La arquitectura de las pensiones. Por María José Abud

Se ha definido el APA como un ente autónomo y técnico, que tendría su propio consejo directivo. No queda claro si asumiría también las actuales funciones del IPS. Tampoco existen garantías sobre su supuesto carácter autónomo.

La propuesta previsional recién anunciada propone una nueva arquitectura institucional. Se crearía un Administrador de Pensiones Autónomo (APA) para administrar y gestionar las cuentas, recaudar cotizaciones, realizar la cobranza de las deudas previsionales, la atención de sus afiliados y gestionar el pago de las pensiones. Es decir, el rol de los privados quedaría limitado exclusivamente a la inversión de los fondos de la cuenta de capitalización individual, cuando el trabajador escoja esta alternativa en vez del Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), un nuevo organismo público, que estaría encargado de la gestión financiera del adicional 6% de la cotización. Me concentraré específicamente en algunas preocupaciones e incertidumbres respecto al APA.

Primero, la propuesta promete, a través del APA, menores comisiones. Al centralizar la gestión bajo esta nueva entidad pública, los costos de administración disminuirían. Es decir, se presupone que la administración por parte del Estado será más eficiente. Varias de estas funciones, como por ejemplo la administración y gestión de las cuentas, son nuevas para el Estado. Y todo esto requiere además de inversión en conocimientos técnicos específicos que exigen un proceso de aprendizaje.

Segundo, se ha definido el APA como un ente autónomo y técnico, que tendría su propio consejo directivo. Algunas de sus tareas serían absorbidas por el actual Instituto de Previsión Social (IPS), un nuevo IPS reforzado. No queda claro si este nuevo ente asumiría también las actuales funciones del IPS. Tampoco existen garantías sobre el supuesto carácter autónomo de este nuevo organismo, que debería evitar los cantos de sirena del clientelismo político y la burocratización. El APA no podrá delegar de manera permanente funciones que contribuyan a la eficiencia del sistema. Solo podría licitar durante los dos primeros años algunas de sus funciones por un plazo de cinco años.

Para no arriesgar la calidad del servicio de nuestras pensiones debemos abordar los desafíos con que partimos y los que se avecinan. De acuerdo con la última Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Ministerio de Hacienda (2021), solo un 57% de los chilenos considera que quedó satisfecho en su última experiencia con una institución pública. Y según el último Panel Ciudadano de la UDD, solo el 36% cree que el Estado administraría mejor los fondos que las actuales AFP.

Avanzar en mayores y mejores pensiones es algo que no puede esperar más. Es uno de nuestros mayores retos como sociedad y es, según la Encuesta CEP, una de las principales demandas de la ciudadanía. Sin embargo, de nada servirá prometer mayores montos si no contamos con una institucionalidad que nos permita hacer esto realidad.

En la discusión legislativa que comienza se deben abordar todos los detalles de esta nueva administración, estudiando la operatividad de cada una de estas nuevas funciones y sus costos asociados. El fortalecimiento del rol público en el sistema es razonable; sin embargo, se debería mantener el rol de los privados en aquellas funciones donde ya tiene logros y ventajas, implementando mejoras a la industria. Asignar todas estas responsabilidades en un único organismo estatal, no solo puede implicar mayores costos, sino que también arriesga desconocer lo que se ha avanzado.