex post- buscar la forma de reemplazar a la constitución democrática que nos rige, que lleva la firma de Ricardo Lagos.

La Convención está llegando a su fin tras meses turbulentos y con una pésima evaluación por parte de la opinión pública. Desde el primer día los convencionales de extrema izquierda se empeñaron en imprimirle un sello excluyente, confrontacional e identitario, haciendo de la convención una caja de resonancia de las demandas más radicales del estallido social.

Todo eso en estrecha alianza con los representantes de los pueblos originarios, muy sobre representados en la convención, cuyos cupos reservados contribuyeron decisivamente a los dos tercios necesarios para aprobar su agenda.

Hay un estudio que se hizo durante la Unidad Popular según el cual –a partir de estimaciones hechas por el Instituto de Desarrollo Indígena en 1972–, se contabilizaban en Chile cuatro principales grupos autóctonos: mapuches o araucanos, aymaras, pascuenses (hoy Rapa Nui) y algunas familias “fueguinas” en el extremo austral (Patagonia y Tierra del Fuego), unos pocos sobrevivientes del grupo alakalufe en Puerto Edén); yaganes o yámanas de los cuales se calculaba que sobrevivían unas 17 personas.

¿Cómo cuatro pueblos originarios se transformaron en trece a efectos de conferir cupos reservados? Es un misterio.

Si bien es cierto que aún falta el informe de la comisión de armonización, se puede afirmar que el borrador de la constitución está terminado y hay suficientes elementos como para emitir un juicio sobre sus virtudes y defectos.

Los políticos oficialistas están plenamente conscientes de que el texto constitucional es extremo y que muchas de sus disposiciones caen mal en la opinión pública.

Ejemplos sobran: lo del pluralismo jurídico, el pluri nacionalismo, su carácter excesivamente indigenista, el “capitis diminutio” a carabineros, la imposición de perspectiva de género en las actuaciones de los tribunales, la eliminación del senado, el fin de las Isapre, la eliminación del poder judicial, el derecho de veto de los pueblos originarios sobre proyectos de inversión que afecten sus territorios ancestrales.

La campaña del apruebo se verá obligada a aceptar que el texto tiene muchas falencias, pero apelará a que se puede perfeccionar y corregir en el proceso legislativo, a que no tiene sentido botar a la basura todo el trabajo realizado volviendo a fojas cero.

Lo que un connotado líder oficialista llamó en una entrevista radial la “teoría del pollo” en defensa de la opción del apruebo. Decía que para él la constitución era como un pollo, que tenía presas buenas que le gustaban y presas malas que no le gustaban y que prefería comerse las buenas votando apruebo.

Como es natural, en un borrador de más de 400 artículos no todo puede ser malo. A mí también me gustan algunas de las presas del “pollo”, pero desgraciadamente ellas forman parte de un pollo que está medio podrido por lo que no se debe comer.

Paradójicamente, los convencionales de izquierda han terminado haciendo exactamente lo mismo que Pinochet con la constitución de 1980: imponer su modelo económico social y cultural.

Pasamos del estado subsidiario al estado omnipresente proveedor de bienes y servicios, empresario, benefactor, rector de la actividad educativa, diseñador y constructor de viviendas, prestador único en el ámbito de la salud -sin Isapre ni seguros complementarios-, “master” curricular de todas las escuelas, donde la totalidad de las instituciones de educación superior forman parte del Sistema de Educación Pública, sin financiamiento (gratuidad) para las universidades privadas que acogen el 80% de los jóvenes vulnerables.

Un Estado que se hace dueño de los derechos de agua que ahora pasan a ser “incomerciables”; reduce la concesión minera otorgada por resolución judicial con carácter de derecho de propiedad a un mero acto administrativo, temporal y revocable; se asigna el derecho de expropiar terrenos privados para viviendas sociales sin pagar el precio de mercado; transforma las cuentas individuales de ahorro previsional en una mera ficción jurídica, las que dejan de ser heredables y serán administradas por un ente público.

Me temo que muy pocos se tomarán el trabajo de leer el borrador de constitución. La mayoría de las personas se informará de oídas y solo parcialmente de sus contenidos a través de los medios de comunicación, de los líderes de opinión, los políticos, organizaciones sociales y gremiales y por la propaganda emitida en la franja por los canales de televisión.

A diferencia de lo que ocurrió en el plebiscito del 25 de octubre, donde hubo un voto transversal por el apruebo, ahora un porcentaje importante de la población votará “ideológicamente”, lo que significa que casi todos los que se identifican con la izquierda votarán por apruebo y los que se identifican con la derecha lo harán por el rechazo.

Todas las encuestas dan por ganadora a la opción del rechazo, pero faltando cuatro meses para el plebiscito las cosas pueden cambiar. Para empezar, desaparecerá de la escena la convención (y los convencionales), que son los que más ha contribuido a engrosar las filas del rechazo.

La campaña del apruebo exaltará como una conquista los nuevos derechos sociales; ¿Quién va a rechazar la promesa de una vivienda digna, una educación superior gratuita y trabajo decente todo garantizado por el Estado?

Sin embargo, la mayoría entiende que son declaraciones de buenas intenciones que tienen un alto costo y que sin un desarrollo económico potente el país no tiene ninguna posibilidad de financiar.

La propuesta constitucional crea un nuevo orden público económico que afectará negativamente nuestro desarrollo. La economía sufrirá un grave deterioro puesto que en los sectores productivos reina la incertidumbre y desazón.

El paso de una economía de mercado a un estatismo exacerbado destruirá muchas industrias, como la salud y la educación, afectará a la minería incluyendo a los pequeños cuyas concesiones mineras no podrán ser heredadas pues el derecho que poseen sobre ellas ya no será de propiedad, a la agricultura con sus derechos de agua muchos de los cuales están dados en garantía a los bancos para financiar la producción del predio y a los medianos y pequeños empresarios con la negociación por rama.

Hay una contradicción insoluble entre la promesa de más derechos garantizados y un modelo económico que no podrá generar los recursos necesarios para cumplir las expectativas de la ciudadanía, provocando a poco andar frustración y desencanto con el nuevo sistema político institucional.

En consecuencia, me parece que la opción más racional es rechazar el borrador preparado por la convención en el plebiscito de salida y mediante un acuerdo político ex post buscar la forma de reemplazar a la constitución democrática que nos rige, que lleva la firma de Ricardo Lagos.