Muchos directorios de empresas están actualmente altamente enfocados en el riesgo de fraude en los estados financieros. Sin embargo, existe un creciente argumento a favor de que los comités de auditoría o directorios amplíen sus discusiones sobre el riesgo de fraude para abarcar una variedad de temas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).
El nuevo Artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas, que será modificado por la Ley de Delitos Económicos, responsabiliza a los directores, gerentes, administradores y ejecutivos por presentar información falsa sobre aspectos relevantes para conocer la situación financiera, legal y patrimonial de la empresa. Esto incluye información contenida en el informe integrado según lo contemplado en la NCG N° 461 de la CMF.
Antes de que estos cambios entren en vigor, el riesgo de fraude en el área de ESG debería ser una prioridad para los directorios y, en especial, para los comités de auditoría. Convirtiéndose en un punto central en las evaluaciones de riesgo de fraude supervisadas por los directorios. Actualmente, muchas empresas están proporcionando información a los inversores y al mercado que no está sujeta a los mismos tipos de controles presentes en los procesos de presentación de informes financieros.
Por ejemplo, en Chile las empresas pueden divulgar voluntariamente información sobre emisiones de carbono sin someterse al mismo nivel de controles internos que suelen estar presentes en la presentación de informes financieros. Esto puede crear una mayor oportunidad para que personas dentro de la organización manipulen información relacionada con ESG.
Los comités de auditoría (o directorios) deben comprender quiénes dentro de la alta administración tienen la responsabilidad de gestionar el riesgo de fraude, conocer qué programas antifraude están implementados y evaluar si existe suficiente visibilidad en toda la empresa para adoptar un enfoque integral. En última instancia, es responsabilidad del comité de auditoría y del directorio, comprender qué tan efectiva ha sido la administración al considerar el riesgo de fraude y si ha implementado medidas para mitigarlo.
Evaluar el riesgo de fraude es un ejercicio continuo y personalizado que debe tener en cuenta los hechos y circunstancias específicas de cada empresa, lo que requiere tiempo y esfuerzo. A medida que surjan nuevos riesgos de fraude debido a estrategias y actividades emergentes o en evolución relacionadas con ESG, un directorio vigilante puede ayudar a la empresa a reducir su riesgo.
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